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Cuando Antonio López de Santa Anna, ese también deleznable traidor a la patria, se las ingenió para describir en una afortunada rima su visión del Congreso Mexicano en 1842, simplemente declaró: “con este Congreso no esperemos progreso...” Acto seguido, les hizo saber con la debida propiedad autoritaria: “señores, sus servicios ya no son necesarios para la nación” y en ese momento mandó cerrar las puertas del recinto legislativo sin mayores consecuencias.
¿Que podría esperarse de un país que permitió en 11 ocasiones el regreso de este pintoresco sujeto veracruzano a la Presidencia de la República? Como parto de la inexistencia de las culpas absolutas, entonces me pregunto: ¿dónde termina la responsabilidad de este famoso y simpático pillo, y dónde comienza la culpa de la sociedad mexicana que lo consintió? De la misma manera que el día de hoy debemos cuestionarnos ¿hasta dónde es responsable la actual Legislatura integrada, con sus muy escasas excepciones, por personajes con niveles deplorables de escolaridad, desprovistos de la mínima estructura ética para representar dignamente a la nación, y dónde comienza nuestra incumbencia al haber electo con nuestro voto a auténticas pandillas de legisladores?
Resulta imposible olvidar cuando el “H” Poder Legislativo fue sobornado por el Ejecutivo, es decir, cada uno de los diputados, la oposición incluida, claro está, recibió 20 millones de pesos a finales de 2016 para aprobar al vapor el Presupuesto Federal de Egresos con el ingrávido pretexto que se trataba de 10,000,000,000 (Diez mil millones de pesos entre 500 diputados) destinados a “fortalecer a las entidades federativas y sus municipios…” ¿Transparencia? ¡Opacidad densa y pura…! No nos confundamos: el ahorro público, propiedad de todos los mexicanos, fue a dar a un fondo de reptiles donde nadie se atreve a meter la mano…
Menuda familia política dirige los destinos de la patria... ¿Más? En estos días, cada uno de nuestros indoctos e iletrados senadores dispondrán de un bono de más de 2 millones de pesos con cargo a nuestros impuestos, como premio por haber ignorado las sonoras protestas del electorado nacional que reclama inútilmente a voz en cuello, ¡Justicia, justicia, justicia!, un clamor inaudible para quienes ostentan supuestamente la representación nacional. ¿Los diputados? ¡Ah!, los diputados se embolsarán más de 128 millones de pesos de nuestros ahorros, una afrenta popular, más grave aún, en un país en donde el salario mínimo equivale a 80 pesos diarios, o sea 2 mil 400 mensuales.
El hecho es muy serio en sí mismo, pero lo es aún más por las ingentes tareas pendientes que los legisladores dejaron sin resolver y por las que sí cobraron estos descarados traficantes de voluntades legislativas en el seno de una representación nacional inexistente. ¿Quién defiende los intereses de los mexicanos? ¿El Congreso…? ¿Qué ciudadano de a pie es escuchado y respetado en los recintos legislativos compuestos por cómplices a modo de los jerarcas de los partidos que desprecian las voces de protesta de la nación?
El Senado aprobó en términos alarmantemente desaseados la destitución del fiscal electoral. Hoy, en razón de las componendas inconfesables de los senadores, México no cuenta con un fiscal electoral cuando se avecinan elecciones el año entrante ni con un procurador general de la República, un fiscal general, ni con un fiscal anti corrupción, una de las más sonoras promesas de campaña de Peña Nieto. Pero no sólo quedan esos temerarios pendientes en la agenda legislativa, sino también faltan las leyes como la del Mando Policial, la relativa a la coordinación entre los policías locales de los gobiernos estatales y municipales; la Ley de Financiamiento a Partidos para reducir el monto de los recursos a esas instituciones que tienen secuestrada la política nacional; la Ley de Archivos para resguardar la memoria histórica y el acceso a la información, así como regular el consumo de la marihuana medicinal, si todavía no se puede la recreativa, que ya se compra por correo en Estados Unidos. ¿Ok…?
Un fiscal independiente, como Robert Mueller —quien ya privó de la libertad a tres altísimos ex funcionarios del “peleador callejero” en Washington y que va, nada más y nada menos, tras el presidente de Estados Unidos—, en México ya estaría sujeto a proceso, acusado de una catarata de delitos de imposible demostración, sometido a chantajes perversos o sujeto a amenazas de vida o muerte de continuar en indagatorias que pudieran comprometer a las pandillas que dirigen este país o en el peor de los casos se encontraría su cadáver después de haber padecido un “accidente carretero…”.
¡Claro que con este Congreso no debemos esperar progreso! ¡Claro que “sus servicios” tampoco son necesarios para la nación! Y claro, también, que el cobro de sus “bonos” por traficar influencias legislativas nunca debería pagarse, más aún si gozan de fuero tributario, porque no pagarán impuestos y cuentan, por si fuera poco, con fuero jurídico para no poder ser alcanzados por la justicia. ¿Ésa es la igualdad entre todos los mexicanos? El crimen organizado se encuentra dentro del propio gobierno. ¡Qué peligro…!
Twitter: @fmartinmoreno
