Esta semana, el gobierno federal, en coordinación con las autoridades de Guanajuato, lanzó un amplio operativo militar y policial en la comunidad de Santa Rosa de Lima, ubicada en el municipio de Villagrán.
Uno de los objetivos principales era la captura de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización criminal dedicada al robo de combustible.
Hasta el momento de escribir esta columna, el capo huachicolero había logrado eludir a las fuerzas federales, usando una amplia red de túneles y movilizando a parte de la población para impedir, por la vía de bloqueos, el avance del Ejército y las policías. Esto pudiera cambiar en las próximas horas o días, ya que, según Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, El Marro está “ubicado y próximo a ser detenido”.
Ojalá tenga razón. La captura de ese personaje sería un buen golpe para la naciente administración federal en su campaña contra el huachicoleo.
Hay, sin embargo, un pequeño detalle: el esfuerzo por capturar a Yépez parece contradecir una afirmación reciente de Andrés Manuel López Obrador sobre la persecución de capos. A finales de enero, el presidente señaló lo siguiente: “No se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos, lo que queremos es reducir la inseguridad atendiendo las causas”.
Muchos señalarán (correctamente) que ese planteamiento se refería a los jefes del narcotráfico, no a líderes de bandas dedicadas al robo de combustible. Pero los mismos argumentos que se esgrimen en contra de la política de descabezamiento de grupos del narcotráfico aplican probablemente para el caso del huachicoleo:
1. La captura o abatimiento del líder de una banda criminal genera disputas sucesorias entre los lugartenientes y conduce eventualmente a un proceso violento de fragmentación del grupo.
2. Por otra parte, la estrategia de descabezamiento produce un vacío de poder que es aprovechado por otros grupos para intentar quedarse con las rentas criminales que controlaba la banda dejada sin líder. Eso puede derivar en una violenta disputa por el control del territorio.
3. En el corto plazo, la captura o muerte de capos está asociada a un disparo en el número de homicidios.
Dado lo anterior, ¿por qué ir tras El Marro? Porque el presidente probablemente cayó en cuenta de que también hay buenas razones para perseguir a capos. La primera es ética: un personaje como Yépez merece castigo. Es responsable de la tortura, degradación y muerte de centenares o miles de seres humanos. La segunda es estratégica: si los delincuentes perciben que, alcanzado cierto nivel de prominencia, son inmunes a la persecución porque su desaparición del escenario generaría efectos desestabilizadores, todos van a querer traspasar ese umbral. Esa dinámica puede generar en el largo plazo mucha más violencia que la que se prevendría al no decapitar a las bandas criminales.
Pero hay, creo, una doble lógica institucional y política. En primer lugar, las instituciones tienden a hacer lo que saben hacer. Y en la última década, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal han construido capacidades importantes para capturar o abatir cabecillas de bandas criminales. Segundo, ante la persistencia de niveles elevados de violencia e inseguridad, el gobierno probablemente empiece a necesitar victorias rápidas. La captura de un personaje como El Marro cae en esa categoría.
En conclusión, no parece que iba en serio el anuncio presidencial de que ya no irían por capos. Y en mi particular opinión, qué bueno que así sea. Ojalá capturen pronto al Marro y ojalá sigan con otros personajes similares.
