“Ratero, si te agarramos, te linchamos”. Es el mensaje de algunas pancartas, colgadas en varios puntos de la Ciudad de México. Otras son menos agresivas: “Alto, delincuente” o “Te estamos vigilando: Vecinos Unidos”. Todas ellas están descritas en una extensa nota sobre autoprotección ciudadana en la capital del país, publicada ayer en EL UNIVERSAL (http://eluni.mx/2r1T7Ff).

Esos carteles son señal de fracaso y desesperación. Fracaso de la autoridad y desesperación de los ciudadanos frente a una delincuencia desbordada. Pero son también un triunfo de la esperanza. Las personas que colocan esos avisos o se organizan con sus vecinos en grupos de Whatsapp o montan una caseta y una pluma en su colonia suponen que esas medidas tienen algún efecto disuasivo, que los delincuentes preferirán evitar ese barrio o esa calle o esa cuadra.

¿Tienen razón? ¿Ese tipo de medidas defensivas reducen la incidencia del delito en general o de algunos delitos en específico? Tal vez. Hace unos meses, comenté en esta columna los resultados de un estudio de Carlos Vilalta sobre el impacto de acciones de seguridad privada en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México (http://eluni.mx/2nadwoo).

Según sus datos, las manzanas habitacionales con vigilancia estricta registraron 35.7% menos delitos contra la propiedad (robo de vehículo, robo a transeúnte, etc.) que manzanas similares sin vigilancia. En manzanas con centros comerciales, la disminución por el mismo efecto fue de 84.1%.

¿Son generalizables esos efectos? No necesariamente. Como advierte el propio Vilalta, “hay que diagnosticar bien el tipo de problema delictivo que hay en cada lugar o zona de la CDMX”. Lo que sirve en Santa Fe puede no servir en Iztapalapa. Lo que funciona contra el robo a vehículo puede ser inútil para frenar el robo a casa habitación.

Para saber más, para tener más precisión sobre lo que sirve, necesitaríamos más datos. En este contexto, más datos equivale a más denuncias. Muchas más.

¿Y cómo las obtenemos? Facilitando radicalmente el proceso. Eso significa dos cosas en concreto: 1) permitir que las denuncias se hagan ante la policía (como sucede en casi todo el mundo), no el ministerio público (como sucede en México), y 2) eliminar la obligación de ratificar la denuncia de un delito.

Con esas medidas relativamente sencillas, se podrían incrementar exponencialmente los datos sobre la geografía del delito. Y esa facilitación podría complementarse con algo que suena rarísimo para oídos mexicanos, pero que es normal en otras latitudes: hacer pública la información sobre incidencia delictiva a nivel calle ¿Cómo? Vean esta página del Reino Unido como un ejemplo posible: police.uk. Allí es posible para un ciudadano de a pie tener un mapa delictivo detallado y razonablemente actualizado (con un rezago de dos meses) de su calle, su barrio y su comunidad.

Con eso, se facilita la exigencia de resultados a la autoridad. Pero, igual de importante, le permite a los ciudadanos defenderse de mejor modo, calibrar si sus acciones de autoprotección están funcionando o si representan un gasto inútil de tiempo, dinero y esfuerzo.

Entonces, me parece que hay aquí una agenda sencilla, que no implica transformaciones radicales de las instituciones ni compromisos presupuestales mayúsculos, pero que podría tener impacto casi inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos: 1) facilitar radicalmente la denuncia del delito y 2) poner a disposición del público información de incidencia delictiva a nivel calle.

¿Algún candidato se atreve a promoverla?

alejandrohope@outlook.com
@ahope71

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