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La información sobre el devastador terremoto que sufrió el país el jueves pasado se sigue acumulando. No es momento, por tanto, de juicios categóricos. Pero sí se pueden hacer algunas reflexiones tentativas sobre el desastre. Van las mías:
1. Reitero algo que escribí hace algunos años: “la principal amenaza a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (es decir, a la seguridad nacional) proviene de los desastres naturales, no de las bandas criminales o las balas asesinas. No hay capo ni pandilla que pueda, en cuestión de minutos, producir centenares de muertes, damnificar a millones de familias, afectar decenas de instalaciones estratégicas, trastocar los sistemas de comunicación y suministro, y provocar la ruptura del orden público en amplias regiones del país. El corolario es obvio: si los desastres naturales son una amenaza mayúscula a la seguridad nacional, así deberíamos de tratarlos”.
2. En cierta medida, así los tratamos. A golpe de tanto desastre, las instituciones nacionales se han vuelto razonablemente competentes para responder ante una catástrofe. De arranque, el gobierno ya no se esconde, como sucedió tras el sismo de 1985. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado protocolos de actuación que facilitan las labores inmediatas de rescate. Por su parte, las Fuerzas Armadas han acumulado una invaluable experiencia en la atención de comunidades afectadas por desastres naturales. Asimismo, algunas medidas específicas de prevención se han fortalecido: por ejemplo, la reglamentación en materia de construcción se ha endurecido notablemente en la Ciudad de México.
3. No obstante, la desigualdad campea en este asunto como en tantas otras zonas de la vida nacional. El centro del país resistió bien al sismo; el sur, muy mal. La Ciudad de México tiene alarma sísmica. Juchitán o Pijijiapan sólo tienen el estruendo de techos en pleno colapso. Las zonas urbanas reciben atención pronta, mientras que las comunidades rurales deben esperar días, sino es que semanas o meses, para que llegue el auxilio. Y, por supuesto, no es lo mismo ser rico que ser pobre en un terremoto o un huracán.
4. Si la respuesta inmediata a los desastres es razonablemente adecuada, no se puede decir lo mismo de los procesos de reconstrucción. En estos días, han surgido historias de habitantes de Chiapas que siguen esperando los apoyos prometidos tras un terremoto ocurrido en 2014. Mucho me temo que algo similar puede suceder en esta ocasión.
5. Nuestras redes de comunicación, logística y suministro son extraordinariamente frágiles. En los huracanes de 2013, por ejemplo, decenas de comunidades se vieron aisladas por la destrucción de vías de comunicación. En este caso, la avería de redes de suministro de agua (particularmente en Juchitán) amenaza con convertirse en una crisis en pocos días. En ambos casos, hay un problema obvio: la falta de redundancias en infraestructura crítica para hacer frente a emergencias. En muchos temas (agua, electricidad, comunicación terrestre, etc.), necesitamos capacidad totalmente ociosa hasta que se vuelve absolutamente indispensable.
6. Va de cierre mi conclusión de hace algunos años: “Todos los años enfrentamos un desastre natural… Y todos los años son las mismas historias: falta de previsión, infraestructura devastada, complicidades de funcionarios y desarrolladores, comunidades aisladas, recursos que no alcanzan. Ya basta: no podemos controlar los fenómenos naturales, pero sí podemos mitigar sus efectos destructivos. Los huracanes y terremotos son obra de la Providencia, pero las calamidades son responsabilidad nuestra”.
7. Por favor, no dejen de ayudar: las necesidades son enormes.
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