Tenemos ya el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tenemos el respectivo anexo estadístico. Y tenemos algunos números del naufragio que fue este sexenio. Van algunos:

37,331: número de elementos de la Policía Federal (PF) a junio de 2018. En 2012, al inicio de la actual administración, la corporación tenía 36,940 integrantes. Dicho de otro modo, el crecimiento neto fue de 65 policías federales por año. A ese ritmo, la PF alcanzaría un tamaño suficiente para suplir al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública (aproximadamente el doble del estado de fuerza actual) en 574 años.

269,738: número de integrantes de las Fuerzas Armadas a junio de 2018. En el sexenio de crecimiento cero de la PF, cuando se exigió más que nunca a los cuerpos militares, el tamaño de las Fuerzas Armadas se mantuvo casi sin cambios: entre 2012 y 2018, se agregaron en términos netos 5,556 elementos. Eso equivale a un crecimiento acumulado de 2.1% para todo el sexenio.

261,341: millones de pesos destinados a tareas de seguridad y justicia (incluyendo el gasto de defensa) en 2018. Suena a mucho dinero, pero la cosa cambia si se pone en contexto: eso representa apenas 4.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación y 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Como punto de comparación, es útil el caso de Colombia: allí dedican más del 4% del PIB a las mismas tareas. Además, no se cerró mayormente la brecha: entre 2012 y 2018, el crecimiento real acumulado del gasto de seguridad y justicia fue de apenas 8.2% (equivalente a un crecimiento real anual de 1.3%).

12.8: la tasa de homicidio que el actual gobierno se había fijado como meta para 2018 (para ser preciso, se referían a averiguaciones previas por homicidio doloso por 100 mil habitantes). En 2017, la tasa reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue 20.5 por 100 mil habitantes. En 2018, con datos a junio, la tasa anualizada se ubica por encima de 22. Es decir, el resultado se va a ubicar 72% por encima de la meta establecida y 45% de la línea base que ellos mismos establecieron (la tasa registrada en 2013).

51,775: número de armas cortas y largas decomisadas como parte del llamado Esfuerzo Nacional con el Narcotráfico entre 2013 y junio de 2018. Ese número suena impresionante hasta que se contrasta con el número comparable del sexenio previo: entre 2007 y 2012, se incautaron 163,463 armas cortas y largas, más de tres veces arriba que en la actual administración.

9040: millones de pesos dedicados al financiamiento conjunto (entre la Federación y los estados) de programas de seguridad pública en 2018. En castellano, esto equivale a las aportaciones que se envían a los estados en materia de seguridad pública. La cantidad presupuestada en 2018 es similar en términos nominales al monto asignado en 2012 (9,157 millones de pesos). Pero eso equivale a una disminución de 23% en términos reales (es decir, después de descontar el efecto inflacionario).

En resumen, se acaba un sexenio donde, en materia de seguridad y justicia, se hizo poco, se abandonó mucho y se construyó menos. Y allí están los resultados de miedo y la insatisfacción generalizada como muestra patente del naufragio. Ojalá se corrija el rumbo en el gobierno que viene.

alejandrohope@outlook.com.
@ahope71

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