Hasta hoy se ha logrado por parte de las aseguradoras, sin unanimidad, cancelar el pago de deducible para pequeños negocios que habían contratado pólizas contra daños.

La exigencia habla de un monto equivalente a 2% del valor de la construcción, al margen del terreno. Sin embargo, está vivo aún otro de los puntos de la letra chiquita, que obliga a cubrir el 10% del mismo para efectos del coaseguro.

Se calcula que de los 20 mil millones de pesos que implicarían las indemnizaciones el 90% lo cubrirán las firmas coaseguradoras.

Al impacto de la catástrofe en la Ciudad de México algunas compañías habían ofrecido cancelar el deducible en casos de daños o pérdida total de automóviles.

El problema es que del total de construcciones siniestradas, sólo 26.5% tenía una póliza vigente, con la novedad de que la mayor parte, 20% se contrató por parte de los bancos en protección de riesgo de pago de créditos hipotecarios.

El caso es que la cobertura no alcanza a los deudores, dado que va disminuyendo a medida en que se amortiza el crédito.

Si el saldo es de medio millón de pesos de un préstamo de 2 millones, éste lo recupera el banco, dejando en vilo lo que ya se pagó.

Dicho con todas las letras, la única ganancia para el usuario al que le cargaron el costo de la póliza es que ya no cubriría el remanente, lo que habría significado doble tragedia.

Ahora que existen clausulas en los contratos de créditos hipotecarios que aún con la cobertura sobre el saldo insoluto del préstamo, le pueden exigir los pagos pendientes a las familias con inmuebles que no muestren daños estructurales, aunque requieran de fuertes inversiones para su rehabilitación.

Lo que se busca, en este caso, es que si el monto de abonos a principal y servicio está en vías de extinción, los bancos asuman el remanente.

Ahora que los particulares que contrataron por su albedrío pólizas se topan con que éstas sólo garantizan el valor real de la reposición de los bienes asegurados, es decir, ladrillos, cuyo monto se calcula en el 80% del valor total. El resto corresponde al terreno.

Imagine usted la complejidad para venderlo, si fuera el caso, cuando se trata de un edificio con 20 o 40 departamentos bajo el régimen de condominio.

Ahora que en el caso de daños no estructurales el costo de las reparaciones lo cubrirían las aseguradoras… previo pago de deducible y coaseguro.

En algunos casos en que la cobertura alcance pérdida de bienes, por ejemplo obras de arte, la póliza es confusa, abriendo el escenario a una serie de condicionantes para aplicar los deducibles.

En cualquier caso, el dictamen que cuenta para las aseguradoras es el que realizan sus propios ajustadores, en cuyo marco se calcula el monto de la indemnización. Cualquier otro avalúo, aún oficial, es nulo.

A las reuniones de banqueros y aseguradoras acude también una representación de la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros en prenda de presión.

¿Todos ponen?

Balance general. Abierta la posibilidad de precios libres en materia de gasolinas en una franja importante de la zona norte del país, el escenario se mantiene idéntico. De hecho, en Monterrey los precios han llegado a niveles inéditos por encima de 18 pesos.

La única posibilidad de competencia se da por trato al público y servicios adicionales.

La razón es simple: quienes están importando los combustibles desde Estados Unidos, pese a la falta de infraestructura, se topan con la exigencia de cubrir los mismos tributos de las gasolinas producidas localmente, lo que acota la posibilidad de maniobra para ofrecer descuentos.

En paralelo, Petróleos Mexicanos les está poniendo mil obstáculos a quienes desean abandonar la franquicia, y quienes a su vez intentan integrarse en cadenas para prorratear costos de importación se topan con la lupa de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Sedesol-Fonatur.

A la callada, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a cinco funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo al comprobarse lo que se califica de compra millonaria improcedente e injustificada.

Al amparo de un convenio entre la instancia y la Secretaría de Desarrollo Social en la época de Rosario Robles, los inculpados se saltaron las trancas al contratar servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, además de equipos para instalaciones eléctricas e iluminación ajenos al catálogo de conceptos o programas autorizados para una y otra dependencias.

Además de vetarse su participación en la maquinaria burocrática, los ex funcionarios fueron multados. Así, María Araceli García Valencia, Jesús Muñoz Rey, Rafael Romero Valdez y Jorge Hernández Robles deben cubrir 3 millones 322 mil pesos cada uno, en tanto Jorge Hernández Robles hará lo propio con un millón 812 mil pesos.

Sospechosismo.

Esta mañana el ISSSTE hará público su fallo en turno a una licitación para proveeduría de materiales relacionados con la aplicación de anestesia. La expectación se centra en la posibilidad de que la flecha apuntara a la firma Inovamedik, propiedad de Alexis Nickin Gaxiola.

Éste es yerno del ex gobernador de Tabasco y ex dirigente del PRI Roberto Madrazo.

El “sospechosismo” lo provocó una inaudita flexibilización de las bases del concurso LA-019GYN005-N103-2015, que favorecieron a la compañía.

En la pelea por un contrato calculado en 2 mil millones de pesos están Medicus, Selecciones Médicas y Laboratorios Pisa.

El abasto por dos años alcanzaría a 109 hospitales con quirófano en el país.

Otro Liverpool.

Incierto el destino de su tienda en Galerías Coapa, donde es socio mayoritario, tras las heridas que le produjeron el temblor del 19-S, la cadena Liverpool estrenará nuevo local en Parque Toreo, desarrollo que surgió a la desaparición del Toreo de Cuatro Caminos.

Esta es propiedad de Fibra Danhos.

El escenario tiene la peculiaridad de luz natural y árboles en su interior, además de fuentes, con un techo de cristal.

Danhos tiene además Parque Delta, Parque Duraznos, Parque Lindavista y Parque Tezontle, entre otros.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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