“Te escribo para decirte que cuando sea Presidente —dice una misiva personalizada— tendrás derecho a tener dinero siempre, de forma mensual y garantizada de por vida, recibirás mil 500 pesos por el solo hecho de ser mexicano”.

Si Pitágoras no miente, al margen de la pobre sintaxis, suponiendo que la promesa se hiciera efectiva a los mayores de 18 años con derecho de voto, estaríamos hablando de 83 millones, que multiplicado por mil 500, nos daría una erogación mensual de 124 mil 500 millones de pesos.

Y si lo multiplicamos por los 12 meses del año, el monto es alrededor de una tercera parte del presupuesto de gasto total del gobierno previsto para 2019, cuyo monto ascendería a 5 billones 498 mil 600 millones de pesos.

Naturalmente, los partidarios de Anaya dirían que se trata sólo de apuntalar a los más pobres. Sin embargo, la oferta está llegando vía correo a personas de clase media baja, media-media y alta.

De hecho, se está convocando para esta semana se realice una quema colectiva de plásticos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aunque con matices menos demagógicos, la constante en las promesas de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República apunta a un coctel imposible: bajar o mantener impuestos y multiplicar al infinito los programas sociales, en paralelo a una obra pública sin precedente. El más socorrido es el IEPS aplicable a las gasolinas.

Así, el aspirante de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, plantea replicar a nivel federal el numerito que se sacó de la manga en el reñido proceso electoral del Estado de México: tarjeta rosa para las amas de casa.

El problema es que el cumplimiento de la promesa con perfil de compra de votos, el actual gobierno mexiquense ha descuidado otros rubros sociales, por ejemplo, el pago a los proveedores de medicinas.

Desde el otro punto, el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ofrece duplicar los apoyos para adultos mayores y darle becas a los jóvenes que a falta de oportunidades ni estudian ni trabajan.

El problema es la imposibilidad de maniobra, frente a un presupuesto comprometido que a través de los años es mínimo. En el camino está el pago del servicio de una deuda integral, externa e interna, equivalente a 48% del Producto Interno Bruto nacional.

El país sigue pagando el rescate bancario y aún el carrete, además de inyectarle recursos a los fondos pensionarios y al IMSS y el ISSSTE, que enfrentan falta de reservas ante la negligencia de afrontar una solución integral.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el monto del presupuesto susceptible de orientar hacia el cumplimiento de las promesas sería de 16%… con la novedad de que ahí se ubica el pago de subsidios, y temas como justicia, legislación, protección ambiental, transferencias y aportaciones, además del gasto de operación.

Integradas las partidas, el nivel de maniobra se reduce a 5%.

Prometer, dice el dicho, no empobrece; dar es lo que aniquila.

Balance general.

Resistido unos y otros embates del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la exigencia de transparentar las condonaciones de impuestos a favor de los grandes corporativos , utilizando como argumento el secreto fiscal, la batalla está llegando a un punto crucial ante una exigencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Aunque algunas instancias de carácter privado han arriesgado datos sin la certeza oficial, cuyo monto alcanza cantidades estratosféricas, éstos no han logrado confrontarse vía uno y otro exhortos de la Cámara de Diputados.

En lo que va del sexenio se contabiliza al menos media docena de Puntos de Acuerdo del Congreso con proa a la transparencia de la Secretaría de Hacienda.

Algunas empresas arrastran desde la crisis de pagos de 1995 lo que en sus estados financieros se ubica como impuestos diferidos, es decir “debo, no niego; pago, cuando tenga”.

Aunque la Ley previene casos en que la autoridad puede reducir o condonar la carga acumulada, la suspicacia apunta a favoritismo.

Promesas en el aire.

Al fragor de los movimientos telúricos de septiembre del año pasado que afectaron o destruyeron miles de inmuebles, se desnudó un escenario desventajoso para la población en materia de seguros.

Desde un ángulo, aunque los bancos con créditos hipotecarios al calce aseguraban las construcciones, en caso de colapso el dinero recibido apuntaba a reducir a su causa o saldar el monto de la hipoteca.

En el primer caso, el usuario no sólo se quedaba sin casa, sino con parte de la deuda a cuenta.

En otro escenario, cuando la gente optaba por adquirir un seguro contra catástrofes naturales para proteger su vivienda, hete aquí que en el caso de condominios destruidos, la póliza se hacía cargo del valor del terreno, no de los departamentos en lo individual.

Ante ello, la Secretaría de Hacienda se reunió con banqueros y aseguradoras en afán de equilibrar el escenario, lo que según se había logrado… con la novedad, que nueve meses después no se ha pasado del dicho al hecho.

Fibra E con todo.

Esta semana la Fibra Educa de reciente creación, lanzará su primera colocación de bonos de deuda vía la Bolsa Mexicana de Valores, en un escenario en que el débito total alcanzaría 21 mil 560 millones de pesos que se destinarían a la adquisición de 82 inmuebles.

La cifra se apuntalaría con créditos bancarios.

Dirigido por Rodolfo Sánchez Arriola, el instrumento tendría un portafolio inicial de 52 propiedades y un activo.

Entre estas se anotan la Universidad ICEL, la Universidad Liman, la Universidad Lima, el Instituto Patria y el centro de idioma Quick Learning.

Tregua a bancos.

De acuerdo con la ruta crítica planteada, en septiembre próximo los bancos deberían haber completado la recopilación de datos biométricos de sus usuarios para poner certeza frente a la proliferación de fraudes . Sin embargo, la Secretaría de Hacienda les concedió un nuevo plazo de gracia al 9 de enero.

La intención es integrar una plataforma de datos con los que tienen las administradoras de ahorro para el retiro.

Estos engloban las señas de 10 millones de trabajadores…

El registro, que alcanza huellas digitales, iris ocular y demás, se lleva de cuatro a seis minutos.

Más oferta.

En afán de evitar una posible escasez, la Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP) acordó aumentar la producción del combustible de un millón de barriles diarios a partir del próximo lunes.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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