Odebrecht, corrupta y mala

La exposición de motivos hablaba de que México estaría en opción de reducir la importación de gasolinas del 40% del consumo total al 34%. El caso es que, a pretexto del colapso en Salina Cruz, hoy llegamos al 60%.

Y conste que en todos los casos Pemex le modificó al alza la facturación pactada por contratos entregados en forma directa, es decir, sin licitación al calce.

Para las tareas a realizarse en materia de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, por ejemplo, se le entregaron entre 2009 y 2012 un total de 40 contratos, con la novedad de que la Auditoría Superior de la Federación detectó un pago de un millón 520 mil dólares por trabajos extraordinarios… que nunca se realizaron.

En otro caso se duplicó un pago.

En paralelo, el órgano de vigilancia de la Cámara de Diputados ubicó irregularidades en el marco de cuatro contratos para el mejoramiento masivo de suelos, diseño de un cabezal de desfogue para una planta petroquímica y cambio de materiales en calentadores, además de modificaciones en los reactivos y enfriadora de gas de la unidad recuperadora de azufre.

El reporte habla, en paralelo, de que Pemex no acreditó mejoría en las descargas de un cabezal para la planta hidrosulfuradora de gasóleo, cuya factura había sido de 180 mil 500 dólares.

Y si le seguimos, se observó que el costo de los contratos otorgados durante el gobierno panista de Felipe Calderón no se integraron con base a precios unitarios. Ahora que en el sexenio actual la cosa fue peor.

Entregado el 14 de febrero de 2014 un contrato para diversas obras en la refinería de Tula, Odebrecht lograría que el monto de éste, pactado en mil 431 millones de pesos, saltara en noviembre a mil 748.

Aun así, no se cumplió la ruta crítica que obligaba a entregar la modernización de una planta recuperadora de azufre y una desulfuradora de gas, cuyo final estaba previsto para el 16 de agosto de 2015. Año y medio después aún no ha llegado la entrega.

En otro caso, se le entregó al gigante brasileño de Norberto Odebrecht el 6 de noviembre de 2014 un contrato para mejorar la refinería de Salamanca, en cuyo caso participaban como socios la firma texana Fluor-Enterprises y la filial del Grupo ICA, ICA Fluor Daniels.

El monto fue de 84 millones 701 mil dólares. La entrega de la obra llegaría el 18 de noviembre del 2015… y todavía la están esperando.

A contrapelo de los cánones, o Petróleos Mexicanos no colocó en los contratos cláusulas de penalización por retrasos o, si lo hizo, las volvió letra muerta.

Lo curioso del caso es que a pesar del expediente negro con que finalizó el sexenio panista, el actual le siguió entregando contratos.

Ahora que no sólo Pemex, sino el gobierno michoacano resultó damnificado.

Entregado un contrato al gigante brasileño para construir la presa Francisco J. Mujica ubicada en tierra caliente para darle cauce a los módulos de riego, la obra se entregó incompleta… y con cuatro años de retraso.

Pactado por el gobierno que encabezaba Lázaro Cárdenas Batel en 2008 un costo de mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de precio alzado, el monto terminaría duplicándose por una y otra solicitudes de ampliación.

Mala, informal y de pilón corrupta.

Balance general.

Será, finalmente, hoy cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte discuta el proyecto del ministro Javier Laynes que declara contrario a la Constitución el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyo marco se anula la exigencia de tarifa 0 hacia las empresas que se interconecten a sus redes.

El monto, sin opción retroactiva, será impuesto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La exposición de motivos habla que el Legislativo invadió las funciones de éste al plantear escenarios asimétricos en materia de empresas con perfil hegemónico.

Lo interesante, de llegar el sí, es cuál será la reacción de la competencia, que había presionado para evitar favorecer a la firma del magnate Carlos Slim aduciendo que con el ahorro se habían podido integrar paquetes para beneficio de la clientela.

Palomita.

Detrás del cambio de la condición crediticia del país de negativa a estable por parte de las calificadoras internacionales de deuda Standard & Poor’s, HR Rating y Fitch se ubica como punto toral la reducción del monto de la deuda total del país.

Del equivalente al 50.2% del Producto Interno Bruto se descendió al 49.5% al utilizar la mayor parte del remanente de operación del Banco de México al año pasado para redimir bonos de deuda o créditos bancarios.

La perspectiva, además, planteó un escenario distinto al del año anterior al lograrse un superávit primario en el primer semestre del año, es decir, los ingresos resultaron superiores al gasto. El remanente fue de 158 mil 235 millones de pesos.

Sin embargo, el porcentaje de débito aún es alto, considerando que los parámetros de la OCDE plantean un máximo de 42% del PIB. Sin embargo, aunque en menor proporción, se mantiene la morosidad del gobierno en materia de pago a proveedores.

Ferrocarriles, sí o no.

En los próximos días la Comisión Federal de Competencia Económica resolverá el sí o no a un reclamo sobre ausencia de competencia efectiva en los mercados de servicios de interconexión, derechos de paso y derechos de arrastre en el transporte ferroviario de carga del país.

La querella la planteó una firma que opera una línea corta, Coahuila-Durango, especializada en transporte de productos siderúrgicos y minerales, propiedad a partes iguales de los presidentes de Peñoles, Alberto Bailleres, y de Altos Hornos de México, Alonso Ancira.

En la discusión final no participa la presidenta del organismo, Alejandra Palacios, quien se excusó por un posible conflicto de intereses, dado que su hermano, Roberto Palacios Prieto, es consejero suplente de una firma subsidiaria de Peñoles. Éste trabajaba también para el Grupo Bal del propio Bailleres.

El amago es contra las firmas Kansas City Southern, Ferromex y Ferrosur, estas últimas propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Crece GINgroup.

En un capítulo más de la expansión de su división impresos, GINgroup acaba de adquirir la revista IDC Asesor Jurídico y Fiscal que mantenía en propiedad Southern Cross Group México.

La firma encabezada por Raúl Beyruti acumula ya una docena de publicaciones del mismo tipo de formato.