Damnificados de Oceanografía

Si al auge de la firma estelar de Ciudad del Carmen, Campeche, la planta laboral alcanzaba 11 mil plazas, hoy el escenario está desolado. Ni empleados de confianza quedan.

Asumida la administración de la contratista de Pemex por el Sistema de Administración y Enajenación (SAE), en medio de un remolino que hablaba de fraudes bancarios y desvíos, éste despidió de inmediata a 5 mil.

La condición inicial fue afiliarse a un sindicato… que avaló la maniobra ilegal de otorgar a tabla rasa un mes de salario como indemnización, al margen de las antigüedades, bajo el marco de renuncia voluntaria.

En afán de evitar una rebelión traducida en paros, a cada uno de ellos se les entregó un folio… que serviría de contraseña para futuros pagos.

Aunque el propio SAE había señalado a los cuatro vientos que la empresa operaba bajo esquemas de subcontratación u outsourcing, cuyas firmas responsables no los inscribieron al Seguro Social, hete aquí que el patrón sustituto dio de baja del organismo de golpe a 4 mil 500.

El caso es que dos años después, en 2017, cuando se retiró el SAE de la administración, al levantarse el “aseguramiento”, solo quedaban 700 en la nómina… que dejaron de laborar al acumular nueve meses sin salario.

La sorpresa es que de acuerdo a la resolución del juez Felipe Consuelo Soto, la empresa se compromete solo a liquidar a los trabajadores que tengan laudos a su favor por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir quienes plantearon litigios laborales, lo que deja en el limbo a 4 mil.

Aún así, los que tengan el papelito tendrán que esperar unos meses para que se les entregue su finiquito en los tribunales correspondientes.

Naturalmente, el vehículo y el monto del pago será avalado por el sindicato… lo que los obliga a afiliarse o reafiliarse al que los heredó el SAE.

La garantía colocada en un fondo, bajo embargo, a presión de los propios trabajadores, son los barcos Caballo Azteca, Caballo Grande, Caballo Fuerte, Caballo Lusitano, Caballo Criollo y Caballo Bucéfalo, ninguno de los cuales ha navegado desde hace dos años.

Lo mejorcito de la flota de 42 naves se colocó como garantía, a su vez, para el pago a los tenedores de bonos de deuda emitidos para garantizar contratos de arrendamiento de navíos con derecho de compra.

De acuerdo a la resolución judicial que la abre la puerta al regreso de la firma a partir de la entrada en vigor del convenio quedan sin efecto todos los embargos.

De acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, a contrapelo de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo estos acreedores tienen preferencia sobre los trabajadores.

La paradoja del caso es que desechada por el juez del Concurso Mercantil que derivó en la quiebra de la empresa, la calidad de acreedor de Banamex, quien prendió la mecha al acusar a Oceanografía de un fraude, con operaciones de factoraje, es decir flujo adelantado de facturas expedidas, en este caso por Pemex, las secuelas llevaron a la ruina a la empresa, llevándose entre las patas de los caballos a los trabajadores.

El hilo, dicen, siempre se rompe por lo más delgado.

Balance general.

La buena noticia es que se está acelerando la recuperación del precio internacional del petróleo tras un avance de 29.5% en los últimos 12 meses. La mezcla mexicana araña los 60 dólares por barril.

El escenario, naturalmente, repunta el interés de quienes quieren sembrar apuestas en el país en materia de exploración y extracción. La mala es que el salto llega en momento en que la plataforma de producción de Pemex está en el punto más bajo de los últimos ocho años.

Y la peor es que, colocado en el libre mercado el precio de las gasolinas, a mayor nivel del petróleo mayor nivel de los combustibles, por más que la Secretaría de Hacienda está utilizando como amortiguador el reducir el monto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicio aplicable a la producción nacional e importada.

La pregunta es hasta dónde se podría estirar la liga, por más que un “gasolinazo” se facturaría contra el PRI en el proceso electoral.

Día D.

El próximo 30 del mes que corre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su primera cita ante el Congreso para una suerte de informe de su gestión.

La expectación del país, naturalmente, estará fija en las referencias de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al muro fronterizo.

No es lo mismo un discurso de estadista que tuitear al fragor del ánimo del momento.

El ultimo calificaba a México como el país más peligroso del planeta.

Por lo pronto, el mensaje lo podría definir el ritmo en que avance la próxima ronda de negociación del acuerdo mercantil que se inicia la semana entrante.

La encrucijada coloca a México y Canadá en la opción de aceptar las llamadas “píldoras envenenadas” calificadas originalmente de “inaceptables” o lograr la hazaña de equilibrar la balanza laxando la medicina, sin intentar canjearla.

Bueno por malo. Al acicate de la concesión inaudita que le dio el gobierno a la Casa Blanca, al aceptar el canje de un proceso sancionatorio por supuesto subsidio para exportación de azúcar por la ignominia de exportar el dulce prácticamente en bruto… para refinarlo en plantas locales, colocándole su propia etiqueta, los productores nacionales se están modernizando.

La producción actual ya no se coloca en su totalidad a granel sino en envases con sobres que ofrecen la medida adecuada, colocándose opciones de bajas calorías o de plano insumos para diabéticos.

La intención de los ingenios tradicionales, naturalmente, es ofrecer un abanico atractivo para países como los europeos.

Responsabilidad dual. En un escenario en que de enero a noviembre del año pasado se reportaran 2 mil 733 robos a camiones de carga en carreteras, lo que representó un salto de 95.2% sobre la estadística de 2016, los transportistas están exigiendo que el gobierno comparta su responsabilidad.

Concretamente la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga está pidiendo que las pérdidas sean deducibles de impuestos cuando sean debidamente documentadas.

Al margen de la pérdida de mercancía, hay que cubrir el pago del deducible en materia de seguro cuando la unidad no es recuperada, y en el caso contrario la tramitología puede llevar hasta 60 días para la recuperación.