Campaña de trapitos al sol

Uno de ellos habla de transferencias millonarias al Estado de México a título de subsidios, cuyo monto desapareció misteriosamente en la presunción de que parte de éste se transfirió a la campaña priísta por la gubernatura.

Desdeñada por el Instituto Nacional Electoral la denuncia realizada por un organismo ciudadano, ésta se encuentra ahora en la mesa del aún auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Las telas hablan de la inaudita conversión de un reclamo de 50 mil millones de pesos viejos y otro de 75 mil, en 3 mil 566 millones de pesos actuales, es decir, ya sin los tres ceros que quitó el gobierno salinista.

El hilo se remonta a 1991, cuando el gobierno de la entidad le otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras una concesión para construir, conservar, explotar y mejorar el tramo carretero de jurisdicción federal Chamapa-Lechería por un lapso de 18 años con cuatro meses.

En la ruta el concesionario se obligó a entregar 50 mil millones de pesos viejos (50 millones actuales) para cubrir indemnizaciones por terrenos que resultaron afectados.

En el escenario la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se obligaba a su vez a otorgarle una concesión al gobierno del Estado de México, vencida la primera, por 20 años para recuperar su aportación con cargo a las cuotas de peaje.

Recuperados los recursos, el remanente se emplearía, en un programa de construcción, reconstrucción, conservación y modernización de autopistas en la entidad.

El caso es que seis años después se decidió expropiar algunas concesiones carreteras, entre ellas la Chamapa-Lechería.

El Decreto prohibía incluir en la indemnización correspondiente el capital de riesgo aportado directa o indirectamente a los proyectos, lo que excluía la posibilidad de recuperar los 50 millones.

En la operación se designó al Banco Nacional de Obras Publicas y Servicios como fiduciario para administrar las carreteras rescatadas.

El caso es que en agosto de 2009 el gobierno del Estado de México le reclamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los 50 millones, agregando otros 75 que, según había aportado para la realización de obras sociales, cuestión no contemplada en los convenios.

Lo inaudito del caso es que los 125 millones se convertirían, aduciendo que debía aplicarse una inaudita tasa de 10% real anual, es decir descontada la inflación en tres mil 671 millones de pesos.

Lo grave del caso es que el gobierno autorizó el pago. La primera transferencia de 500 millones se realizó el 23 de diciembre de 2014 hacia el Centro SCT México, por concepto de indemnización.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda colocó el recurso en la partida 43801 “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”.

En 2015 llegaría otra remesa de mil millones.

El resto, para llegar a 3 mil 100 millones, llegó en 2016.

El hecho es que la entrada de los recursos no se registró como ingreso, por más que el receptor, Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, lo colocó en una cuenta de Bancomer que el 30 de noviembre de 2016 estaba en cero.

En su respuesta al INE, el gobierno estatal habló de que los recursos se utilizaron en retenciones de impuestos sobre la renta, de sueldo y salario y nómina, además de operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales.

El problema es que ninguno de esos conceptos se engloba como destino de un subsidio.

Misterios de la vida.

Balance general.

Hombre de confianza del ex director general de Pemex, José Antonio González Anaya, a quien acompañó a su paso por el IMSS, Carlos Treviño Medina tendrá que ubicar formulas mágicas en materia de producción de crudo y gasolinas.

El hombre de la administración y las finanzas tendrá que dar ahora la cara frente a los reclamos de multimillonarias facturas pendientes de pago por parte de los proveedores.

Más allá, habrá que ubicar el puente para pasar del dicho al hecho en la explotación del yacimiento de petróleo y gas descubierto el tres de noviembre pasado en Cosamaloapan, Veracruz, ante la intención del gobierno de colocarle socios.

Pemex mantiene 22 proyectos de inversión a los que no se le han dado continuidad.

La empresa está entrampada en la imposibilidad de inyectar recursos para modernización de sus refinerías y el desdén de los particulares para privatizarlas tal como están.

Se multiplican robos.

A contrapelo de las estadísticas oficiales, de enero a octubre del año se incrementaron en 300% los robos a transportes de carga, cuyo énfasis se coloca en el Estado de México y Puebla.

Estamos hablando de mil 129 asaltos a trailers y camiones con mercancías, de los cuales 73%, es decir 822, se han recuperado las unidades, y el resto se ubica en los inventarios como pérdida total.

En la desesperación se acaba de inaugurar un centro de monitoreo para seguir las rutas.

Las mercancías más codiciadas son artículos eléctricos y electrónicos, abarrotes y ropa, por su facilidad de venderse en el mercado negro como en los tianguis.

La parte más peligrosa, en el caso de Puebla, es el llamado Triángulo Rojo, ubicado en los limites de la entidad con Tlaxcala y Veracruz.

Si antes la delincuencia se conformaba solo con las mercancías, ahora se llevan los vehículos para desmantelarlos y vender las autopartes.

Elefante blanco.

Con un presupuesto de 40 millones de pesos anuales cuyo 80% se destina a servicios personales, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se ha convertido en un elefante blanco.

Constituida en 1962 vía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la instancia tiene 80 plazas laborales.

Su eterno presidente, en el escritorio desde 1991, Basilio González, tiene una percepción anual de 2 millones 800 mil pesos.

¿Usted conoce algún estudio sobre la capacidad adquisitiva que haya realizado?

albertobarrancochavarria0@gmail.com