Boomerang de Meade

La flecha, sin embargo, tenía una trayectoria en curva, dado que apuntaba a que Javier Jiménez Espriú había sido director general de la firma mexicana Idesa.

Esta se asoció en forma minoritaria con la firma Braskem, filial de Odebrecht, para operar el complejo petroquímico Etíleno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo objeto toral era producir etileno, una materia prima para polietileno de alta y baja densidad, además del simple. A ésta nunca se le relacionó con los sobornos.

El caso es que se rectificó después que el aludido no había sido director general sino presidente del consejo de la firma cuyo fundador fue su suegro, Pascual Gutiérrez Roldán, teniendo actualmente como socios principales a los nietos de este.

Braskem ha realizado esfuerzos desesperados para deslindarse de Odebrecht, por más que los señalamientos de que ha sido objeto a partir de un contrato de suministro de etano por parte en Pemex, con extensión a 20 años y penalización de por medio en caso de incumplimiento, hablan de favoritismo.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación se pactó con un precio “preferencial”. Este, ya firmado, fue objetado en una reunión del Consejo de Administración de la entonces empresa pública celebrada el 24 de abril de 2011, presidida por José Antonio Meade en su carácter de secretario de Energía.

De acuerdo con el acta 827, el tema apareció en la orden del día ante la reclamación de los consejeros Rogelio Garza Neri quien no estuvo presente, y Héctor Moreira Rodríguez, de que el contrato no hubiera sido sancionado por el propio Consejo de Administración.

Aunque de entrada Meade dijo que el trámite no era necesario, y que el documento se había desahogado en los términos de la normatividad vigente, tras una larga discusión se acordó que sí debía pasar por el tamiz de éste... quien lo ratificó.

En su reunión Moreira había dicho que no existía claridad en el Plan de Negocios, presentado de si Pemex sería socio del complejo, preguntando si se analizaron las implicaciones del contrato, por ejemplo la disponibilidad de etano y la amenaza de penalizaciones, dado el tamaño de la venta.

El propio consejero exhibió un documento redactado para Gasca Neri (“Comentarios al proyecto Etileno XXI”), en el que planteaba que el complejo busca cubrir 75% de las importaciones de polietileno de alta y baja densidad, además del simple, señalando que el precio del etano va a ser mayor o por lo menos va a continuar siendo el mismo al del importado, por lo que la producción de Etileno XXI se vendería si acaso en un centavo menos que le importada.

Además, advertía que para garantizar de suministro Pemex debía importar gas natural.

En paralelo, se aducía que en la fijación de la fórmula para el costo de la materia prima Pemex había desdeñado una fórmula diseñada por Goldman & Sachs que potenciaba el valor con base en el riesgo de incumplimiento.

Adicionalmente, Gasca Neri aludía a una auditoría de la Secretaría de la Función Pública que criticaba la subutilización durante ocho años previos de la planta de etileno, Pemex abandonó su operación desaprovechando el potencial de la de polietileno, tras haberse cerrado las plantas de materia prima de los complejos Pajaritos, Escolín y Morelos.

En la ruleta de favores a Braskem se ubican los aranceles por ingreso al país del polietileno. Las pérdidas de Pemex por el compromiso pactado han sido colosales.

¿Fue Jiménez Espriú?

Balance general. Entre las inconsistencias que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados ubica en el concurso mercantil a que se sometió Oceanografía en la carta dirigida al juez tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, se ubican los siguientes:

—El monto total de Udis (Unidades de Inversión) reconocido como deuda de la contratista de Pemex en la sentencia del 12 de enero pasado que libra a la empresa del procedimiento, se aumentaron a 3 mil 300 millones luego de reconocer el síndico sustituto como acreedores a Nilmington Javcr Fund Society además de aumentar el monto del débito de San Miguel Shopping y Caballo Fríon Arrendadora. El primer caso permitió añadir al débito total 475 millones 364 mil 597 Udis, aun cuando la etapa de conciliación se había cerrado por sentencia del 23 de octubre de 2015.

Bajo ese entorno se impidió que se integrara a la masa concursal un crédito fiscal exigido por el SAT.

Los adeudos de San Miguel Shopping y Caballo Fríon Arrendadera saltaron de 23 millones 779 mil a 43 millones 350 mil de lo reportado originalmente.

—El caso, dice la carta firmada por el presidente de la Comisión, Jesús Salvador Valencia Guzmán, los porcentajes planteados en enero dan 115%, en lugar de 100%. Adicionalmente, se anota que el convenio de acreedores no cumple con el requisito de un porcentaje mayor a 50% de estos.

Todo ello, se señala, va un perjuicio de trabajadores y acreedores a la empresa.

El asunto, como lo contábamos ayer, está en manos del Consejo de la Justicia.

Tiro por la culata. Aunque no tuvieron el efecto explosivo de cara a la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con relación a las represalias planteadas por Canadá frente al arancel unilateral al acero y aluminio, las planteadas por México están provocando una reacción interna.

De entrada, la imposición de un impuesto de ingreso de 25% al whisky bourbon que produce Jack Daniels, provocó una caída de 6.1% en las acciones del corporativo, es decir Brown Forman. Más allá, la inclusión de productos agrícolas ha provocado airadas protestas de los productores ante integrantes del Congreso.

La intención es que la Casa Blanca meta la reversa para que a su vez México haga lo propio. Sin embargo, lejos de amainar el temporal, ahora Trump habla de gravámenes de 25% a todos los artículos importados, es decir, coches y camiones aduciendo, otra vez, razones de seguridad nacional. Y aunque el Congreso tiene opción de quitarle el arma de la mano, los republicanos se rajaron de provocar la ira del huésped de la Casa Blanca.

Vende Proa. En afán de recibir una inyección de capital para reforzar su expansión acelerada el Grupo Diagnóstico Proa le cedió 32% de su capital social al fondo privado mexicano LIV Capital y a Temarck, una empresa global de inversión con sede en Singapur. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Fundada en 1944 por el doctor Carlos Pérez Moreno, la firma opera 278 sucursales bajo la marca Chopo. Su cobertura alcanza 4 mil procesos / servicios clasificados, entre análisis clínicos y pruebas de gabinete.