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En sintonía con la preocupación de los movimientos de las organizaciones de la sociedad y de los grupos académicos como #VamosPorMás por la falta de compromisos de los intermediarios políticos (léase la “clase política”) ante temas sustanciales para un país que aspira a una democracia plena, donde los ciudadanos exigen cambios profundos en el ejercicio de la gobernanza, como es el combate a la corrupción, no es menos importante llamar la atención sobre otro pendiente que forma parte de las piezas del engranaje que se ha querido construir para bien de nuestro México.
En efecto, la inanición del Senado atenta también en contra del Sistema Nacional de Archivos postulado en el artículo 73, fracción XXIX-T de la Constitución Política mexicana. En muchos foros y artículos escritos en diferentes medios se ha señalado la importancia de los documentos como expresión natural de los actos del ser humano, especialmente de los relacionados con la res publica. Estos soportes se constituyen en los vehículos de información y los medios de probanza, es decir, prueba instrumental de hechos, de omisiones, de negligencias o de corrupción del servidor público. El riesgo es que por la falta de una Ley General de Archivos se continúe con el caos y la deriva de los archivos que están en manos de los sujetos obligados establecidos por la Reforma Constitucional en materia de Transparencia a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este contexto se pueden encontrar varios escenarios: que no existan efectivamente documentos porque no se elaboraron; que se hayan perdido por el desorden; que se hayan eliminado por descuido y negligencia; o que deliberadamente hayan sido destruidos fuera de todo proceso documentado y abierto. La ausencia de medidas de protección en la conservación de los documentos con tiempos reglados llevarán irremediablemente a carecer de pruebas y evidencias que sustancien los casos relacionados con la corrupción.
Hoy en día la ciencia archivística ofrece soluciones viables a los distintos temas que implica un Sistema de Gestión de Documentos (SGD). Pero si este SGD no está arropado por una legislación moderna y armonizada con los sistemas nacionales de transparencia y combate a la corrupción se caerá en la disfuncionalidad, sin duda una situación que abonará al fracaso en el combate efectivo a la corrupción sistemática del Estado mexicano.
Sin archivos no habrá develación de la impudicia, el soborno, la ineficiencia, la inmoralidad en el que se mueven muchos servidores públicos y muchos actores de la iniciativa privada que son sus cómplices, pensemos en casos como Odebrecht u OHL.
Sin archivos se pierde la memoria de las malas acciones de los funcionarios del pasado inmediato. Tenemos memoria corta y el archivo hace posible potenciar la memoria de largo plazo que nos recuerda lo bueno y lo malo, las experiencias desagradables y los buenos resultados. La rendición de cuentas sin archivos es una falacia. Por ello, no podemos dejar de insistir ante los legisladores que tienen una responsabilidad histórica frente a los ciudadanos para darnos las leyes adecuadas para que se siga construyendo una democracia plena y abierta, y ésta, sin memoria, sin documentos organizados, conservados y con acceso directo será una tarea imposible.
Director de la Escuela Mexicana de Archivos, institución socia de la Red por la Rendición de Cuentas
