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Las contraprestaciones que pagan las empresas de telecomunicaciones por el espectro radioeléctrico no deben ser un obstáculo que impida inversiones y mayores servicios, dijo Adriana Labardini, presidenta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante la Convención Nacional 2017 de Canieti, comentó que el espectro es un recurso valioso, escaso y es importante que se asigne eficientemente a través de licitaciones cuando es para uso comercial.
“Pero si el costo por el uso por toda la concesión, de 20 años es, y hoy así es, tantas veces superior a la contraprestación que se paga en las licitaciones, de manera que para los concesionarios el costo total represente un obstáculo para dedicar más recursos en inversión de infraestructura, de cobertura, mayor capacidad, innovación, podría representar un obstáculo para un mayor desarrollo de redes y servicios inalámbricos”, dijo.
Sin embargo, añadió, esto no quiere decir que el Estado no deba cobrar por el espectro, pero sí considerar el impacto social y económico.
“Si genera inversión, empresas, servicios, empleos e innovación, la derrama económica, incluyendo la fiscal, puede ser muy superior a la que se recauda por derechos y con un bienestar social mucho mayor”, aseguró Labardini.
Por ello resulta importante hacer un alto y revisar toda la política, no sólo la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sino las leyes hacendarias, “que son atribución del Congreso a propuesta de la Secretaría de Hacienda, en materia de costo del espectro”.
Labardini expresó que sin industria no hay consumidores, por lo que todo el ecosistema normativo, de política regulatoria y de competencia económica debe permitir que los mercados se desarrollen y crezcan en un ambiente de libre competencia y concurrencia.
“En el IFT, desde el primer día hemos trabajado por reducir, y lo hemos logrado, la enorme escasez de espectro que por años prevaleció. Lo hemos asignado eficientemente, previniendo acumulaciones contrarias al interés público”.
Interconexión. La Cámara Nacional de la Industria de la Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) ofreció su apoyo al regulador para la definición de tarifas de interconexión que se impondrán a Telcel.
“Ofrecemos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada en busca de una solución que proteja los intereses de los usuarios finales”, dijo Mario de la Cruz, presidente del organismo.
En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene atribuciones para resolver la tarifa de interconexión que las empresas deben pagar a Telcel.
Anteriormente a esta resolución, los operadores pagaban una tarifa cero a Telcel.
Por su parte, Adriana Labardini dijo que, a partir de la resolución de la Corte, continúan trabajando en la regulación asimétrica, “adoptando las mejores prácticas internacionales, los modelos de costos adecuados para el agente económico preponderante y que nos lleven a converger en el fin último: la competencia efectiva”, señaló.
