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Los derechos de las audiencias se mantienen vigentes tras la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores, coincidieron analistas.

Irene Levy, presidenta de Observatel, calificó como un gran paso la decisión de los senadores de interponer dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

“Es un gran paso, creí que esto estaba muerto, y es una gran decisión del Senado, no está muerto el tema ni las audiencias”, aseguró.

Levy explicó que ahora la Corte debe estudiar su admisión, ver que cumpla los requisitos, la admita a estudio, sin que le dé la razón a nadie, y la turne a un ministro para que haga el primer proyecto y se discuta.

“Mientras tanto, no hay nada que hacer, porque no hay suspensión contra actos generales como son las leyes, y el instituto hará lo que le quedó acotado dentro del marco que tiene”, señaló.

Sobre los lineamientos de las au diencias que supuestamente abrogó el Congreso de la Unión con el segundo transitorio, la presidenta de Observatel opinó que desde su punto de vista entraron en vigor el 16 de noviembre, día en que se acababa el diferimiento que dictó el instituto.

Por otra parte, dijo que es indispensable que el IFT presente una controversia constitucional ante la Corte. “No nada más en contra de aquellas modificaciones de la ley que le quitan facultades, también sobre el propio transitorio que supuestamente intenta abrogarle los lineamientos”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, mencionó que sería muy sano que el IFT presentara la controversia para que la Corte tenga mayores elementos para analizar el caso.

“Hemos estado viendo, algunas de las organizaciones, la posibilidad de presentar un amicus curiae”, indicó refiriéndose al documento que se puede enviar a la Corte como opinión sobre las decisiones que tomará.

El experto dijo que el instituto daría un muy buen mensaje a las audiencias y organizaciones que han promovido estos recursos, y demostraría que está en una posición de defensa de sus atribuciones

“No compromete al instituto, por el contrario, creo que dejaría perfectamente claro hasta donde pueden llegar sus facultades en una materia tan delicada”, afirmó.

Sosa Plata consideró que será un proceso largo, que tal vez podría resolverse en un año, pero “al menos hay una esperanza para que se regresen estos derechos y su tutela que se habían desconocido”.

Mientras tanto, los artículos modificados de la ley seguirán vigentes, dijo el experto.

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