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A pesar de los controles aduanales y mecanismos que imponen autoridades para evitar prácticas desleales en la importación, las operaciones ilegales continúan y ponen en riesgo la existencia de la cadena fibra-textil-confección, lo que se ha vuelto un cáncer, consideraron representantes de los sectores.

Una de cada tres prendas que ingresan a México lo hace con una declaración de precio menor al real, es decir, subvaluadas, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen.

Explicó que el contrabando, el abuso de los programas para el sector maquilador, la informalidad, el robo de insumos para su posterior venta e incorporación en la fabricación de prendas para el mercado nacional, entre otros ilícitos, generan pérdidas en la cadena fibras-textil-confección.

Esas prácticas “han mermado, lesionado y siguen afectando a nuestra industria porque hoy, una de cada tres prendas que ingresan al país, entran subvaluadas y un porcentaje importante de esta subvaluación entra a valores que ni siquiera cubre los costos de precios internacionales de las materias primas”, añadió.

La industria formal enfrenta una industria ilegal cuyos suministros son materia prima que se robó, que fue ingresada de contrabando o porque se usaron mal los planes sectoriales del Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Sin embargo, dejó en claro: “El sector no quiere protección, no queremos proteccionismo, lo que realmente necesitamos es romper con la corrupción y la colusión a través del Estado de derecho” y una cancha pareja para competir.

Ilegalidad, grave mal. El representante de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Jorge Eugenio Villanueva, explicó que
“la ilegalidad es un cáncer que está acabando con la industria”.

Para Villanueva, la situación es muy grave en el sector: “Nos enfrentamos a una crisis sectorial; por años hemos sido testigos de la caída de la demanda que se ha agravado particularmente en los últimos meses”.

Lo anterior, explicó, “es producto de un mercado debilitado por un entorno de ilegalidad, de contrabando y de precios asiáticos agresivos sustentados en cuestionables políticas industriales, comerciales, cambiarias, así como de una laxa normatividad ambiental y laboral en los países de origen”.

Coincidieron en que la cadena da empleos a un millón 300 mil personas, equivalentes a 10% del PIB manufacturero, pero más de 60% está en la ilegalidad, es decir, casi 500 mil trabajos formales y el resto en la informalidad. El contenido del sector es de 37%. Además se exportan 6 mil 600 millones de dólares.

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