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Cancún, QR.— Empresarios gasolineros cuestionaron a autoridades del sector porque perciben una sobrerregulación para el sector.

Al respecto, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), explicó que se está dando una transición, luego de haber sido un sector autorregulado o desregulado de origen.

“El modelo nuevo se basa en pesos y contrapesos en los cuales la seguridad industrial queda muy bien ubicada en la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente, la regulación económica básica queda con nosotros, la implementación de la política energética queda en la Sener (Secretaría de Energía), las cuestiones de competencia las lleva la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica)”, precisó.

Sin embargo, reconoció que la regulación se debe mejorar, y se trabaja en ventanillas únicas, tema solicitado por Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional.

“Poco a poco tenemos que pulir con ustedes (gasolineros) los trámites”, dijo, para analizar cuáles son imprescindibles.

César Hernández, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Cofece, aseguró que “gran parte de las recomendaciones están dirigidas a Pemex”.

Por su parte, Jimena Marván, jefa de la Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiete (ASEA), explicó que han generado la regulación indispensable “que vivía fundamentalmente en Pemex”.

Delimitan responsabilidad. Las autoridades y reguladores subrayaron que no depende de ellos dar seguimiento al robo de combustibles o huachicol.

“La CRE es una autoridad administrativa, no podemos dedicarnos a la persecución de los delitos, hay autoridades que están diseñadas para ese tipo de cosas”, aseguró García Alcocer. Sin embargo, agregó, coadyuvan con información, precios y registros.

A su vez, Lorena Rosas, directora de Petrolíferos de la Secretaría de Energía, coincidió en que el tema está en manos de la Secretaría de Gobernación, Pemex y la PGR.

Jimena Marván comentó que la ASEA tiene una aproximación a los temas de seguridad pública relacionados con el impacto ambiental “de una manera mucho más estratégica y poniendo al centro el modelo de riesgo”, compartiendo con la autoridad competente de los patrones y comportamientos que perciben sobre el tema.

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