FMI ve difícil acabar con delito

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Acabar con el robo de combustible no será tarea sencilla para México, aunque no es imposible si se logra reforzar la eficiencia y la calidad de las instituciones policiales y judiciales, considera el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un comentario elaborado por el economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Christian Saborowski, a propósito del gráfico de la semana titulado La escalada de la delincuencia en México perjudica la economía, señaló que esos dos componentes serán fundamentales para cualquier programa de políticas orientadas a reforzar la seguridad.

Tomando como ejemplo el robo de combustible, ponderó que la lucha contra la delincuencia deberá ser prioridad política en el país.

Saborowski, quien forma parte del equipo encargado de dar seguimiento a México en el departamento del FMI que dirige el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) —“la gigantesca empresa estatal de petróleo y gas”— ilustra cómo incluso las grandes compañías no son inmunes a actos delictivos que les perjudican.

Refirió que con base en datos de la petrolera, el robo de combustible le cuesta a Pemex mil 600 millones de dólares al año, casi 0.14% del Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra contrasta con la información revelada por Andrés Manuel López Obrador, que ubicó las pérdidas en el doble del dato referido por el FMI.

Saborowski indicó que Pemex registró que el número de conexiones ilegales en sus oleoductos aumentó 50% en 2017 respecto al año previo, y es 15 veces mayor que en 2010.

“Estas observaciones ponen de manifiesto los enormes costos humanos y económicos provocados por la delincuencia, que siguen impidiendo el avance de México hacia los objetivos de mejores niveles de vida y niveles más bajos de pobreza y desigualdad”, sentenció.

Recalcó que la magnitud de los costos por la inseguridad pública en México es una más entre muchas otras razones por las cuales la lucha contra la delincuencia ha de ser una prioridad política.

Estableció que formular políticas para reducir la delincuencia y aplicarlas de forma eficaz no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible si se refuerza la eficiencia y la calidad de las instituciones policiales y judiciales.

Lo anterior, si se toma en cuenta que los costos humanos y económicos del crimen en México han alcanzado máximos históricos.

El más violento. Como muestra, el especialista refirió lo que arrojó la más reciente evaluación del FMI sobre México, respecto a que 2017 fue el año más violento registrado, con más de 25 mil homicidios, un aumento de 50% desde 2015.

Además de vidas humanas, se pierden oportunidades de negocio, dijo el especialista doctorado en la Universidad de Warwick.

Los economistas suelen distinguir entre los costos directos e indirectos relacionados con la delincuencia, apuntó.

Mencionó que las encuestas muestran que muchas empresas del país sienten que no les queda más alternativa que cancelar sus planes de crecimiento y rutas de distribución, y recortar horarios de trabajo en medio de crecientes preocupaciones de seguridad.

Esto cobra relevancia en un país en el cual la actividad económica de las microempresas representa más de 95% de las compañías con máximo de 10 empleados, como panaderías familiares, que están en situación más vulnerable.

A todo esto se suma que para los hogares y las empresas los costos directos de la delincuencia, como las medidas preventivas y las pérdidas sufridas, aumentaron a un pasmoso 2.5% del PIB en 2017.