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La corrupción que persiste en agencias que aplican la ley y en actividades vulnerables, sobre todo a escala estatal, dañan la capacidad de México para investigar y castigar delitos graves de lavado de dinero, advirtió el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI).
En la Evaluación Mutua que liberó ayer el grupo internacional, creado en 1989 y al que pertenece México desde 2000, se apunta que las deficiencias que halló en la aplicación de la ley son a causa de la corrupción, a pesar de contar con un régimen antilavado maduro y sólido.
Se pone de manifiesto la apreciación de la corrupción como amenaza principal para combatir el lavado de dinero, en especial actividades consideradas vulnerables y en instancias de las entidades federativas.
En la revisión que realizó el GAFI, junto con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cumplimiento del compromiso de México para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se reconoce que el país cuenta con todos los instrumentos legales que no había en 2008, es decir, desde la última evaluación; no obstante, hace falta ver resultados más firmes.
De las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI para atacar el lavado de dinero, sólo cinco se cumplen de manera disciplinada.
La única que no se cumple es la relacionada con actividades vulnerables en las que se ubican los notarios y su relación con la corrupción y el grado de desconocimiento de las obligaciones antilavado de abogados y contadores, sobre todo de aquellos que no pertenecen a algún gremio.
En la evaluación de la efectividad, de 11 medidas, México sacó una baja calificación en tres, que fueron: prevención, persecución e investigación de lavado de dinero y decomiso.
Deficiencias. En el reporte se señala que los agentes inmobiliarios parecen identificar a sus clientes, pero no van más allá para dar con el verdadero beneficiario y descubrir que se trata de prestanombres.
En los casinos, si bien hay límites para operaciones con efectivo, es imposible ligar hasta qué punto es una práctica común dar con el origen del dinero, se pondera en el informe.
Se menciona que ese tipo de actividades vulnerables se enfrentan al desafío de las identificaciones falsas, porque no siempre tienen herramientas o bases de datos para verificar la autenticidad de los documentos necesarios para integrar expedientes y reportes antilavado.
Los bancos han mostrado su preocupación por el reto que representa identificar transacciones y relaciones comerciales en las que estén involucradas las personas políticamente expuestas (funcionarios públicos, diputados, senadores y sus cónyuges, gobernadores, partidos políticos y candidatos, principalmente) como beneficiarios finales.
Y más cuando hay 65 altos oficiales militares, ejecutivos de corporaciones estatales y funcionarios municipales, que no entran en esta categoría y no están sujetos a una transparencia similar, indica el reporte.
No existe concordancia para aplicar la ley para personas políticamente expuestas nacionales y las extranjeras a las que se les puede monitorear más; no hay proporción igual para las nacionales, con el riesgo de la amenaza de la corrupción, sobre todo en el sector asegurador.
Las autoridades. GAFI alertó que se enfrenta un riesgo significativo de lavado de dinero, delito al que le presta menos atención comparado con el crimen organizado y tráfico de drogas, por lo que sus investigaciones son más reactivas que proactivas.
Hay un bajo nivel de investigaciones financieras de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así como pocos procesos y condenas por lavado de dinero a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) produce buena información.
Se pide que la PGR aumente el nivel de especialización de sus unidades, especialmente las relacionadas con lavado de dinero y corrupción.
