El decreto para dar estímulos fiscales para la relocalización de empresas que lanzó hace unos días la Secretaría de Hacienda podría atraer inversiones por más de 18 mil millones de dólares y generaría un círculo virtuoso de ser ampliado a más sectores, aseguraron fiscalistas.

Lo anterior, considerando el actual conflicto en Medio Oriente, porque México será más atractivo para Estados Unidos y los mercados con los que tiene tratados para que se relocalicen proyectos aquí, dijeron.

Sin embargo, consideraron importante conocer el resultado que tendrán los estímulos y su efecto sobre los ingresos que dejarán de obtenerse como un ejercicio a favor de la transparencia y rendición de cuentas.

Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), consideró que si bien es un buen inicio para aprovechar el fenómeno del nearshoring, hay otras empresas que no son altamente exportadoras y que deberían ser contempladas.

Por ejemplo, mencionó a los proveedores que indirectamente estarán participando en la relocalización de empresas.

Al permitirles a más empresas disminuir de la base gravable sus costos por inversiones relacionadas con el traslado de operaciones, se daría un impulso a la economía regional y nacional, dijo.

La deducción inmediata de 100% de las inversiones es una demanda añeja que han hecho las empresas y organizaciones empresariales cada año cuando se habla de la posibilidad de plantear una reforma fiscal.

Actualmente se permite la deducción o disminución de 25%; con el decreto aumentaría a 80%, y para capacitación se incluye otro estímulo extra de 25%.

Cereza en el pastel

El socio líder de la práctica fiscal en Von Wobeser y Sierra, Alejandro Torres, afirmó que se trata de un decreto muy valioso por el beneficio financiero que conlleva.

Ante cualquier inversión que se va depreciando con el tiempo, la deducción se divide en distintos años, explicó.

Por ejemplo, mencionó, la construcción de una fábrica puede tardar 10 años en recuperar esa inversión deduciendo 10% por año. Con el decreto hay una aceleración en el tiempo y, en lugar de esperar 10 años, desde el primer año pueden tomar la deducción que puede ser de 90% de lo que se invirtió, expuso.

De la deducción por capacitación de personal, comentó que ya existe actualmente, pero ahora tiene una especie de “cereza en el pastel” porque además tendrá 25% adicional.

Como algo a destacar, señaló que al gozar de dichos estímulos, no se considera como si hubiera un ingreso sobre el que se tenga que pagar impuestos.

En el pasado, refirió, cuando se daban ciertos apoyos, sobre ellos se pagaban impuestos, es decir que el beneficio se lo “comía” el propio gobierno.

Se espera que en los próximos días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dé a conocer algunas reglas secundarias con detalles del decreto, agregó.

Hay que revisarlos

Para el presidente de Bursamétrica, Ernesto O’Farrill, se tienen que revisar los estímulos para que no sólo sean para empresas exportadoras pues, de lo contrario, se estaría contradiciendo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Opinó que sería mucho mejor si los apoyos estuvieran sustentados en cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y no en un decreto para ciertos sectores.

Renuncia recaudatoria

La directora de Ethos Innovación en Políticas Públicas, Liliana Alvarado, dijo que es necesario evaluar al final de la vigencia de los estímulos.

Además, dichos resultados deberían incluirse en el reporte anual que se entrega al Congreso de la Unión sobre renuncias recaudatorias que ascienden a 4.85% del Producto Interno Bruto (PIB) o 1.4 billones de pesos, para que los legisladores tomen decisiones con esos datos.

Así, estimó conveniente que dicho reporte, que actualmente se presenta al Legislativo en junio de cada año, se entregue al mismo tiempo que el Paquete Económico, en septiembre.

“Con esa práctica se puede ver si vale la pena rediseñarlos o eliminarlos y tomar decisiones para un cambio de diseño”, opinó.

Por lo general, como ciudadanos queda la duda sobre si esos incentivos realmente promovieron la inversión o generaron mayor empleo, manifestó.

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