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Ante la denuncia de supuestos hechos de corrupción y extorsión por parte de verificadores de la Profeco en contra de distribuidores de gas licuado de petróleo (LP), el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que se inició una investigación al respecto.

Este martes se publicó un desplegado de la Asociación de Distribuidores de Gas LP de Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas, en el que acusan a representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de solicitar un pago mensual de 50 mil pesos para evitar el cierre de sus instalaciones.

“He dado instrucciones para que se haga una investigación exhaustiva en torno a las acusaciones que hay contra verificadores de Profeco”, dijo el secretario durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Agregó que se reunió con representantes de organizaciones de gaseros para analizar el tema y en los próximos días habrá un reporte sobre los avances de la investigación.

Al respecto, el procurador Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, también dijo que iniciará una investigación exhaustiva y expedita sobre las acusaciones, y aseguró que se actuará con total legalidad.

“Se actuará con toda firmeza de encontrarse irregularidades, sin importar el rango de los empleados o funcionarios eventualmente involucrados en estos hechos”, expuso.

Aunque la Profeco destacó que no hay un responsable de la publicación en la que se acusa a cinco verificadores y al titular de la Dirección de Verificación de Gas LP, se tomarán cartas en el asunto sobre los presuntos actos de corrupción cometidos por empleados de la dependencia.

“Se ha solicitado al Órgano Interno de Control de Profeco que inicie una investigación exhaustiva y tan expedita como su desarrollo permita, donde se deslinden las responsabilidades que de ella pudieran derivar”, dijo el procurador.

“Asimismo, se ordenó a la Subprocuraduría de Verificación recopilar toda la documentación e información que pudiera contribuir con esta indagatoria, y que por los medios idóneos exhorte a los firmantes de la carta publicada a que colaboren con esta institución”, añadió el funcionario.

Para ello, se solicitará a la asociación que aporte las pruebas a su alcance, con el objetivo de poder esclarecer los hechos denunciados.

Agregó que: “la transparencia es una de las columnas vertebrales en el quehacer cotidiano de la Profeco, en acatamiento a las directrices que puntualmente ha marcado el gobierno de la República”.

Cabe mencionar que en el comunicado, la asociación acusa a verificadores de solicitar 50 mil pesos para evitar el cierre de las plantas de gas LP, así como 15 mil a los verificadores de manera mensual.

Se acusa a Óscar Luis Rincón Guajardo, director de Verificación de Gas LP, así como a los verificadores Dustano Chaidez Mejorado, Agustín Carreón Solís, Juan Roberto Padilla Devora y Esteban Manuel Terán Treviño, entre otros.

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