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La Comisión Reguladora de Energía (CRE), encargada de autorizar y administrar los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México, incluidos los que se entregan a Pemex y a privados, podría estar autorizando “contratos que abren la puerta a la corrupción”, dijo el comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Héctor Acosta Félix

Sostuvo que a veces hace falta decirlo de forma más clara. “El problema principal que tiene este país es de corrupción, y estamos autorizando contratos que abren la puerta a que se prevean situaciones que pudieran generar espacios a la corrupción y lo que se trata es cerrar esos espacios”, dijo.

En alusión al modelo de contrato de producción compartida que surgió a raíz de la reforma energética, el funcionario explicó que cuando en el Órgano de Gobierno de la CRE se discute el tema sobre determinar el tipo de contrato que se autoriza, como de producción compartida o de licencia.

“En lo personal me he manifestado a favor de la licencia y no tanto por la preocupación de las cargas de trabajo de administración, en absoluto, no es porque tengamos temor de cómo administrar este cúmulo de información que tenemos que revisar”.

Dijo que lo ha manifestado porque son contratos que “abren el espacio a la corrupción”.

Durante la Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, que se celebró ayer, Acosta Félix fue más allá.

No por nada los contratos de franquicia a escalas mundial y nacional no optan por repartir o cuotas en relación con utilidades, sino sobre ventas brutas. La lógica indica que la administración con utilidades es complicada.

Más aún, dijo, “si esa obligación se traslada a cargo del gobierno, no sólo se le agrega la complicación sino adicionalmente se le agregan riesgos de corrupción”.

Por otro parte está la ineficiencia, “porque vamos a estar pagando los contribuyentes mexicanos la burocracia de las compañías operadoras, simple y sencillamente la eficiencia o ineficiencia va a terminar siendo pagada por los contribuyentes”.

Cifras de la propia dependencia señalan que 57% de los contratos adjudicados en las pasadas rondas de licitaciones corresponde al modelo de producción compartida.

Este tipo de contrato se caracteriza, según la Secretaría de Energía, por ser utilizado a escala internacional y está diseñado para proteger el interés del Estado.

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