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Industria, academia y sociedad civil solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contar con un plan de cobertura social para ofrecer servicios donde no los hay, así como también en materia de espectro y de infraestructura.
Como resultado del Foro de Políticas Públicas en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que forma parte de la información que recaba la dependencia para el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer las recomendaciones generadas para el sector.
Los asistentes indicaron que es necesario que la SCT publique un plan de cobertura social “de forma que la industria pueda focalizar sus compromisos de cobertura con el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) con base en los intereses determinados por la secretaría”.
Asimismo, demandan la creación de un fondo de cobertura social “bien planeado” para garantizar que los recursos se utilicen para aumentar el acceso en zonas remotas.
Solicitan que se generen incentivos para que la industria amplíe sus huellas de cobertura y se utilicen un número de localidades y perfiles socioeconómicos en lugar de porcentaje de población para asegurar que la cobertura realmente llegue a zonas rurales remotas.
Por otra parte, concluyeron que la subsecretaría debe elaborar una política nacional de uso del espectro.
Entre los planteamientos se incluyó la generación de mecanismos para que las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión puedan deducir impuestos específicos a cambio de inversiones sociales en zonas de interés del gobierno.
Además, destaca la solicitud de promover una regulación nacional para el despliegue de infraestructura en estados y municipios, así como homologar requisitos y trámites para que los pagos de los derechos por construcción y operación mismos que sean definidos a nivel federal.
Se pide la consolidación de un sistema de información de infraestructura y servicios de telecomunicaciones que esté disponible para los operadores y la sociedad en general.
Solicitan que el Estado no intervenga operando redes de telecomunicaciones, sino que debe centrarse en coordinar al sector.
