¿Consejo fiscal o regla estructural?

En los dos últimos años, algunas voces de organizaciones locales como internacionales han sugerido la conveniencia de introducir un Consejo Fiscal Independiente que ayude al país a mejorar las finanzas pública, sobre todo en materia de déficit y deuda. La recomendación ha sido rechazada por las autoridades mexicanas, aunque algunos economistas han tomado la sugerencia de manera positiva.

La propuesta, aunque loable, adolece de una debilidad importante, al no reconocer que todo gobierno es por naturaleza “soberbio”, por lo que resulta dificil que acepte sugerencias o recomendaciones de carácter independiente. Más allá de la cuestión sobre soberanía o injerencia que pudiera argumentarse, un Consejo Fiscal Independiente no tiene la figura legal para forzar al gobierno a cumplir con la disciplina.

En el caso de la recomendación hecha por el FMI, hay que recordar que los tiempos en que si era escuchado fueron aquellos cuando imponía programas de ajuste a cambio de financiamiento para salir de episodios de crisis. Actualmente, el país tiene abierta una línea de crédito flexible con el organismo internacional, pero esta no conlleva dichos condicionamientos por lo que no sujeta al país a obligaciones como en las crisis recurrentes del pasado.

México no se encuentra en una situación tal que tenga que recurrir a un programa de ayuda y ajuste forzado por una institución internacional. Esa situación hace que la introducción de un Consejo Fiscal Independiente quede reducido a ser solamente una entidad generadora de sugerencias, pero con pocas posibilidades de aplicabilidad en el país. Precisamente porque nada obligaría al gobierno a hacerle caso a dichas recomendaciones independientes.

El país sabe como arreglar sus finanzas públicas, si no lo ha hecho es por falta de voluntad política. Incluso, la indisciplina de los últimos años fue una política deliberada del mismo gobierno, cuando a finales del 2013 anunció que México iba a seguir un política de desequilibrio fiscal multianual. Tal vez fue imprudencia o exceso de confianza y soberbia, pero al final, la solución a la indisciplina no es más que la medida opuesta.

La única manera de forzar al gobierno a cumplir con la disciplina es por medio de un mandato constitucional para la política fiscal, de la misma manera que existe un mandato para la política monetaria. Esto implica la introducción efectiva de una disciplina estructural en el ejercicio del presupuesto federal, lo cual está dado por la Regla Fiscal Estructural.

La regla estructural elimina la volatilidad del presupuesto (ingreso-gasto) con respecto al ciclo económico y al petróleo, e incluso elimina el manoseo del presupuesto con respecto al crecimiento esperado, precio del petróleo, producción de crudo y, tipo de cambio.

La regla obliga al gobierno a ejercer un presupuesto basado en los ingresos estructurales, no de los recurrentes sujetos al ciclo de la economía y de otros factores coyunturales. Esto elimina totalmente la necesidad de recortes al gasto en epocas de vacas flacas.

La regla estructural por si misma es un instrumento contracíclico, ya que de aplicarse rigurosamente, genera superávits en tiempos de bonanza y permite financiar el gasto con dichos ahorros en épocas de crisis. Así, la regla estructural es el instrumento idóneo para moderar las alzas y bajas del crecimiento económico, para dar certidumbre fiscal de largo plazo y, sobre todo para darle sostenibilidad fiscal al país al eliminar la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

Al final, el ganador no sólo es el gobierno que regresa a la disciplina y salud fiscal sino también la sociedad, porque la regla evita que en épocas de crisis se pierda el bienestar social ganado en épocas de bonanza, a través de permitirle al gobierno gastar ahorros del pasado o incurrir en financiamiento transitorio.

Sin embargo, la regla fiscal por si sola puede quedarse en el papel, como se ha quedado en el presente gobierno. Para que la regla funcione cabalmente, se necesita de voluntad política para elevarla a mandato constitucional. Pero esto no depende del ejecutivo ni de la autoridad fiscal, sino más bién de los políticos en el Congreso que son los encargados de asignar mandatos constitucionales tanto a la política monetaria como a la fiscal. La primera ya tiene un mandato monetario, pero la segunda falta que se le asigne la Regla Fiscal Estructural por mandato constitucional.

El mandato fiscal constitucional es la única manera de forzar al gobierno a cumplir con su responsabilidad fiscal y desactivar la vulnerabilidad del país. Por el contrario, un Consejo Fiscal Independiente está condenado a quedar como uno más de los muchos centros de asesoría y consejería que se han creado por cada nuevo gobierno.

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* Director para América Latina en Moody’s Analytics. Las ideas expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deberían ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.