Este viernes, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como

De esta manera, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.

El gobierno federal sostiene que está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, “como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país”.

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Los estados en donde aplica este decreto son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el DOF, hasta el momento se han regularizado aproximadamente un millón 916 mil 327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país.

Y ahora, se cuentan con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos, aseguró el gobierno federal.

Además, con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente 4 mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.

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La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización.

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“Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos de contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin”, dijo anteriormente Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.

“Una nueva ampliación al decreto no hace más que evidenciar el fracaso del mismo, no es posible que en un año nueve meses que lleva de vigencia no se haya podido regularizar los vehículos de contrabando, ya que éstos siguen entrando y circulando por aduanas y carreteras con la complacencia de autoridades y el crimen organizado que se beneficia del mismo”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

Insistió en que no hay necesidad de que el decreto permanezca vigente en 17 Estados de todo el país cuando más del 50% de las legalizaciones se dan en apenas tres entidades fronterizas.

Además, agregó que con la modificación para regularizar a los vehículos ilegales ensamblados en Europa y Asia es evidente que en vez de acabar con este fenómeno esto continuará ante la nula acción de las autoridades por realmente atacar el problema de raíz.

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