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La noticia de que se han liberado 10,000 reos en la Ciudad de México por el nuevo “sistema de justicia penal” nos debe alertar. ¿Cuál es el perfil de esos reos que ya están en las calles?.
Estamos acostumbrados a que una es la normatividad que define la ley, pero cuando se ejecuta, puede suceder algo diferente a lo planeado
¿Qué tanto esta nueva política en la impartición de justicia se vincula con el incremento de delitos?. Esto es lo que alerta el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel ángel Mancera. ¿Ésto no estará fomentando la impunidad?.
En lugar de encarecer el costo de delinquir para bajar el índice de delitos, irresponsablemente los hace más rentables. En lugar de endurecer las penas para desestimular la comisión del delito, lo estimula.
Cada vez más se escuchan declaraciones de expertos que dicen que la solución no está en endurecer las penas carcelarias, lo cual va en contra del sentido común.
A veces los estereotipos nos hacen olvidar los objetivos para lo que fueron creados.
Es cierto que es una falacia pensar que nuestro sistema carcelario sirva para reeducar o readaptar delincuentes para poder reinsertarlos en la sociedad con una nueva actitud. Sabemos que hoy las cárceles mexicanas son el mismo infierno, donde sobrevivir se vuelve un reto por los peligros que adentro deben sortear los reos y por ello los novatos, o quienes ingresaron injustamente como chivos expiatorios, quedan tan resentidos contra la sociedad que pueden capacitarse como delincuentes profesionales.
Evitar que caigan en la cárcel inocentes o quienes cometieron un error simple, debe ser una prioridad.
Sin embargo, más que un castigo por lo realizado en el pasado, o una venganza de la sociedad, en el contexto actual de violencia sádica, la cárcel debe ser vista con visión de futuro.
Debe significar sacar de la circulación a delincuentes peligrosos para que no puedan dañar a ninguna víctima más. Ahí es donde el sistema carcelario debe ser reinterpretado.
Liberar a un delincuente peligroso por vicios operativos en el proceso judicial que se le sigue, es una gran irresponsabilidad, pues significa reinsertar a este individuo en su actividad delictiva cotidiana, donde daña a la sociedad y cada nueva víctima que este sujeto agreda, debe caer sobre la responsabilidad jurídica del sistema que autorizó su liberación.
Cuando preguntamos a los expertos sobre decisiones aparentemente irracionales que se toman en el ámbito de la justicia, no es raro que nos confiesen que se actúa por presiones del exterior, de la comunidad internacional. Ahí es donde la respuesta que debe darse da a la delincuencia en nuestro país, debe responder a las condiciones específicas de la realidad cotidiana de México.
El reto no es reducir la población carcelaria a como dé lugar, sino impartir justicia, que es lo que no sucede.
Los delincuentes peligrosos, que ganan con su actividad el dinero suficiente como para pagar un buen abogado, se beneficiarán de esta tendencia y de este modo veremos que seguirán presos los que son inofensivos.
En México parece ser que al final, con los altos costos que significa tener una buena defensa penal, se castiga más la pobreza del delincuente que la gravedad del delito.
Debe haber más controles para equilibrar las decisiones personales de los jueces respecto a quienes deben ser liberados. En ésto debe pesar más la peligrosidad y los antecedentes penales del sujeto, que cualquier otro criterio. El problema carcelario no es un tema de números ni de presupuesto, sino cualitativo y de ello depende la vida de muchas posibles víctimas en el futuro.
El problema de la sobrepoblación carcelaria se resuelve con dinero: autorizando más presupuesto para construir más centros penitenciarios y controles para generar orden.
Sin embargo, una política simplista de dejar delincuentes en las calles sin considerar su peligrosidad se paga con más víctimas. Ante eso, el dinero que debe canalizarse a reformar el sistema carcelario carece de valor.
¿Usted cómo lo ve?
@homsricardo
Facebook / RICARDO HOMS
www.ricardohoms.com
Estamos acostumbrados a que una es la normatividad que define la ley, pero cuando se ejecuta, puede suceder algo diferente a lo planeado
¿Qué tanto esta nueva política en la impartición de justicia se vincula con el incremento de delitos?. Esto es lo que alerta el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel ángel Mancera. ¿Ésto no estará fomentando la impunidad?.
En lugar de encarecer el costo de delinquir para bajar el índice de delitos, irresponsablemente los hace más rentables. En lugar de endurecer las penas para desestimular la comisión del delito, lo estimula.
Cada vez más se escuchan declaraciones de expertos que dicen que la solución no está en endurecer las penas carcelarias, lo cual va en contra del sentido común.
A veces los estereotipos nos hacen olvidar los objetivos para lo que fueron creados.
Es cierto que es una falacia pensar que nuestro sistema carcelario sirva para reeducar o readaptar delincuentes para poder reinsertarlos en la sociedad con una nueva actitud. Sabemos que hoy las cárceles mexicanas son el mismo infierno, donde sobrevivir se vuelve un reto por los peligros que adentro deben sortear los reos y por ello los novatos, o quienes ingresaron injustamente como chivos expiatorios, quedan tan resentidos contra la sociedad que pueden capacitarse como delincuentes profesionales.
Evitar que caigan en la cárcel inocentes o quienes cometieron un error simple, debe ser una prioridad.
Sin embargo, más que un castigo por lo realizado en el pasado, o una venganza de la sociedad, en el contexto actual de violencia sádica, la cárcel debe ser vista con visión de futuro.
Debe significar sacar de la circulación a delincuentes peligrosos para que no puedan dañar a ninguna víctima más. Ahí es donde el sistema carcelario debe ser reinterpretado.
Liberar a un delincuente peligroso por vicios operativos en el proceso judicial que se le sigue, es una gran irresponsabilidad, pues significa reinsertar a este individuo en su actividad delictiva cotidiana, donde daña a la sociedad y cada nueva víctima que este sujeto agreda, debe caer sobre la responsabilidad jurídica del sistema que autorizó su liberación.
Cuando preguntamos a los expertos sobre decisiones aparentemente irracionales que se toman en el ámbito de la justicia, no es raro que nos confiesen que se actúa por presiones del exterior, de la comunidad internacional. Ahí es donde la respuesta que debe darse da a la delincuencia en nuestro país, debe responder a las condiciones específicas de la realidad cotidiana de México.
El reto no es reducir la población carcelaria a como dé lugar, sino impartir justicia, que es lo que no sucede.
Los delincuentes peligrosos, que ganan con su actividad el dinero suficiente como para pagar un buen abogado, se beneficiarán de esta tendencia y de este modo veremos que seguirán presos los que son inofensivos.
En México parece ser que al final, con los altos costos que significa tener una buena defensa penal, se castiga más la pobreza del delincuente que la gravedad del delito.
Debe haber más controles para equilibrar las decisiones personales de los jueces respecto a quienes deben ser liberados. En ésto debe pesar más la peligrosidad y los antecedentes penales del sujeto, que cualquier otro criterio. El problema carcelario no es un tema de números ni de presupuesto, sino cualitativo y de ello depende la vida de muchas posibles víctimas en el futuro.
El problema de la sobrepoblación carcelaria se resuelve con dinero: autorizando más presupuesto para construir más centros penitenciarios y controles para generar orden.
Sin embargo, una política simplista de dejar delincuentes en las calles sin considerar su peligrosidad se paga con más víctimas. Ante eso, el dinero que debe canalizarse a reformar el sistema carcelario carece de valor.
¿Usted cómo lo ve?
@homsricardo
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