Las fuerzas armadas y la ley de seguridad interior

En la Cámara de Diputados se estudia la iniciativa de ley que prevé aumentar facultades a las Fuerzas Armadas para combatir a los dos más importantes riesgos para la estabilidad del país, que son el combate a la delincuencia organizada y frenar la corrupción.

Todo indica que esta iniciativa se centra en fortalecer las labores de inteligencia para el Ejército y la Armada de México.

Sin duda el incremento de la violencia y los delitos que ponen en peligro la integridad física de los ciudadanos, amerita acciones extremas para frenar este grave riesgo.

Esto significa que muy lejos está la posibilidad de que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles o las bases militares, pues en sentido contrario, se fortalece su presencia en el ámbito civil, para lo cual trabajaría en estrecha colaboración con la Secretaría de Gobernación.

Es evidente que hay líderes de opinión que alertan sobre los graves riesgos que este nuevo contexto significaría. Sin embargo, no parece haber otra opción para frenar la violencia delincuencial, donde los excesos y el sadismo son condiciones cotidianas.

De los riesgos que podamos vislumbrar, éste es el menor, pues la actuación de soldados y marinos puede ser supervisada y controlada, mientras que la de los delincuentes no, pues éstos actúan con total impunidad, que se deriva de la opacidad.

Las Fuerzas Armadas están reguladas por la ley y las instituciones del Estado Mexicano, mientras que los delincuentes actúan al margen de ella.

Una ley bien planificada, con candados y protocolos de acción, seguramente minimizará los riesgos que muchos prevén de que ya en labores de campo algunos miembros de estas dos instituciones se extralimiten y se abuse de los derechos humanos.  Sin duda este negro escenario puede hacerse realidad si se crea una ley “coja” y sin controles.

Definitivamente, de todas las instituciones vinculadas con seguridad, las Fuerzas Armadas son las que aún cuentan con el respeto ciudadano, aunque algunos hechos cuestionables hayan hecho descender un poco el puntaje. Sin embargo, aun así, el Ejército y la Armada son dos instituciones respetables.

La disciplina militar es la mayor garantía de orden y control de las bases de estas instituciones, lo cual no existe en las corporaciones policiacas, que se mueven en la impunidad y si bien hay policías honorables, también hay exagerada corrupción y contubernio con los delincuentes.

Esta ley va a requerir una gran estructura que minimice riesgos y ofrezca certidumbre a la ciudadanía de que este voto de confianza que acompaña al poder que se le otorgará a estas dos instituciones, está justificado.

Por tanto, dentro de las Fuerzas Armadas ya debiesen estar trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura de control interno para evitar que algunos oficiales y miembros de bajo nivel jerárquico, que operan en labores de campo, puedan ser cooptados por el crimen organizado.

Muchas  ONG´s seguramente cuestionarán esta decisión y el Congreso tendrá que ofrecer garantías para que una ley tan importante logre pasar los diversos trámites a que se le someterá y así se pueda aprobar con el beneplácito de la sociedad civil.

No sobra recordar al Congreso que estas acciones para fortalecer la seguridad interna del país deben ir acompañadas de campañas preventivas para frenar la fascinación que la vida de los delincuentes está ejerciendo sobre un importante sector de la nueva generación de mexicanos en algunas zonas del país, donde la delincuencia organizada tiene alto impacto social. Hay lugares donde se está empezando a idealizar entre los jóvenes la percepción de poder, fama y dinero de este estilo de vida.

Sin duda esta iniciativa de ley es muy importante para el país, pero debe ser blindada con controles para evitar riesgos.