La confianza perdida en la justicia

La credibilidad y la confianza son el principal activo del funcionario público dedicado a la impartición de justicia y proteger la seguridad de la ciudadanía. Cuando estos dos valores se pierden, el funcionario queda imposibilitado de seguir ejerciendo un cargo en este ámbito de la administración pública. Éste es el caso de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República.

El caso Iguala ha adquirido significación porque se ha convertido en el prototipo donde están representados todos los vicios de nuestro sistema de procuración de justicia, irresponsable, corrupto y falto de verdad.

Hay cuestionamientos a partir de que el GIEI ha documentado tortura para obtener confesiones para avalar la “verdad histórica” que tanto defendió el procurador Murillo Karam. Los involucrados por parte de las víctimas acusan ocultamiento de evidencias a lo largo de todo el proceso y hoy surgen los testimonios del GIEI que aseguran que el propio Tomás Zerón sembró u ocultó evidencias forenses en el Rio San Juan, a unos días del suceso violento.

Sin embargo, de toda esta acumulación de acciones reprobables y constitutivas de delito, la que constituye un gran escándalo es la realización del video, -manipulado a través de edición-, con el cual pretendió descalificar al GIEI, falseando intencionalmente y con dolo la información, sacándola de contexto y cometiendo errores infantiles como pretender avalar su versión usando la presencia de representantes del área de derechos humanos de la ONU,  cuando en realidad ellos no estaban ahí sino en un lugar cercano.

Cuando la ONU  negó que sus funcionarios hubiesen participado de esa diligencia judicial,  se terminó de confirmar que este video estaba plagado de mentiras.

Es importante dimensionar que cuando un ciudadano manipula información para ocultar su situación fiscal, -por ejemplo-, se conforma un gran delito de fraude y puede terminar en la cárcel. Sin embargo, cuando un funcionario público manipula información, -incluso pasando por encima de los derechos humanos elementales de ciudadanos a los que se involucra para crear una coartada digna de una película de Hitchcock-, la estructura gubernamental de inmediato le protege, con lo cual se coinvierte en cómplice de un delito. En estricto sentido esta conducta destruye toda la autoridad moral del Estado Mexicano para juzgar a terceros y procurar justicia, pues atenta contra el Estado de Derecho.

El Estado Mexicano persigue delitos tolerando prácticas delictivas cometidas por funcionarios públicos. ¿Dónde queda la legitimidad moral del Estado?. Por ello hoy estamos viviendo una crisis moral descomunal, como nunca antes.

El caso Iguala terminará convertido en un acontecimiento histórico de alto impacto que será recordado por las próximas generaciones, porque las instituciones de este país se han confrontado con organismos multinacionales de amplio prestigio simplemente para ocultar lo evidente: hechos reprobables que en lugar de ser castigados, son protegidos por una incomprensible complicidad, lo cual impacta negativamente la imagen integral de nuestro país y de todos los mexicanos ante la comunidad internacional.

Como entender que se haya pretendido descalificar a Juan Méndez, -relator especial de derechos humanos de la ONU cuando declaró que en México la tortura es cotidiana-, cuando el caso Iguala lo confirma.

Es de destacarse que el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Betanzos aparece continuamente en los noticieros de la televisión, -no promoviendo el respeto a los derechos humanos y cuestionando los actos de tortura que han dado a conocer los medios de comunicación-, sino en el rol de vocero, extraoficial, presidiendo las conferencias de `prensa y dando declaraciones que parecen justificar el proceder de los funcionarios de la PGR a los cuales él debiese cuestionar.

En el ámbito de las relaciones públicas existe un concepto denominado “crisis management”, o sea “manejo de crisis”, lo cual define un protocolo que debe seguir la institución que por alguna razón se encuentra emproblemada frente a la opinión pública.

Lo primero que recomienda esta metodología es reconocer que existe un grave problema, después ofrecer disculpas a los afectados, reparar el daño y por último instrumentar medidas que garanticen que un problema de esta magnitud no volverá a suceder.

Respecto a esta problemática de tortura y derechos humanos el gobierno mexicano debiese seguir este planteamiento.

En lugar de negar una realidad evidente, la PGR debiese reconocer la existencia de estas prácticas degradantes e inhumanas, castigar a los funcionarios infractores para que sirva de escarmiento,  e instrumentar nuevas prácticas  que protejan los derechos humanos.