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Uno de los problemas más serios que enfrenta México es la legitimidad de los métodos utilizados para combatir la delincuencia, así como para la aplicación de la ley.
La posibilidad de que haya sucedido una masacre en Tanhuato, Michoacán, donde el 22 de mayo pasado donde murieron 42 supuestos sicarios, -y decimos supuestos-, porque hay muchas dudas sobre si realmente eran delincuentes o esa calificación fue el simple argumento gubernamental para minimizar la matanza perpetrada por la policía federal, merece llevar las investigaciones a fondo.
Lo que se desprende de los estudios forenses que han sido publicados es que hubo tortura antes de darles el tiro de gracia. El lugar donde se dieron estos hechos fue alterado impunemente para crear una versión oficial, lo cual es un delito.
¿Para combatir la delincuencia se puede burlar la ley?.
La CNDH ya abrió un expediente sobre el caso que ojalá llegue hasta sus últimas consecuencias para que no vuelva a suceder algo así..
Primero Tlatlaya, después Tanhuato y ¿qué seguirá después?.
El problema de fondo es que no hay consecuencias en contra de los funcionarios que actúan al margen de la ley y en lugar de que en los altos niveles gubernamentales se investigue, lo que se da es protección a los infractores, lo cual convierte en cómplices a los funcionarios que autorizan el montaje de una historia falsa para engañar a la opinión pública.
En el País hay gran preocupación por la transparencia y se ha creado una legislación para proteger el derecho ciudadano a la información veraz. Sin embargo, en la impartición de justicia siempre hay opacidad y manipulación y ello no parece preocupar a nadie, no obstante que como en el caso Tanhuato, lo que está en el centro de los cuestionamientos es la vida humana y sospechas graves de tortura.
En cualquier otro país las investigaciones serían a fondo porque de comprobarse que hubo una masacre, se calificaría ésta como “genocidio” y ésto perpetrado por una institución gubernamental, se convierte en un escándalo internacional con sanciones para el gobierno.
Con la tecnología de hoy es difícil mantener versiones falsas durante mucho tiempo sin que salga a la luz pública la verdad.
Sin embargo, aún más grave es que conociéndose la verdad espeluznante, en México nunca pasa nada y no hay consecuencias, aunque los casos sean de gravedad.
Por la décima parte de lo que sucede en México, -en el ámbito de violaciones a derechos humanos y corrupción-, en otros países hay renuncias de secretarios de estado e incluso cárcel para ellos y esto está sucediendo en Latinoamérica, pero México está al margen de esta tendencia.
¿Durante cuánto tiempo más podrá el gobierno de este país defenderse de acusaciones como la de la ONU de que en México se practica la tortura generalizada?.
Ese es un expediente aún abierto, lo cual significa que seguramente la ONU nos tiene en observación.
En el caso Tanhuato sólo queremos saber la verdad y si se infringió la ley, que se apliquen responsabilidades.
