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Las promesas del acceso a la información pública

04/08/2017
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En el marco de la lucha anticorrupción, la información, un recurso de poder fundamental para quienes detentan posiciones de autoridad y, por lo tanto, para evitar el abuso del mismo, ha comenzado a ser reclamada a la luz de los derechos políticos, el ejercicio democrático y la regulación estatal, como pone de manifiesto la aprobación reciente de legislaciones sobre el derecho de acceso a la información pública en América Latina. Así, se ha abierto una ventana de oportunidad irrepetible para lograr gobiernos y servidores públicos transparentes y responsables ante la ciudadanía.

El acceso a la información pública es una poderosa herramienta de prevención de la corrupción y promoción de la gobernanza. El acceso público a información estatal trae consigo innumerables beneficios para la administración pública. Por ejemplo, la publicidad de información sobre asignaciones presupuestales permite evaluar e incentivar al gobierno a seguir reglas de juego claras y responsables, además de aumentar los riesgos políticos de políticas insostenibles (Kopits & Craig, 1998).  Estudios como el desarrollado por De Renzio & Wehner (2015) tienen evidencia sobre la correlación positiva entre corrupción y falta de transparencia presupuestal, al demostrar que a mayor transparencia en los procesos presupuestales en un país, menor es la percepción de corrupción.

Según el Informe sobre Acceso a Información para el Desarrollo del Banco Mundial, la implementación de legislaciones sobre el derecho a la información se ha asociado estrechamente con una mejor rendición de cuentas, mejor oferta de servicios y más confianza de los inversionistas. Además, la ciudadanía, progresivamente, espera que estas leyes se conviertan en un instrumento para lograr gobiernos más transparentes y responsables, mejore la rendición de cuentas y entregue a los ciudadanos las herramientas para que exijan cuentas a los gobernantes sobre lo que desean saber y no sólo sobre aquello que estos deciden contar (Lemieux & Trapnell, 2016).

En ese sentido, el acceso a la información pública le quita el control de un recurso fundamental, la información, a los gobernantes y le entrega su potestad a la ciudadanía. También les exige a los gobiernos desarrollar instrumentos de gestión para manejar la información con eficiencia, oportunidad y calidad.

Para la efectiva implementación de herramientas de información pública son indispensables lineamientos claros sobre el tipo de información publicable o de acceso a la ciudadanía, los procedimientos claros y precisos, de conocimiento público y sin restricciones, el establecimiento de información reservada y la justificación de esa condición, la fijación de medidas que indiquen los tiempos para la publicidad de información, los mecanismos e instituciones encargados de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y las sanciones que se generen.

Por el contrario, como señala el mismo informe, la falta de acceso a la información pública también puede afectar negativamente la provisión de servicios públicos y evitar la rendición de cuentas, pues los beneficiarios no recibirán la información sobre los servicios y cómo acceder a ellos, lo cual puede resultar privilegiando a unos pocos y afectando sus derechos. Por esa razón, el acceso a la información permite a las personas más vulnerables el disfrute de los servicios e información que les de voz en las reivindicaciones de sus derechos humanos (Lemieux & Trapnell, 2016).

Algunos de los hechos relacionados con el manejo de la información pública que son indicativos de actos de corrupción, falta de transparencia y violación a la integridad pública podrían ser:

  • Manipulación o adulteración de información.
  • Uso indebido de información para favorecer a terceros.
  • Ocultamiento o pérdida de información.
  • Comercialización de información o entrega de información reservada.
  • Presentación de información falsa a la ciudadanía en ejercicios de rendición de cuentas.
  • Concentración de información en determinados servidores públicos o contratistas.
  • Ausencia de sistemas de información consolidados.

Por esa razón, preocupa el balance presentado recientemente por las organizaciones civiles FUNDAR y Artículo 19, a un año de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que le entregó la potestad al INAI de revisar en segunda instancia las decisiones de los órganos garantes estatales y locales. El balance de las organizaciones señala que, de los 125 recursos recibidos, 76 han sido desechados, en 11 casos el INAI revocó o modificó las respuestas de los órganos locales y 13 están por resolverse, es decir, 9 de cada 10 recursos contra los órganos de transparencia estatales han sido desechados o sobreseidos por los comisionados.

Los comisionados han dicho que las peticiones de los ciudadanos incumplen los requisitos legales para ser aceptadas para estudio y se han valido de formalismos e interpretaciones legales muy restrictivas para rechazarlas. En la práctica, en la mayoría de sus decisiones, el INAI ha favorecido las posiciones de los órganos locales que, como han denunciado las mismas organizaciones, están plagados de prácticas clientelistas en las designaciones de sus miembros, apoyados por los mandatarios o los diputados locales. El ratón cuidando el queso.

A un año de la reforma a la Ley de Transparencia, es necesario que el INAI reglamente en el menor tiempo posible los criterios, precedentes y escenarios en que revisará las peticiones ciudadanas de acceso a la información rechazadas por los órganos locales. Así mismo, es fundamental que los comisionados declaren públicamente sus conflictos de intereses en los procedimientos de revisión de recursos y evalúen de manera individual las implicaciones negativas de sus decisiones sobre los ejercicios preventivos de control social. La tarea fundamental del Instituto es garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los mexicanos. La ciudadanía seguirá vigilando que ese logro democrático no sea otra promesa incumplida.

 

Referencias bibliográficas

Lemieux, V., & Trapnell, S. (2016). Public Access to Information for Development. A guide to the effectivbe implementation of Right to Information Laws. Washington, DC: World Bank Group.

de Renzio, P., & Wehner, J. (2015). The Impacts of Fiscal Openness: A Review of the Evidence. Global Initiative for Fiscal Transparency and the International Budget Partnership.

Kopits, G., & Craig, J. (1998). Transparency in Government Operations. Washington: International Monetary Fund.

 

Juan Camilo Ceballos

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@_fuancamilo. @ObsNalCiudadano

 
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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