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Reincidencia delictiva: ¿qué dicen los datos y la economía del crimen?

11/08/2017
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En 1968, Luis Spota publicó la novela Lo de antes la cual narra la historia de Javier Lira al salir de la cárcel de Tres Marías. Poco a poco el Tarzán, como solían apodarle cuando robaba bancos, trata de reconstruir su vida de forma honesta y casi lo logra. Debido a diversas circunstancias como la falta de ingresos, una hija enferma y la presión de un policía corrupto, Javier delinque nuevamente. Pese a que dicha novela data de hace casi 50 años, el tema sigue igual o más vigente que antes. Este texto aborda la reincidencia delictiva sin todos los maniqueísmos, reduccionismos y amarillismos que abundan en la opinión pública de hoy y ayer.

Discutir la reincidencia delictiva revela los valores y creencias más recónditos de una sociedad sea esta la mexicana, la estadunidense o cualquier otra[1].La naturaleza controversial del tema no permite que se analice sin una carga ideológica previa o bien, que se recurra a la casuística más diversa para justificar cualquier argumento. Pocos datos, evidencia somera e interpretaciones a modo son algunos factores que suelen oscurecer las discusiones en torno a la reincidencia delictiva.

El 31 de julio de 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de su producto más reciente. Se trata de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 cuyo objetivo es el de brindar información confiable sobre el sistema penitenciario que complemente otros proyectos del instituto así como los datos provenientes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad (OADPRS-CNS).

Los datos recabados en esta encuesta permiten analizar las características sociodemográficas, antecedentes generales, jurídico penales, y familiares de la población penitenciaria, características del centro penitenciario y de la vida intracarcelaria, condiciones del arresto, ministerio público, proceso judicial, la corrupción al interior de dichos centros, así como las expectativas de salida de los presos. El valor de una encuesta radica en que logra confirmar y cuantificar las sospechas de que el sistema penitenciario nacional presenta graves debilidades y que refleja los errores acumulados a lo largo del proceso judicial.  

Los datos de la encuesta muestran que a nivel nacional 25.9% de la población privada de la libertad de 18 años y más fue juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual. Este porcentaje presenta un grado considerable de variación por entidad federativa. De esta suerte, se observan entidades con un porcentaje de reincidencia elevado como la Ciudad de México (44.9%) y Baja California (41.2%. En cambio, otras entidades reportan con porcentajes menores que 15% como Veracruz (12.7%), Guerrero (14.5%), Chiapas (13%) o Hidalgo (11.3%).

En la siguiente gráfica se observan los porcentajes de reincidencia según condición de juicio (eje vertical) contra la cantidad de personas privadas de la libertad de 18 años y más. Para efectos de clasificación se dividió el plano en cuadrantes según el porcentaje de reincidencia a nivel nacional (25.9%) y según la población promedio privada de la libertad por entidad federativa.

Cabe destacar que el grueso de las observaciones (Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Morelos, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Durango, Tamaulipas y Oaxaca) se sitúa por debajo del porcentaje nacional de reincidencia (25.9%) y a la izquierda de la población privada de la libertad promedio. Por su parte, el cuadrante inferior derecho agrupa a las entidades con porcentajes de reincidencia menores que el valor nacional pero con población penitenciaria mayor que el promedio. En este cuadrante se ubican Guanajuato, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Puebla, Veracruz y Estado de México

Por otro lado, el cuadrante superior izquierdo concentra a las entidades con porcentajes de reincidencia superiores que el valor nacional pero con poca población penitenciaria. Tal es el caso de Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Sinaloa. El cuadrante superior derecho presenta porcentajes de reincidencia elevados y población penitenciaria mayor que el promedio nacional. En este conjunto se agrupa Sonora, Baja California, Jalisco y la Ciudad de México.

Otros datos interesantes de la ENPOL relativos a la reincidencia son los siguientes:

  • 63.6% de la población privada de la libertad fue juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual, 36.1% de dicha población fue juzgada penalmente por la comisión de más de un delito.
  • Los delitos más frecuentes por los cuales ha sido juzgada la población privada de la libertad previamente son: robo de vehículo (16.2%), robo a transeúnte en vía pública (16%), robo a casa habitación (13.3%), posesión ilegal de drogas (12.9%), robo a negocio (12%), portación ilegal de armas (9.7%), lesiones (8.8%), entre otros delitos.
  • 71.2% de la población privada de la libertad juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual estuvo presa en centros penitenciarios estatales, 12.4% en centros penitenciarios municipales, 11% en centros penitenciarios federales, 3.9% en correccionales, 2.3% en centros penitenciarios locales y 0.9% en otros.
  • 44.3% de la población privada de la libertad juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual reincidió más de 2 años después del delito anterior, 16.5% reincidió más de un año y hasta 2 años después del delito anterior, 17% reincidió más de 6 meses y hasta un año después de ser juzgado por el delito anterior y 18.9% reincidió en seis meses o menos.

Pese a que los datos por sí solos son muy interesantes, es necesario interpretarlos desde diversas perspectivas sean estas criminológicas, sociológicas, psicológicas, jurídicas, o incluso económicas. De acuerdo con Ouss[2] (2013) la multiplicidad de disciplinas que han abordado la reincidencia delictiva ha examinado factores como el contexto social, eventos de vida así como los efectos de políticas públicas en el comportamiento de la población penitenciaria. Sin embargo, el enfoque de la economía del crimen se concentra en estudiar cómo afectan las instituciones y estrategias de castigo las tasas de reincidencia.

La reincidencia delictiva no fue abordada en los primeros artículos teóricos y empíricos de economía del crimen. Cuando se incorporó este elemento a los modelos, se identificaron diferentes costos de oportunidad ligados a la duración de las sentencias. Cuando optamos por sentencias muy duraderas, se incapacita al criminal por más tiempo, pero al estar mucho tiempo en la cárcel cambia la valoración de actividades legales versus actividades ilícitas por lo que favorece la reincidencia. En este sentido, castigos muy severos privilegian efectos incapacitantes a costa de efectos disuasorios específicos.

Proyectos como la ENPOL constituyen la base para la generación de políticas públicas basadas en evidencia. La información recabada no debe quedarse en un nivel descriptivo.  Algunos datos ya despiertan preguntas de investigación muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué la Ciudad de México presenta un porcentaje de reincidencia delictiva tan alto? Recientemente, se ha especulado que el responsable es el sistema de justicia penal adversarial. ¿Acaso el nuevo sistema solo se aplica en la ciudad? ¿Por qué otras entidades con población privada de la libertad abundante no presentan porcentajes de reincidencia tan elevados como los de la Ciudad de México? No parece que la causa principal de la reincidencia delictiva sea esa aunque se insista en ello. 

 

Manuel Vélez 

Coordinador de Estudios Especiales

Observatorio Nacional Ciudadano   

@VelezManuel @ObsNalCiudadano 

 

[1] http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/02/19/las-creencias-punitivas

[2] Ouss, A. (2013). What Works in Reducing Re-Offending?. En Cook et. al. (eds) (2013), Lessons from the Economics of Crime, Cambridge: The MIT Press

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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