De la importancia de medir y discutir el fenómeno delictivo

El paso 6 de junio el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México y el Observatorio Nacional Ciudadano presentamos el Reporte sobre delitos de alto impacto del primer cuatrimestre de 2017, en donde analizamos los valores, las tasas y tendencias de 10 delitos[1] tanto en la Ciudad de México como en las 16 delegaciones. A partir de su publicación surgieron diversas discusiones sobre la metodología de los indicadores utilizados, así como justificaciones al problema delictivo, que en el OCMX creemos que lejos de justificar y minimizar el problema, son factores que se deben observar, medir y utilizar como evidencia para el desarrollo de políticas públicas. Aprovechamos este espacio para discutir algunas de las cuestiones metodológicas que se han mencionado.

El reporte está construido con la base de datos de incidencia delictiva del fuero común que publica mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cual “se refiere a los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, y que son reportados por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso de los delitos del fuero común, y por la Procuraduría General de la República, en el caso de los delitos del fuero federal. En ambos casos, dichas instancias son las responsables de la veracidad y actualización de la información”.

A partir de esa base, el OCMX proceso la información para generar tasas por 100 mil habitantes de cada delito, que se calculan a partir de las proyecciones de población publicadas por CONAPO. Esto permite comparar la información, con otras delegaciones, municipios, entidades del país e incluso, internacionalmente.

En la academia existe discusión sobre cuál es la mejor forma para comparar la incidencia delictiva entre ciudades o demarcaciones distintas, pero se ha generalizado que se puede eliminar el efecto que tiene la población en el tamaño del crimen al estandarizar por 100 mil habitantes.[2]

Si bien es válida la observación que la población flotante es un factor que se debe considerar al momento de entender el fenómeno delictivo, no coincidimos en que utilizar tasas por 100 mil habitantes para comprar no sea correcto: en primer lugar, no se cuenta con información pública disponible sobre la magnitud de la población flotante en cada delegación, municipio o entidad del país o en tránsito por delegación. Segundo, dado que tanto el volumen de la población flotante como el de la comisión de delitos varían a lo largo del día, para poder identificar cuál es el efecto que tiene este fenómeno en la incidencia delictiva debemos contar con la distribución por horario de ambas variables. Tercero, en México, la tasa por 100 mil habitantes se ha utilizado constantemente no sólo por las organizaciones de la sociedad civil y agencias de gobierno para comparar distintas regiones y demarcaciones entre sí, sino que el gobierno federal las ha utilizado para distribuir recursos federales a través de subsidios como Subsemun, Fortaseg, Pronapred y FASP.

Estamos conscientes de que la población flotante, a la que responsabilizan de la inseguridad, es un factor que se debe considerar al analizar las tasas de incidencia delictiva, sin embargo, esperamos que no sólo sea una justificación del problema, sino que, a partir de dicha información, demuestren que cuentan con las capacidades y desarrollen políticas públicas basadas en evidencia para resolverlas, ya que los incrementos que señala el Reporte sobre delitos de alto impacto que presentamos el pasado 6 de junio, derivan de la comparación, en distintos periodos de tiempo, en las mismas delegaciones.

Se ha mencionado que “la mayor parte de los delitos no corresponden a gente que vive en esta demarcación”, aquí es importante subrayar que la función de las autoridades de seguridad es prevenir, reducir e investigar los delitos que se cometan dentro de la demarcación, sin importar si las víctimas o presuntos delincuentes sean habitantes de la misma o no. Precisamente el hecho de que cualquier persona pueda gozar de seguridad y no sentir miedo en sus actividades diarias, permite el desarrollo económico y social de la zona, así como fomenta la cohesión social, tanto de vecinos, comerciantes, turistas y visitantes.

Por otro lado, se ha mencionado que el Nuevo Sistema de Justicia Penal es culpable del aumento de los delitos y de la violencia. Sin embargo, en este caso, las fallas al sistema se deben a su implementación y no al sistema por sí mismo. Si un presunto delincuente sale libre se debe a que no se acredito formalmente la comisión de los delitos, esto se puede deber a dos factores, o a que la persona es inocente, o que la policía y el ministerio público no realizaron correctamente su trabajo en cuanto a la presentación de las pruebas. Es por ello invitamos a las autoridades a mejorar sus sistemas de capacitación para poder disminuir las fallas en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Recordemos que ninguna persona que se encuentra detenida en prisión preventiva es culpable, sino hasta que la autoridad demuestre ante un juez la comisión del delito por el que se les acusa.

La publicación del reporte y el monitoreo constante de la incidencia delictiva han permitido y fomentado la discusión tanto de las tasas como de los factores de riesgo a los que se enfrenta. En la Red Nacional de Observatorios trabajamos para poner a disposición de la sociedad en general información que le permita tomar decisiones para mejorar su seguridad en sus hogares y negocios, así como para complementar los diagnósticos delictivos y fomentar espacios para la discusión ordenada y respetuosa. Por ello, continuaremos con la responsabilidad de dar a conocer estas cifras, al tiempo de reiterar nuestra disposición de trabajar de la mano con autoridades, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y justicia de nuestro país.

Creemos que si trabajamos en equipo, podremos vencer al enemigo en común que es la delincuencia. Esperamos que el trabajo de los observatorios permita fomentar la cultura de los datos abiertos de tal forma que las autoridades los utilicen como herramienta para diagnosticar el problema y diseñar policial efectivas y que comenzamos a evaluar a nuestros gobiernos, no por la magnitud de variables delictivas, sino partir de que sean capaces de reconocer los problemas y reaccionar ante ellos.

La metodología y las bases de datos utilizadas para el desarrollo del reporte se encuentran en http://ocmxseguridad.org.mx/noticias/ donde están abiertas a todo público y disponibles para su descarga y réplica.

Leonel Fernández Novelo

Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Observatorio Nacional Ciudadano

@leoxnv @ObsNalCiudadano

[1] Homicidio culposo, doloso, extorsión, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte y violación.,

[2] http://theipti.org/wp-content/uploads/2012/02/covariance.pdf