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La Alerta de Violencia de Género (AVG) es el mecanismo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y se emite cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así́ lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así́ lo soliciten. (artículo 24, LGAMVLV)
El objetivo principal de este mecanismo es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y la eliminación de las desigualdades producto de legislaciones que agravian sus derechos humanos. Para ello se plantea lo siguiente:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. (art. 23 LGAMVLV)
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es el encargado de votar la procedencia de las declaratorias. Hasta ahora se ha declarado AVG en algunos municipios de 6 estados del país. La primera declaratoria se dio en el Estado de México y la más reciente, fue la declarada en Veracruz. A continuación, se enlistan los estados y municipios:
Estado de México
Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios, de los 125 con los que cuenta: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.
Morelos
Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios de los 33 del estado: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.
Michoacán
Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios, de los 113 que tiene: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.
Chiapas
Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado de los 118: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.
Nuevo León
Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado de los 55 de la entidad: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
Veracruz
Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios de los 212 en los que se divide: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. (Fuente: http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739)
Antes de que se implementara la AVG en Nuevo León y Veracruz una nota señalaba que el 15% de las mujeres vivían bajo esta declaratoria, hoy ese porcentaje se incrementa a 19.57% de las mujeres que viven en México bajo una Alerta de Violencia de Género lo que equivale a n total de 10 millones 864,137 de mujeres que se encuentran en los 56 municipios que cuentan con una declaratoria de este tipo, de las 57 millones 481,307 que hay nivel nacional.
Lo anterior sin tomar en cuenta las entidades en las que están pendientes las peticiones de AVG, lo cual podría aumentar el porcentaje de manera dramática, pues en casi la totalidad de estados del país hay al menos una petición para solicitar este recurso.
Uno de los puntos fundamentales a destacar sobre la AVG, es la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en dichas Alertas, ya que sin éstas no hubieran sido posibles. En el Estado de México la petición fue hecha por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; en Morelos por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHM); en Michoacán por Humanas sin Violencia AC; en Chiapas por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C, en Nuevo León Arthemisas por la Equidad, A.C y en Veracruz por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C.).
Ahora el reto es dar seguimiento a lo que realmente se está haciendo, ya que todos los días podemos leer declaraciones, revisar los números sobre el poco impacto que han tenido en cambiar la realidad de las mujeres en cada uno de los estados y municipios. Como ejemplo se puede revisar el Observatorio de AVG en Morelos: http://aced.org.mx/observatorio/
La búsqueda de información sobre el tema tampoco es fácil, ya que las páginas de Internet están muy dispersas, las declaratorias no se encuentran en un solo lugar, ni las solicitudes y menos aún el seguimiento por parte de las instituciones responsables, más bien la fuente de información son trabajos periodísticos, informes sobre OSC y páginas aisladas.
De esta forma, en diversos foros y estudios la queja constante es la falta de recursos que tienen los municipios con AVG, la falta de voluntad política en los diversos estados, la ambigüedad en los indicadores o la falta de estos para la verificación de su cumplimiento.
Por ejemplo en la última declaratoria de AVG en Veracruz en la que se estipulan una serie de puntos cuyo cumplimiento ante la situación del estado y de los propios municipios se puede quedar sólo en buenos deseos, sin un seguimiento y presupuesto adecuado, que en general son similares en todas las declaratorias:
I. Medidas de Seguridad
1. Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible para la población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso.
2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
II. Medidas de Prevención
3. Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados.
4. Diseñar una estrategia educativa intercultural en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género para la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Para ello, se deberá establecer en los centros educativos públicos y privados un programa permanente de talleres en materia de violencia de género dirigido a las y los adolescentes de nivel secundaria y preparatoria.
III. Medidas de Justicia y Reparación
5. Determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en el estado. Para la definición de la reparación simbólica se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.
Como se puede leer son medidas deseables en un estado como Veracruz y en la mayoría de los estados, que ha y han sido tan lastimados por el fenómeno de feminicidio y desapariciones, sin embargo, lo anterior no se materializa en un programa ni en una política pública seria.
Por ello es necesario que estas declaratorias cuenten con todo el apoyo en los diversos niveles de gobierno para generar medidas interinstitucionales y transversales para la atención del problema.
Dr. Pablo González Ulloa
Profesor investigador – UNAM
@elblopa
