La Organizaciones de la Sociedad Civil en México, a doce años de la Ley de Fomento

Las actividades realizadas por la sociedad civil en México son reguladas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) publicada en 2004. Esta ley si bien fue innovadora, dejó muchos puntos pendientes de ser atendidos los cuales han sido dejados de lado a 12 años de su promulgación (sólo han habido dos reformas mínimas en 2011 y 2012).  A partir de esta ley se instauró el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante el cual, hasta el momento, 32 mil han obtenido si Clave Única de Registro (CLUNI).

La LFFAROSC intenta ser un referente para las leyes estatales, pero esto no es así, ya que sólo 15 de las 32 entidades del país cuentan con una Ley estatal que considere a las OSC. En el ámbito federal tampoco hay uniformidad (en un punto fundamental como el otorgamiento de fondos no hay requerimientos comunes para participar en los diversos programas de las OSC a nivel federal y los requisitos de éstos varían dependiendo de la instancia que los opere, siéndola CLUNI, uno de los únicos requisitos comunes), así como duplicidad de registros, tanto en las diferentes instancias como a nivel local. En el ámbito fiscal, las regulaciones han priorizado el establecimiento de límites de gastos de administración y una carga administrativa que mete a todas las organizaciones en la misma bolsa, lejos de brindar facilidades para las OSC y un impulso más decidido a sus actividades.

Además, los beneficios fiscales existentes (actualmente hay un poco más de 12 mil) favorecen a pocas OSC que logran cumplir con los requisitos establecidos de manera ambigua y recientemente se dio una álgida discusión en cuanto a una iniciativa para reformar el marco fiscal que afectaba directamente a las donatarias autorizadas (http://bit.ly/2dcnwrR).

Uno de los requisitos que enfrentan las OSC consiste en que el objeto social que realizan debe estar en la lista que el SAT reconoce, las cuales no son las mismas que las reguladas por la LFFAROSC, incluso si una OSC se dedica a más de uno se deben tramitar permisos diferentes. Se debe tomar en cuenta que la estructura administrativa de las OSC es mínima en la gran mayoría de los casos, por lo que las obligaciones que contraen al ser donatarias autorizadas implica una gran complejidad burocrática y más carga administrativa, con lo cual el costo beneficio a veces no se corresponde.

Respecto a los apoyos otorgados por instancias gubernamentales, representan un porcentaje mínimo de los recursos con los que las OSC operan, ya que el 85% de sus recursos son autogenerados según un estudio de la John Hopkins University y sólo 8% son recursos públicos, muy lejos de los países de Latinoamérica y Europa que rondan entre el 15% y 35%. Asimismo, al no establecerse una proporción del PIB destinada a este fin o que los recursos no sean menores a los del año anterior, se deja a las OSC con menos opciones de financiamiento para llevar a cabo sus actividades.

Otro punto es que de los recursos federales destinados a las OSC, una gran proporción (30%) se destina a instituciones cuasi gubernamentales (GONGOS por sus siglas en inglés). Por lo tanto, los recursos destinados a las OSC son aún menor a lo que se manifiesta en el Anexo de la Cuenta Pública Federal (http://bit.ly/2gtJN5C).

Los escasos recursos, junto con las deficiencias en la entrega derivan en importantes deficiencias en el sector. Lo anterior se vincula directamente con la intermitencia de los apoyos, ya que las OSC únicamente pueden plantear proyectos de corta duración, tomando en cuenta que los recursos se entregan mayo, incluso hay antecedentes de entrega de recursos en octubre o noviembre pera ser ejercidos en el mismo año, y que no se permiten proyectos multianuales, lo que conduce a serias limitaciones en el impacto que se podría generar.

La desconfianza hacia las OSC es otro aspecto que se debe tomar en cuenta, cifras tomadas a partir de la Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil de 2013, dan cuenta de que el 43% de las personas encuestadas desconfían de las organizaciones que piden donaciones, mientras que el 82% que realizan acciones voluntarias o filantrópicas, prefieren dar su aportación directamente a las/os necesitadas/os y únicamente el 10% haría su aportación por medio de una organización. Lo cual habla de la poca institucionalización de la filantropía en México, lo que afecta directamente la profesionalización y el crecimiento del sector.

Algunos de los problemas enumerados: falta de recursos, duplicidad de trámites, dificultad para acceder a incentivos fiscales, generan que a pesar del crecimiento sostenido del sector, la proporción que tiene respecto al número de habitantes aún sea reducida. En México, hay 27.7 OSC por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos la proporción es de 670 OSC y en Chile de 650.

A nivel interno, la distribución de las organizaciones también es desigual. Por un lado, la Ciudad de México (CDMX) es la entidad tiene 66.2 OSC por cada 100,000 habitantes, seguida de Durango con 52 y Oaxaca con 47.5. Por otro lado, Tamaulipas cuenta únicamente con 11 OSC por cada 100,000 habitantes, Nuevo León tiene 13.6 y San Luis Potosí junto con Guanajuato con 14.8. También cabe destacar que en las entidades donde hay una gran concentración de OSC, su distribución no es uniforme, concentrándose en las capitales o en los centros urbanos, incluso en el caso de la CDMX en colonias específicas.

Lo anterior sólo refleja a las OSC con CLUNI en México, pues existen organizaciones que prefieren no constituirse de manera formal. En cuanto a las actividades que las OSC realizan, de acuerdo con el Informe de Labores 2015 del Instituto Nacional de Desarrollo Social, la mayoría concentra sus esfuerzos en temas de desarrollo integral comunitario, sociedad incluyente y cohesión social y promoción de actividades culturales, científicas y deportivas.

A pesar que todavía falta mucho por hacer en México, las OSC son actores fundamentales en el desarrollo de la vida pública del país, ya que es un agente activo de cambio social, que ha crecido, se ha multiplicado y ha aterrizado cada vez más en áreas diversas, lo que le ha permitido alcanzar un mayor impacto en términos de su contribución económica, generación de empleos.

Por ello a 12 años de la LFFAORSC es buen momento para generar una discusión en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector con el objetivo de generar una mejor gobernabilidad democrática, fortalecer la cohesión social y atender los grandes problemas del país con esquemas innovadores en dónde la sociedad civil sea un actor fundamental en el diseño de las políticas públicas.

Pablo Armando González Ulloa Aguirre

Investigador / FCPyS / UNAM

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