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Yair Canizalez
En los últimos 10 años se ha incrementado considerablemente los actos criminales de alto impacto en México; mismos que son observables en los estudios realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano (http://onc.org.mx/); los índices de criminalidad se han dado por las deficiencias sociales e Institucionales, mismas que han hecho perder la confianza en las funciones y en la estructura del Estado. Sin embargo, se podría pensar que las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018, son las pertinentes para dar solución a mediano y largo plazo a los conflictos de carácter social; dentro de los cuales tenemos a los Centros de Readaptación Social de nuestro país, en donde es observable la ineficacia operacional que tienen por la corrupción, la negligencia y por las constantes violaciones a los Derechos Humanos.
El Sistema de Readaptación Social en México, cuenta con más de 420 Centros de Readaptación Social, a niveles Municipales, Estatales, Federales y Prisiones Militares; mismos que requieren una transformación para satisfacer la demanda social de seguridad, principalmente en la prevención del delito.
Hay constantes violaciones a los Derechos Humanos dentro de los Centros de Readaptación, y visto lo ordenado por la Constitución en su Artículo 102 apartado B, el cual permite que la CNDH intervenga llevando a cabo programas como “Pronunciamientos”, y ha dado innumerables “Recomendaciones” a los Centros de Readaptación Social y Prisiones Militares, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, conforme a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En el artículo 18 Constitucional establece que “el Sistema Penitenciario se organizará sobre el respeto a los derechos humanos”, siendo una Institución de Control Social que utiliza el Estado para garantizar el orden y la paz social de los ciudadanos que se manejan dentro de la norma y la legalidad.
Lo estipulado por el artículo 18, párrafo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda inoperante en virtud a los datos extraídos de las Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional. La población total penitenciaria a finales del 2015 era de 147 488 personas internas, los Centros de Readaptación Social en su mayoría carecen de programas para la prevención de adicciones, programas de desintoxicaciones voluntarias, faltos de Manuales de Procedimientos y Protocolos para el ingreso, en los traslados de internos, motines, uso de la fuerza, revisiones en los visitantes, entre otras más, sumando el abuzo de las autoridades por parte de los Servidores Públicos, y las acciones que favorecen la violencia entre los internos.
Estas negligencias han llevado a los Centros de Readaptación Social a llegar a situaciones extremas, como por ejemplo, lo ocurrido en febrero del 2012 cuando se presentó una riña en el Penal de Apodaca que provocó la fuga de un aproximado de 30 internos; en Coahuila del 2011, 131 internos salen por la puerta principal del Centro Penitenciario; en este año, la tragedia de Topo Chico, donde enfrentamientos entre internos dejan más de 40 muertos, y salen a la luz múltiples irregularidades y actividades ilícitas de este Centro Topo el Chico, dominado por Organizaciones Criminales; no obstante también los Servidores Públicos se han corrompido para obtener un beneficio económico extra.
La cárcel es un término siempre presente en nuestros discursos criminológicos. Es una realidad – verdad siempre analizada y cuestionada en que a la pena, las leyes le asignan la finalidad de “prevención especial” o sea, la “resocialización” a tevés de un “tratamiento”. Nosotros negamos ese discurso porque no hay coincidencia de esas definiciones con la realidad. (GONZALEZ VIDAURRI. 1991.).
Los Derechos Humanos profesionalizan las acciones de nuestras Instituciones públicas y privadas, es momento de concientizarnos para construir una mejor sociedad, y mejores instituciones que fortalezcan nuestro país. Trabajar como sociedad junto a las Instituciones de Seguridad, y adquirir una cultura de denuncia, una cultura de legalidad, un compromiso como individuos y dejar de sumar a la corrupción, permitirá que exista la prevención del delito.
Yair Canizalez
Licenciado en Derecho y Seguridad Pública
@CanizalezLic @ObsNalCiudadano
