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¿Cuántas veces en la vida hemos escuchado la famosa frase “El que no transa no avanza”? La corrupción es, por desgracia, una conducta arraigada entre la sociedad mexicana. A pesar de ello, según el Barómetro Global de la Corrupción 2013[1], más del 90% de los mexicanos consideran que la corrupción es un problema, y es además uno de los más importantes de acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015[2]. El 50.9% de los encuestados en dicho estudio, ubicaron a la corrupción como el segundo problema más preocupante para el país, solo detrás de inseguridad y delincuencia.
De manera general, Transparencia Internacional[3] define a la corrupción como el abuso de un poder público para beneficio personal[4]. A su vez, esta organización elabora el Índice de Percepción de la Corrupción[5], en cuya última edición en 2015, México se ubicó en el lugar 95 de los 168 países que fueron evaluados, en donde las primeras posiciones las ocupan los países considerados menos corruptos.
La corrupción tiene una multiplicidad de consecuencias que hacen importante su erradicación. Entre las más conocidas, la corrupción es un obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho, al restarle legitimidad a las instituciones que frecuentan estas prácticas. Además, la corrupción provoca una fuga de recursos que deberían destinarse a fines específicos, por lo que también representa un costo económico. Entre otras, la corrupción daña la economía familiar de las personas en situación de pobreza y profundiza la desigualdad del ingreso[6].
Pero no se pueden plantear estrategias efectivas para combatir estas prácticas, si no existe una noción de la magnitud del problema o maneras de medir su impacto. El caso de la corrupción es particularmente complicado, ya que implica actos realizados de manera clandestina, y que en muchas ocasiones no son denunciados. La cifra negra de la corrupción (es decir, el porcentaje de delitos cometidos pero no castigados) es de 95%, muy similar al del resto de las violaciones a la ley[7].
Las razones para no denunciar actos de corrupción pueden ser variadas. Una de ellas es que simple y sencillamente, los niveles de denuncia de este delito son similares a los del resto de violaciones a la ley. De acuerdo a la ENVIPE 2015[8], sólo 10 de cada 100 delitos cometidos en México son denunciados. En el 63% de los casos, las causas de la no denuncia son atribuibles a la autoridad, donde se incluye: Miedo a que le extorsionaran, Pérdida de tiempo, Trámites largos y difíciles, Desconfianza en la autoridad y Actitud hostil de la autoridad.
Otra razón puede ser que, en muchos de los casos, el potencial denunciante fue partícipe del acto de corrupción. Ante una práctica que se ha vuelto tan arraigada en nuestro país, no participar en actos de corrupción y concretamente en el pago de sobornos, también tiene sus consecuencias. La Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008[9] señala entre éstas: Trámites más lentos (47%), Multas injustificadas (27%), Pérdida de contratos (21%), Aumento de costos de operación (21%) y Falta de vigilancia e inseguridad (7%). Con estas cifras, es evidente que más que una mala práctica, la corrupción se ha convertido prácticamente en un estilo de vida.
La falta de denuncia de este delito es, por supuesto, un obstáculo para la aplicación de las sanciones correspondientes. De acuerdo al Índice Global de Impunidad de México (IGI-MEX) 2016[10], los delitos no denunciados son un eslabón en la cadena de la impunidad, junto con el mal funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos.
La denuncia está establecida en la Constitución Política Mexicana como un requisito de procedibilidad, es decir, como una condición sin la cual no puede iniciarse o continuarse una averiguación previa, y en cuyo caso el delito pasa a formar parte de la cifra negra. Sin denuncia disminuye la posibilidad de que haya una sanción para el infractor.
Según el INEGI[11], desde hace algunos años, las acciones anticorrupción se han enfocado en mejorar la transparencia mediante la declaración patrimonial de servidores públicos y en fortalecer mecanismos de denuncia ciudadana. En el primer punto ya se aprobó en 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé cambios prometedores para nuestro país. Sin embargo, este sería un logro incompleto sin la participación de la ciudadanía para denunciar actos de corrupción.
Ante estas fallas, la sociedad civil ha puesto en marcha algunas estrategias para contrarrestar la problemática. La plataforma Yo Di Un Moche (www.yodiunmoche.mx) es un ejemplo de iniciativa para el reporte anónimo de casos de soborno. El sitio está basado en la iniciativa de la India, llamada I paid a bribe, que pretende evidenciar la corrupción en el país asiático. Yo Di Un Moche, por su parte, busca evidenciar la incidencia y el costo monetario de la corrupción en Nuevo León y particularmente en Monterrey y su Área Metropolitana. No obstante, se está revisando la posibilidad de extender el proyecto a otros estados que han mostrado interés en la iniciativa.
Esta plataforma permite visualizar el número de “moches” reportados, así como el monto monetario total que representan. En este sentido, se pretende que esta plataforma funcione como un sitio para evidenciar la magnitud de la corrupción, como un primer paso para concientizar a la población sobre la importancia de erradicar estas prácticas.
El sitio también permite evidenciar qué tipo de moches se solicitan con mayor frecuencia. En más del 70% de los casos, el moche se le dio a un Policía o Tránsito, cantidad que dista considerablemente del resto de instancias reportadas (Administración Estatal 7%, Administración Municipal 6%, Servicios Públicos 4%, entre otros). Los casos van desde $50 pesos a agentes de tránsito por faltas administrativas hasta pagos para ganar una licitación pública por más de un millón de pesos[12].
Pero, ¿qué es lo que sigue? Esta plataforma cuenta también con recursos para facilitar el proceso de denuncia de este delito ante las autoridades correspondientes. Asimismo, se busca que con los reportes recabados se pueda generar un análisis sobre la magnitud de la corrupción, que permita elaborar mejores estrategias para combatirla.
No hay que olvidar, que para que estas políticas resulten funcionales es indispensable la participación de la ciudadanía. Si bien es cierto que es responsabilidad de las autoridades tomar acciones para combatir la corrupción, es requisito indispensable que usemos los mecanismos a nuestro alcance para denunciar y alzar la voz en contra de prácticas deshonestas. Al final de cuentas, todos somos parte del cambio que nos lleve a construir un mejor país.
Por Karina Denisse Cantú López
Observatorio Ciudadano de Nuevo León
@ObservatorioNL @ObsNalCiudadano
Bibliografía
Amparo Casar, María, México: Anatomía de la Corrupción, México, IMCO, 2015, p. 5.
Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Universidad de las Américas Puebla, Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016, México, UDLAP, 2016.
Hernández, Julio, Denuncia, delación y pesquisa, México, UNAM, URL= http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3228/16.pdf
INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), México, 2015.
INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de Diciembre), Aguascalientes, 2015.
INEGI, Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2015.
KPMG, Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, KPMG en México, 2008
Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción, 2013.
Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2015, 2015.
Yo Di Un Moche, 2016, www.yodiunmoche.mx
[1] Transparencia Internacional, Barómetro Global de la Corrupción, 2013.
[2] INEGI, Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), 2015.
[3] Transparencia Internacional, FAQS on corruption, 2016.
[4] Nota: El Instituto Mexicano de la Competitividad en el libro México: Anatomía de la Corrupción, hace un apunte relevante al respecto: La definición de Transparencia Internacional se enfoca en corrupción en el sector público, aunque esta problemática puede extenderse al sector privado. Por ello, plantean otra definición del concepto: “el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa o de una persona en relación a sus obligaciones como ciudadano”.
[5] Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción 2015, 2015.
[6] Amparo Casar, María, México: Anatomía de la Corrupción, México, IMCO, 2015, p. 5.
[7] Ídem.
[8] INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE), México, 2015.
[9] KPMG, Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, KPMG en México, 2008.
[10] Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y Universidad de las Américas Puebla, Índice Global de Impunidad México IGI-MEX 2016, México, UDLAP, 2016.
[11] INEGI, Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción (9 de Diciembre), Aguascalientes, 2015.
[12] Yo Di Un Moche, 2016, www.yodiunmoche.mx
