Hace unos días, tuve la fortuna de realizar un viaje hacia Vancouver. En ese viaje mi compañera de asiento era una ex profesora mexicana que vive junto con su familia en esta hermosa ciudad canadiense. Lamentablemente la razón por la que ahora radica en esta ciudad no es la mejor, tuvo que abandonar Tamaulipas debido a las constantes amenazas que vivía. De acuerdo con su historia, los empresarios se ven sometidos a constantes abusos por parte de la mafia, la cual controla innumerables municipios y pide derecho de piso a estos a cambio de dinero. Estos pagos se dividen en dos formas. El primero se llama inscripción, el cual consiste, de la misma manera que hablemos de un antro, en un pago fijo que funciona como un cover, que le da derecho a operar siempre y cuando pague además, el segundo tipo de cuota, una mensualidad a perpetuidad. Los montos del cover y la mensualidad están sujetos a la capacidad económica del dueño de la empresa. Este método de discriminación de cobros le permite a la mafia extraer la mayor cantidad de riqueza de una manera eficaz y eficiente a todo tipo de empresario.

Desgraciadamente, esto que ya de por sí es terrible no se detiene ahí, la mafia otorga concesiones para la venta de productos en sus zonas controladas, convirtiéndose de facto el organismo rector de la oferta de bienes y servicios, al mismo tiempo que es capaz de expropiar los activos de la empresa cuando lo considera necesario.

De esta manera los grupos criminales, como si fueran un gobierno totalitario, cobran impuestos, asignan derechos y asumen la propiedad de los activos de la planta productiva. Como ya se puede imaginar estimado lector, las instituciones formales que deberían respaldar y defender a la ciudadanía sirven con su infraestructura humana y física como operadores de mafia. Con esto presidencias municipales, policías y en general el grueso del gobierno actúan coludidos por amenaza y/o complacencia.

¿Qué es necesario para que las organizaciones criminales asuman el control de comunidades e incluso países? La respuesta está en la inefectividad del Estado y en concreto esta inefectividad se presenta en tres hechos concretos. En primer lugar, está en que las personas se encuentran protegidas por las consecuencias de sus actos; es decir, las personas no temen romper una regla o norma ya que no serán castigados; en segundo lugar, la probabilidad de ser atrapado es baja; en tercer lugar, los agentes pueden no tener el más mínimo deseo de cooperar o pueden sentirse ajenos a la regla. En este último caso un factor que puede desatar dicha postura es la heterogeneidad social explicada por la distancia social entre individuos con respecto al lenguaje, religión, cultura, educación, ingreso, aspectos étnicos, y/o estatus social. En suma, esto llevaría a pensar a un individuo que la gente diferente puede ser menos confiable per se.

Hirshleifer (1988) y Baumol (1990) proponen analizar a las organizaciones criminales como instituciones que buscan rentas a través de la competencia o la colusión con el gobierno. Estas organizaciones surgen para realizar actividades productivas y/o coercitivas dependiendo de la tasa de retorno de cada actividad.

Helmke y Levistky (2004) y Van Cott (2006) muestran diferentes escenarios cuando una institución formal, piense en el Estado, es efectiva o inefectiva y las instituciones informales convergen o no en objetivos de ésta. Es importante señalar que las instituciones informales no tienen un respaldo reglamentario explícito, sino más bien inarticulado basado en convenciones, creencias, expectativas, costumbres. Para clasificar las instituciones informales hablaremos de dos grandes tipos: las normas sociales y las redes, que en conjunto llevan el nombre de capital social. La separación de normas y redes proviene de Uphoff (1990), hablando de las primeras como manifestaciones cognitivas del capital social y las segundas como estructurales.

Algo importante a señalar es que la heterogeneidad social impacta a su vez en la naturaleza de las redes y las normas, generando el caldo de cultivo para un fácil dominio de las organizaciones criminales. Si bien las redes, de acuerdo con Putnam (1993) y Coleman (1990), generan a través de la interacción social horizontal, normas deseables, confianza, hábitos de cooperación, solidaridad y sentido social, también, como lo señalan Stolle y Rochon (1998) y Varshney (2002), sus efectos positivos dependen del propósito del grupo. De hecho, puede suceder que dentro de cada uno de los grupos segregados por etnicidad, ingreso u ocupación se construya cooperación y confianza; sin embargo, dicha confianza puede no extenderse hacia agentes externos del grupo, y en su lugar tener un comportamiento de nula colaboración y en ciertos casos, agresivo. Un factor de suma utilidad para la mafia organizada.

Cuando la institución formal es inefectiva y la institución informal comparte los objetivos del Estado, ésta se vuelve sustituta. En cambio, si la institución informal no comparte los objetivos, la institución informal se vuelve competidora. Este es el caso cuando las organizaciones criminales toman el poder.

Como ya se señaló el primer caso consiste en que una institución informal sustituya a la formal.  Este es de los casos más estudiados en la literatura. Helmke y Levistky (2004) muestran casos de sustitución y presentan como la ineficacia de las instituciones formales llevan a la presencia de instituciones informales que dan resultados a las comunidades. Un ejemplo se aprecia en las Rondas Campesinas en Perú. En el caso de México se aprecian linchamientos a ladrones, a los cuales la población castiga al privarlos de su libertad y al imputarles penas físicas que pueden llevarlos a su muerte, prohibiendo la intervención de autoridades. A estos últimos se les culpa de ineficacia y en algunos casos de corrupción. Otro ejemplo reciente es la presencia de los grupos de autodefensa, en donde la gente se levanta en armas en respuesta ante las mafias del narcotráfico, asumiendo de esta manera el papel del Estado.

Otra lectura proviene del hecho señalado por Fiorentini y Peltzman (1995). Cuando el gobierno define como ilegales ciertas actividades (tráfico de drogas, trata de personas), las organizaciones criminales sustituyen al tomador de decisiones colectivas. En otras palabras, aquella organización criminal que haya alcanzado un control relativamente estable de un territorio a partir de las actividades coercitivas define el qué, cómo y cuándo de las transacciones. Provee a los agentes de un marco institucional que define los derechos de propiedad, brinda servicios de resolución de conflictos, e incluso puede imponer restricciones a la entrada.

Lo anterior da pie a enunciar el segundo tipo de institución que aparece ante la ineficacia de las instituciones formales: la institución competidora. Helmke y Levistky (2004) muestran que estas instituciones no buscan los mismos fines que la institución formal, de hecho, pueden violarlas o ignorarlas. De esta manera, al respetar normas de este tipo de institución, se violan las que están relacionadas a la formal. Ejemplos se encuentran con las mafias, clanes políticos, clientelismo, redes de corrupción y la enajenación de los bienes públicos y privados por parte de los que ejercen el poder.

Fiorentini y Peltzman (1995) señalan que las organizaciones criminales se vuelven instituciones competidoras cuando las actividades se llevan a cabo en mercados legales. Ante este hecho, las organizaciones criminales asumen un papel regidor y autoritario que un Estado inefectivo no logra adoptar. Propiamente tomará el papel de éste al cobrar impuestos (derechos de piso), definir y proteger derechos de propiedad y asignar bienes públicos. A partir de la adopción de estos privilegios propios del Estado, se regula las transacciones de la comunidad y alinea el capital social con sus objetivos. En concreto, las normas sociales y las redes están a su servicio y las que no sirven a sus propósitos son aplastadas.

Tamaulipas es la historia de una vida que se muere, en donde sus hijos tienen que exiliarse, someterse o morir. En la medida en que ocultemos esta historia nos exiliamos todos, nos sometemos todos, nos condenamos todos. Este Estado Fallido no es hijo de la casualidad, es hijo de la apatía, la corrupción, la simulación y la desigualdad. Comencemos por reconocernos en esta historia que está a la altura de todas nuestras pequeñeces y miserias, para poder remediarlas y poder aspirar verdaderamente a un futuro mejor. De no hacerlo, nuestro viaje no tiene retorno.

Hugo Fuentes - Profesor investigador del Tec de Monterrey CCM

Manuel Vélez  - Investigador ONC

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

Pese a que el cobro de derecho de piso es una práctica común en la entidad, el registro estadístico por parte de la procuraduría estatal es deficiente. De acuerdo con el documento Análisis de la extorsión en México 1997-2013 publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano, Tamaulipas reporta como inexistente la información relativa a la extorsión en la modalidad “por derecho de piso”.

Hirshleifer, J. (1988). The Analytics of Continuing Conflict. Synthèse. 76: 201-233

Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy. 98 (5): 893-921

Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Cambridge Journals, 725-740

Van Cott, D. L. (2006). Dispensing Justice at the Margins of Formality. In G. Helmke, & S. Levitsky, Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America (pp. 260-273). Baltimore: John Hopkins University Press.

Uphoff, N. (1990) A conceptual and empirical study of collective action for conserving and developing watersheds in Rajasthan, India. Washington, D.C: The World Bank

Putnam, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press

Stolle, D., & Rochon, T. (1998). Are All Associations Alike? Member Diversity, Associational Type and the Creation of Social Capital. American Behavioral Scientist, 47-65

Varshney, A. (2002). Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India. New Haven: Yale University Press

op. cit.

Fiorentini, G y Peltzman, S. (1995). The Economics of Organized Crime, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-30

op. cit.

op. cit.

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