“Soldados autorizados para transitar las calles en funciones, cargando un arma lista para cualquier eventualidad. Refuerzo de controles fronterizos o capacidad para realizar requisamientos, de día o noche, en cualquier vivienda o local en todo el país.”  No, no estamos hablando de México, sino de las medidas de excepción que entraron en vigor en Francia tras los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015. Mientras que el pueblo francés mira con recelo las medidas cautelares del estado de excepción, nuestro día a día no dista de tener las mismas características que pasan, a nuestros ojos, desapercibidas.

Después de 10 años del incremento de los índices delictivos en México nos podemos preguntar cuáles son las consecuencias o efectos nocivos que ha dejado este problema. En principio, pensemos en la cantidad abrumadora de víctimas de diversos delitos de alto impacto, el número de personas que han sido desplazadas por la violencia, o bien en aspectos más cotidianos como el cambio de hábitos de las personas. Los costos derivados de la violencia son múltiples y las diversas metodologías existentes nos pueden dar una medida pocas veces comparable de la magnitud de estos costos. Estas cifras pueden parecer muy lejanas a nuestra realidad cuando se expresan en términos monetarios. En contraste, un efecto pocas veces discutido pero cuyo impacto en la vida diaria es portentoso, es la disyuntiva (trade-off) entre seguridad y libertades civiles.

Naturalmente como sociedad deseamos que haya menor prevalencia delictiva, anhelamos sentirnos seguros en las calles. Para lograr esto las autoridades pueden elegir múltiples alternativas: desde crear nuevas fuerzas policiacas, implementar políticas de prevención, mejorar la eficacia de las instituciones de seguridad o, en casos extremos, limitar las garantías individuales. Contextos con altos niveles de impunidad, escasos resultados de las políticas públicas y reclamos generalizados de la sociedad, pueden favorecer la popularidad relativa de medidas represivas entendiendo estas como aquellas que requieren el sacrificio libertades civiles para garantizar mayor seguridad. Ejemplos de estas medidas incluyen: más atribuciones a las fuerzas policiacas, más injerencia de fuerzas armadas, aquiescencia pública de métodos como la tortura, entre otras.

¿Qué es la seguridad pública? Desde una perspectiva económica, la seguridad pública debiese ser un bien público no rival ni excluyente. Es decir, "un bien que está disponible a todos y cuyo uso por una persona no sustrae del uso a otros." El problema se gesta cuando no es disponible para todos, o no en la misma medida. Y que al caer en el abismo de inseguridad, se apueste por una “mano dura” que limite las garantías individuales por las cuales se ha luchado tanto.

No fue sino hasta 1948 que se dictó la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y se reconocieron las garantías mínimas de cualquier ser humano. De facto, estas garantías no siempre se han respetado y la lucha civil para lograr el respeto de los derechos fundamentales ha sido ardua. El estado de excepción representa una restricción de las libertades individuales; en particular, sobre los siguientes Artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

●Art. 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

●Art. 11 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

●Art. 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.

●Art. 13 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

●Art. 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

¿Qué tan lejana es nuestra realidad con un estado de excepción?

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Fuente: elaboración propia

Francia está escandalizada y distintos líderes religiosos se preguntan qué es lo que está pasando en Europa. ¿Y qué pasa en México que no nos percatamos siquiera que en esta disyuntiva entre seguridad y pérdida de garantías individuales estamos perdiendo ambas? ¿O acaso valoramos tan poco estas libertades?

Si lo vemos desde una perspectiva regional, el reporte “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que el apoyo a la mano dura y a leyes más reactivas en la región tiende a ser más frecuente entre aquellos ciudadanos que residen en ambientes inseguros y que perciben de manera negativa el desempeño actual de las autoridades.

Además de correr el riesgo de perder libertades civiles con la implementación de medidas de excepción, es probable que el proceso de consolidación democrática sea más lento. Por un lado, la confianza de los ciudadanos en mecanismos legales de solución de conflictos se erosiona paulatinamente. Por otro, abona a una mayor tolerancia de arbitrariedades y a una ruptura entre los ciudadanos y el Estado. Estas señales son la antesala perfecta para la aparición (o el resurgimiento) del autoritarismo.

Grisel Ayllón - @GriAyllon

Profesora investigadora del Tec de Monterrey CCM

Manuel Vélez  - @VelezManuel

Investigador del ONC

@ObsNalCiudadano

Informe Mundial 2015: México. Human Rights Watch.

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