De la participación ciudadana y otras decepciones

En la actualidad, la participación política en México es muy limitada, y por lo tanto, el ejercicio pleno de la democracia por parte de los ciudadanos es todavía un derecho que no caracteriza a nuestro país.

La falta de confianza en la capacidad de los individuos para incidir en las decisiones públicas, representa un elemento que inhibe aún más dicha participación, pues es claro que en la actualidad el sufragio universal no es suficiente para lograr satisfacer la necesidad de representación de los intereses de su población. “En las democracias representativas contemporáneas el ejercicio del poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen del derecho al voto, hecho que, en gran medida, es resultado de la existencia de diversos factores que, simultáneamente, afectan a la estabilidad social y a la gobernabilidad”[1].

A pesar de lo sorprenden que puede parecer, tanto en México como en el resto de América Latina, todavía no están claros ni siquiera los fundamentos del Estado de Derecho. No está claro cuál es su contenido mínimo, qué puede hacer para consolidar nuestras incipientes democracias o por qué sería útil para disminuir nuestros índices de violencia cotidiana. En ese nivel básico nos encontramos, es decir, en el de tener que explicar, y repetir sin tregua, cosas que en otros lugares podrían parecer obvias…

La capacidad legitimadora que tienen conceptos como el de democracia, constitucionalismo, igualdad, imperio de la ley o Estado de derecho es con frecuencia manipulada por gobiernos y gobernantes cuya actuación más bien se cifra en la conculcación de todos ellos, antes que en su respeto. Es importante, por ello, aportar elementos analíticos que sirvan para desarmar la retórica que, buscando legitimación por vía de los puros discursos, termina haciendo naufragar cualquier idea que pudiera servir para alcanzar mejores condiciones de vida en nuestras frágiles democracias[2].

Según Kees Koonings, los Estados en América Latina suelen fallar diversos rubros, como en  la incapacidad de controlar su territorio (sea total o parcial); falta de fuerza institucional para garantizar la seguridad de los ciudadanos debido a que se disputa el monopolio del uso exclusivo de la fuerza; su debilidad le impide mantener el orden legal interno; los servicios públicos que provee son insuficientes y no puede crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos accedan a ellos, sin embargo, la mayoría fracasan en el mantenimiento del monopolio legítimo del uso de la fuerza, lo que los lleva a fallar cuando pretenden imponer democráticamente el imperio de la ley. En estos vórtices provocados por las debilidades institucionales, es en donde aparecen las nuevas formas de violencia procedentes de la delincuencia organizada, de sectores marginados que buscan su subsistencia aún por encima de las leyes, de grupos paramilitares, de organizaciones corruptas infiltradas en las débiles estructuras institucionales, etc.

Basta con regresar un poco a los contractualitas de la modernidad[3], para recordar la situación del Estado de naturaleza, a la que nos llevaría que la violencia fuese usada por todos como un medio para conseguir ciertos objetivos. En los Estados actuales, la coexistencia sería sumamente inestable debido a la disputa y tensiones entre actores institucionales y grupos trabajando fuera de los marcos legales, sin embargo, esta situación es un común denominador para la mayoría de los Estados Latinoamericanos que exponen una fragilidad encubierta, es decir, en la superficie encontramos un entramado institucional democrático que protege los derechos humanos y promueve el desarrollo de la sociedad civil, pero que en el subsuelo de la estructura (provocado tanto por el sistema político, como por factores externos) encontramos prácticas violentas, antidemocráticas y transgresoras de los derechos humanos que impiden el desarrollo del Estado, afectando al mismo tiempo, las relaciones sociales al generar desconfianza y miedo entre los ciudadanos, y de estos para con las instituciones, socavando la economía, deslegitimando al Estado y a la democracia, y fortaleciendo las practicas informales transgresoras de la ley.

Para Koonings, la fragilidad del Estado en prácticamente toda América Latina, está más relacionada con su deslegitimación, que con el ataque directo y destrucción a las instituciones estatales. Para Marcelo Saín[4], encontrar el argumento de la violencia representa una labor más compleja que el mero recuento de los impactos o efectos, se debe ir a las causas primarias para comprender cuáles son los factores que la originan. Saín califica a los Failing State, debido a su incapacidad para que sus leyes sean efectivas, su falta de habilidad para que sus regulaciones políticas apliquen en todo su territorio, y sus desfases en su sistema de estratificación social, lo que provoca que la relación entre la sociedad y el Estado se dé con un bajo grado de institucionalización.

Para el caso de México, podemos encontrar algunas de las características antes mencionadas, ya que no representa un país en el que las instituciones hayan desparecido completamente. Dentro de su inestabilidad institucional, mantiene su aparato estatal y su fragilidad procede principalmente de su falta de legitimidad. Uno de los datos más reveladores del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México [5] corresponde a la confianza en las instituciones. Ya que representa la forma en que los ciudadanos confían o no en el funcionamiento institucional y apoyan el sistema. Aquí encontramos que en el ámbito nacional, el nivel de confianza hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados, excepto en tres casos: Ejercito, maestros e iglesias.

La deslegitimación del Estado, se agrava debido a múltiples factores que perjudican la relación de la ciudadanía con las instituciones, tales como el aumento de la pobreza, el uso corrupto y abusivo de los aparatos de justicia, la desigualdad, la falta de representatividad política, la falta de oportunidades para los jóvenes, el desempleo, entre otras; lo cual crea las condiciones apropiadas para la aparición de nuevas formas de violencia y criminalidad que abonan a que la percepción social identifique altos grados de inseguridad y deslegitimación del Estado y de la democracia.

Ya que el problema de la violencia y de la consecuente debilidad institucional de los Estados en América Latina, tiene que ver con el mismo proceso de su constitución, en donde durante décadas, diversos grupos, de izquierda y derecha buscaron lograr el cambio social mediante una visión mecánica del Estado, es decir, se pensaba que la toma del poder cambiaría de facto la orientación del sistema político. La violencia era en este planteamiento, un instrumento legitimo para mantener o conseguir legal o ilegalmente, el poder, y defender su visión sobre el Estado. Mientras esto ocurría, los cambios económicos y sociales provocados por el nuevo contexto de globalización, provocaron que la violencia se convirtiese en muchos ámbitos sociales, en una herramienta para la supervivencia.

Regenerar el tejido social, fortalecer las instituciones, legitimar al Estado, promover la construcción de una ciudadanía responsable, crear instituciones que respeten los derechos humanos y apuntalar la democracia como forma de gobierno es sin duda, una labor de largo plazo, y representa un objetivo irrenunciable.

El Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2013 publicado por la Fundación Konrad Adenauer (que considera variables como el respeto a los derechos políticos y libertades civiles, la calidad institucional y el grado de eficiencia política, el ejercicio del poder efectivo para gobernar, entre otros), nos muestra un retroceso del promedio regional del desarrollo democrático. Sin embargo, países como Uruguay, Chile y Costa Rica destacan del resto de los países latinoamericanos por su alto desarrollo democrático. Argentina, Panamá, México y Brasil integran un bloque de desarrollo medio.

En el caso específico de México, el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 2013 muestra que ha retrocedido un 5% con respecto al año pasado. Si bien forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio ubicándose en el séptimo lugar del ranking latinoamericano, apenas supera el promedio de la región. Uno de los retrocesos más importantes radicó en la dimensión social, y específicamente en el aumento de la violencia desde el sexenio de Felipe Calderón. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, uno excesivo de la fuerza, extorsiones, narcotráfico, tortura y violencia contra sectores vulnerables, sin que la gravedad de estos fenómenos fuesen reconocidos por las autoridades, según lo expone el Informe 2013 de Amnistía Internacional.

En el Índice de Paz Global, México obtiene una calificación de 2.5 y es ubicado en el lugar 138 de 162 países, además de que el costo de la violencia se estima en US$ 172,785,000,000.

El grave problema de debilidad institucional al que nos enfrentamos no depende del descrédito o ineficacia de alguna institución en específico, de algún político, partido político o grupo económico; el problema es la estructura en la que se ha montado la sociedad y sus instituciones. Si no asumimos la tarea de la construcción de la ciudadanía en clave democrática, legal y de derechos humanos, como la base de toda la sociedad y como el objetivo de toda institución, no podremos resolver estos problemas cuyas raíces se encuentran entrelazadas en lo profundo de la cultura. No es un problema sólo de percepciones, es un problema de usos y costumbres.

Christian Eduardo Díaz Sosa

Investigador – ONC

@ChristianDazSos @ObsNalCiudadano

[1] Casas, Ernesto, “Representación política y participación ciudadana en las democracias” en Revista Mexicana de Ciencia Política, México, volumen 51, 2009. número 205, p. 60.

[2] Carbonell, Miguel, et al., Estado de derecho: concepto, fundamentos y democratización en América Latina, México, Siglo XXI, 2002, p. 7.

[3] Hobbes, Rousseau, Locke.

[4] Saín, Marcelo, Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

[5] Instituto Federal Electoral, Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. 2014.