Violencia hacia migrantes centroamericanos en su tránsito por México

Todos hemos oído de los cientos de violaciones que sufren nuestros migrantes al tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos (EU) principal destino de la migración mexicana. Por ejemplo hemos escuchado de los casos en donde la patrulla fronteriza ha violado los derechos de nuestros paisanos, con detenciones injustas y fuera de la ley para después deportarlos de regreso a México, también hemos oído acerca de lo difícil que se ha hecho cruzar hacia EU como resultado del aumento de las medidas de seguridad, lo que ha provocado que las personas busquen nuevas rutas de cruce cada vez más peligrosas, no solo por las inclemencias naturales, sino también porque estas han sido controladas por grupos del crimen organizado para el trasiego de drogas.

Todas estas injusticias y violaciones a los derechos humanos hacen que nos indignemos y reclamemos al gobierno estadounidense la falta de respeto a los derechos de nuestros connacionales, sin embargo México, como país de tránsito de migrantes, no predica con el ejemplo, ya que representa un peligro para la migración Centroamérica que se dirige a EU, debido entre otras razones a la delincuencia que sufren estos migrantes por parte de los grupos del crimen organizado y/o las violaciones y atropellos de las autoridades.

Es así que frecuentemente escuchamos de noticias acerca del descubrimiento de fosas clandestinas donde se hallaron cuerpos de presuntos migrantes, o de operativos en donde fueron liberados luego de ser secuestrados por grupos del crimen organizado¹ así como de muchos otros migrantes que han sido extorsionados por agentes del gobierno, quienes les quitan el poco dinero con el que cuentan durante su travesía por México.

A lo anterior debemos sumar las historias acerca de las muertes, mutilaciones y lesiones sufridas por centroamericanos montados en  “la Bestia” (trenes que viajan desde la región sureste del país hasta la frontera norte de México) cuyo traslado resulta inclemente debido a las precarias condiciones en las que viajan los migrantes a bordo, sumado a las violaciones y delitos de los que son víctimas en su trayecto, por parte policías y criminales.

No obstante, la falta de confianza en las autoridades mexicanas, el desconocimiento de las leyes y derechos con los que cuentan, y el miedo a ser deportados a sus países de origen, hacen que muy pocos de los migrantes denuncien los delitos que sufren, y si a esto sumamos el nulo interés del gobierno mexicano para determinar, cuantificar y solucionar el problema, podemos entender porque son escasas las estadísticas y datos que se tienen acerca de la incidencia delictiva hacia los migrantes en tránsito.

En un intento por hacer visible parte de esta problemática el Observatorio Nacional Ciudadano en su estudio Análisis integral del secuestro en México (2014)² abordó un capítulo sobre el secuestro de migrantes, en donde a partir de solicitudes de información a las instituciones encargas de salvaguardar la seguridad de los migrantes, encontró serias deficiencias en los registros y una falta de uniformidad.

Los datos obtenidos dejan mucho que desear pues por un lado la Procuraduría General de la República entre 2010 y junio de 2014 contabilizó únicamente 48 averiguaciones previas por el delito de secuestro cometido contra migrantes, por otro lado el Instituto Nacional de Migración (INM) tuvo conocimiento de 590 casos de migrantes secuestrados entre 2000 y el 30 de mayo de 2014, mientras que la Policía Federal (PF) en el periodo 2007 al primero de mayo de 2014 rescato a 71 415 migrantes de los cuales la mayor parte habían sido privados de su libertad en Chiapas y Veracruz al contabilizar el 38.77% del total nacional. Pese a esta diferencia en la cantidad y continuidad de los registros proporcionados, es evidente la enorme problemática que representan los secuestros de migrantes en el país.

A pesar de la gravedad del problema, poco se ha hecho en materia de políticas de seguridad hacia los migrantes en tránsito por México y pese a que en 2011 se publicó la Nueva Ley de Migración la cual fue anunciada como uno de los primeros pasos para el reconocimiento de los migrantes en tránsito y el respeto a sus derechos humanos, la realidad es que a más de 4 años de su publicación, no se han visto los resultados esperados, pues miles de personas siguen entrando de manera ilegal al país debido a los requisitos restrictivos que impiden a los centroamericanos solicitar una visa de visitante³, colocándolos como un grupo vulnerable, propensos a ser víctimas de la delincuencia. Además, no se han creado los mecanismos certeros que salvaguarden su seguridad y mucho menos instrumentos que permitan cuantificar las violaciones a las que son sometidas las miles de personas que año con año tratan de cruzar por México.

Lo que sí es evidente es que desde la puesta en marcha de la Ley de Migración y particularmente desde el inicio del Programa Frontera Sur⁴ implementado por el gobierno federal en 2014 se ha dado un crecimiento de las deportaciones de centroamericanos, lo que ha provocado que de acuerdo con el Observatorio de Migración las deportaciones en México entre 2013 y 2014 crecieran un 33.26% para llegar a 107 814 deportados, de los cuales el 97.67% eran migrantes centroamericanos⁵.

Este aumento en el número de deportaciones en México ha sido acompañado de un incremento de las quejas de abusos por parte de funcionarios del INM tales como golpizas, extorsiones y robos entre otros, y como señala el Observatorio de Migración con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el periodo julio 2014 a junio de 2015 se han reportado 39% más quejas que en los 12 meses previos⁶. Esto pone en evidencia que los objetivos de la Ley de Migración y del Programa Frontera Sur están focalizados hacia el control migratorio y no en la protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito como se tenía planteado.

Por tanto como lo mencionan diversas organizaciones entre ellas FUNDAR⁷, se deben hacer modificaciones a la actual ley de migración que den un acceso real de justicia y protección a los migrantes en tránsito por México, permitiendo flexibilizar los procesos de regulación migratoria y capacitando al personal del INM hacia un enfoque de seguridad humana.

A lo anterior debemos agregar el diseño de protocolos que permitan homologar y llevar el registro adecuado de los delitos cometidos a migrantes atendidos por las diversas instituciones de seguridad pública, a la par del desarrollo de instrumentos de medición que cuantifiquen la magnitud real de los delitos cometidos hacia los migrantes en tránsito, con el objetivo de tener indicadores certeros que permitan elaborar políticas en materia de seguridad para minimizar los riesgos y la criminalidad que sufren los migrantes al constituir un grupo vulnerable presa de la delincuencia organizada en México.

[1] Uno de los muchos casos conocidos fue el hallazgo de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en 2010 presuntamente cometidos por el grupo criminal de Los Zetas.

[2] El documento completo Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática puede ser descargado en: http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/08/Secuestro2014.pdf

[3] A partir de la Nueva Ley de Migración de 2011 se creó la visa de visitante, la cual permite a los extranjeros permanecer en México hasta por un periodo de 180 días, no obstante los requisitos para obtener este permiso hacen que sea casi imposible para muchos migrantes centroamericanos poder obtenerla.

[4] El Programa Frontera Sur fue presentado como una acción del gobierno federal  para proteger a los migrantes que cruzan por México, mediante el desarrollo de estrategias de seguridad y protección, y el combate de los grupos criminales que vulneran sus derechos.

[5] [6] Datos del Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante disponibles en: http://www.observatoriodemigracion.org.mx/

[7] FUNDAR Centro de Análisis e investigación, disponible en: http://fundar.org.mx/a-cuatro-anos-pendiente-mejorar-la-ley-de-migracion/

Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano