En el estudio titulado Homicidio: Una mirada a la violencia en México 2015, publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano ha cumplido con ser un insumo fundamental para comprender lo sucedido en nuestro país durante los últimos años, no únicamente mediante el análisis de su incidencia, sino también en la relación que mantiene con otros delitos, así como sus múltiples costos sociales.

En el estudio se deja al descubierto una realidad abrumadora, homicidios vinculados al crimen organizado, homicidios sociopolíticos, fosas clandestinas, feminicidios, asesinatos de defensores de derechos humanos, de periodistas, etc. Y ante esto, una aparente normalización de un delito que debería ser criticado y cuestionado en todos los ámbitos sociales. Ante este escenario, ¿podríamos decir que la violencia puede ser utilizada como una forma de control social?

La pregunta me recuerda una frase célebre de Maquiavelo, que dice: “Es mejor ser temido que ser amado”. Frase tan manoseada como poco entendida a través de la historia. Sin detenerme demasiado quisiera explicar que según Maquiavelo, quien teme, ya está reconociendo un cierto rol dentro de los modelos de coexistencia. Así, afirma que es mejor ser temido porque esto redunda en una aceptación interiorizada, así como en una adecuación externa a las condiciones existentes. Por otra parte, ser amado obedece a la manera en la que se perciben las habilidades y atenciones del gobernante, líder o político, pero sólo eso. El temor es una vía que da mayor certidumbre al gobernante en la consecución de sus labores, ya que impacta, obliga y sujeta a las personas al apego de las leyes, a la labor culturalizante, a la fuerza y a las formas socialmente permitidas de expresión.

Esto nos introduce ya a una discusión que requiere ser abordada con detalle desde diversas aristas, y es justo el punto medular de la pregunta. Para Maquiavelo es mejor ser temido que ser amado, y esparcir este temor entre las personas se logra a través del control y uso de los medios prescriptivos como la ley, cuyo incumplimiento genera un castigo; y coercitivos como la fuerza legítima del Estado a través del ejercicio de la violencia. Esto ocurre en el mejor de los casos, sin embargo es conocido que los Estados no sólo se valen de medios legales y legítimos en el uso de la fuerza, también utilizan estrategias o medios ilegales e ilegítimos.

El castigo, así como la posibilidad de que este se lleve a cabo generan temor en la sociedad, cuestión que ha sido abordada desde la psicología, la antropología social, la ciencia política, entre otras ciencias. Lo cual nos ha dado la oportunidad de entender que ante el miedo provocado por la posibilidad de sufrir de algún evento violento, los hombres reaccionan reinterpretando su realidad inmediata, tendiendo generalmente hacia un cambio en sus acciones, apegándose al orden existente que puede convertirse en una obediencia irrestricta. El miedo a ser víctima de alguna acción violenta, lleva a las personas a tener una relación sumisa con la autoridad, que idealmente, debería cumplir con proteger la vida y desarrollo de las personas.

Acciones como la militarización, los retenes policiacos o del ejército, toques de queda, extinción de ciertas garantías individuales, violaciones de derechos humanos, que están dirigidas a restaurar la paz en un contexto violento, son acciones aceptadas por las personas aunque a esto provoque una constante desconfianza. Me viene a la mente una de las premisas en la que descansaban los Estados fascistas, la cual consistía en controlar estrictamente a la sociedad valiéndose del terror, es decir, del uso de la violencia legítima o ilegitima del Estado, así como del miedo a la posibilidad de ser víctima de un evento violento, lo que facilita al gobierno su mandato en cuanto a políticas económicas, culturales, militares, sociales, etc.

Carl Schmitt hablaba sobre la dicotomía amigo/enemigo, en donde el Estado era el único que podía nombrar al enemigo, lo cual era la base y sustento de la política, es decir, la posibilidad del conflicto la administra el Estado. En otras palabras, la posibilidad de conflicto a través de la definición de un enemigo, da vida al Estado.

Una de las capacidades y atribuciones del Estado consiste en que ante el terror social, pueda definir enemigos, culpables y actuar con todo su poder para combatir el terror que la sociedad reclama apaciguar. Al mismo tiempo, el Estado crea un discurso que intenta difundir entre la sociedad para legitimar sus acciones valiéndose de la coyuntura que provoca el miedo de la sociedad, un discurso que regularmente llama a la unidad: “nosotros contra los malos, nosotros contra los narcotraficantes, nosotros contra los asesinos, nosotros contra los enemigos de México, nosotros con el gobierno, nosotros unidos para lograr la seguridad nacional, etc”.

Ahora, si le seguimos los pasos a Agamben en sus consideraciones sobre el Estado, tenemos que este actúa también en situaciones excepcionales. Los contextos han ido cambiando, es decir, no sólo son aplicados por regímenes dictatoriales, sino también por los llamados democráticos, y que emplean lo que Agamben denomina como Estado de excepción. De esta manera, podríamos pensar el problema como como un laboratorio de poder que está implantando un Estado de excepción no declarado, pero que opera eficientemente en el país. De esta manera, el Estado de excepción constituye una tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida. Esta característica de "desligue" lo hace muy eficaz, ya que permite el funcionamiento político, superando las limitaciones de lo estrictamente legal que es en donde el Estado de Derecho opera, y que puede ser impunemente cancelado por una violencia gubernamental que ignorando el derecho, crea al interior, un Estado de excepción permanente, que pretende -y de hecho así ocurre con las carcasas de algunas instituciones estatales- seguir operando dentro del marco del Estado democrático de derecho.

En otras palabras, tenemos que hay Estados “democráticos” que generan sus propias crisis a través de grupos formados, patrocinados y dirigidos por el Estado de forma paralela a las instituciones legales: violaciones flagrantes de derechos humanos, desapariciones forzadas, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, amenazas, entre otras; y cuyo objetivo es generar miedo y desarticular a la sociedad para imponer sin mayor contratiempo, las agendas económicas, políticas, sociales y hasta culturales.

Cuando el miedo socava la racionalidad de la sociedad, los gobernantes reciben una especie de cheque en blanco, obtiene un amplio margen de maniobra para actuar políticamente y tiene la justificación necesaria para utilizar la fuerza pública, militar o legal, para combatir o prevenir tanto protestas individuales como sociales que atenten contra los objetivos de los gobernantes.

Diariamente tenemos noticias de gobernadores que son acusados de enriquecimiento ilícito, partidos políticos que violan flagrantemente las leyes electorales, políticos con nexos con el narcotráfico, sabemos de líderes sindicales corruptos protegidos por partidos políticos, empresas nacionales e internacionales que sobornan a políticos para aprobar diversas agendas, políticos con redes de trata de personas, acusaciones hacia gobernantes por nepotismo, desapariciones forzadas, masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, etc., y todo esto ante la incapacidad o complacencia de autoridades e instituciones encargadas de impartir justicia, y ante la desarticulación de la sociedad cuyo resquebrajamiento le impide organizarse para convertirse en un contrapeso real y eficaz.

No cabe duda de que la violencia puede ser utilizada como una forma de control social. Inseguridad, violencia y contingencia son elementos eficaces para el control social, son factores que se alojan en la subjetividad y provocan pensamientos que atemorizan a las personas en estas sociedades contemporáneas. El contexto social al cual nos toca asistir se sostiene en arenas movedizas en donde la violencia, la inseguridad y la contingencia nos expone a riesgos permanentes provenientes de diversas fuentes, ya sea organizadas o contingentes.

El miedo a la violencia funciona como una especie de anestesia que inmoviliza, desarticula y resquebraja el tejido social, haciendo que la participación social en diversos temas se vea gravemente afectada ya que fragmenta los colectivos debido a la ruptura del lazo social a través del miedo. Es conocido que existen diversas estrategias para llevar miedo al terreno de lo público, allí en los espacios comunes, a la calle, a la plaza pública, a la escuela, al club, a los lugares de reunión, etc. La violencia y el miedo que genera es una de las mejores estrategias desmanteladoras de la organización social, y al mantener a la sociedad sin posibilidad de asociarse para reivindicar derechos, reclamar o pedir cuentas a los gobernantes, se mantiene y se consolida el control social.

En el capítulo 5 del estudio de Homicidio del ONC, Homicidios Sociopolíticos que son todos aquellos que dificultan o impiden el ejercicio de las libertades civiles como la divulgación de información o el de la asociación política, se aborda un tema que lamentablemente vivimos con bastante regularidad en nuestro país, y es el referente al asesinato de periodistas, y que nos dice que en los últimos 15 años han habido 102 asesinatos de periodistas. A unos meses de ocurrido el asesinato de Rubén Espinoza, pareciera que esto abre una caja de pandora que durante mucho tiempo se intentó mantener cerrada, y es la flagrante acción en contra de periodistas por parte de diversas autoridades.

Debemos ser muy cuidadosos a fin de no caer en lugares comunes, desvalorizar o exaltar situaciones que de por sí son graves. Primeramente me gustaría hablar en sentido general, es decir, si damos por hecho que existe una estrategia, premeditada, puesta en marcha por algún político, gobernante o aparato estatal, deberíamos decir que no sólo el asesinato de periodistas (como el de Rubén Espinoza) es parte de esta estrategia, también están los asesinatos de activistas sociales (Nadia Vera), defensores de derechos humanos (Noé Vázquez), militantes de partidos políticos (Feliciano Castillo), estudiantes universitarios (como la golpiza a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana perpetrado por un comando armado con palos y machetes), maestros (Aurelia Conde), etc. Aquí estaría cualquier asesinato dirigido a silenciar, amedrentar, amenazar o prevenir cualquier tipo de expresión social que no se adecue a los intereses de los gobernantes.

Poniendo en duda que exista dicha estrategia de control social podríamos remitirnos a los datos. En un reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en los últimos 15 años, 103 periodistas han sido asesinados en México y 25 se encuentran en calidad de desaparecidos. Otro dato, según la organización Artículo 19, de 2006 a 2015 han ocurrido 55 ataques con explosivos o balas a diversos medios de comunicación.

En este mismo informe de la Fiscalía, Veracruz y Chihuahua se ubican como las entidades más peligrosas para la actividad del periodismo, ya que ambas tienen 16 periodistas asesinados en el periodo que va del 2000 a enero del 2015. 15 periodistas asesinados en la administración de Duarte y es hasta el número 15 que la opinión pública se vuelca para pedir justicia. ¿Qué es lo que hace diferente el caso de Rubén Espinosa al de los otros 102 periodistas asesinados desde el 2000 o al de los otros periodistas asesinados en Veracruz?

Lo que lo diferencia es la extensa documentación que Rubén Espinoza y varios de sus amigos realizaron sobre el hostigamiento que sufría en Veracruz por parte de autoridades, las acusaciones expresas que realizó hacia el gobernador Javier Duarte, y las amenazas del gobernador a la prensa veracruzana. Cuando se asesina a un periodista por su actividad en el periodismo, se está atacando flagrantemente a su profesión, a su función social que consiste en la investigación, análisis, crítica y divulgación de información diversa sobre hechos de importancia pública a nivel local, estatal o federal. Cuando se asesina a un defensor de derechos humanos, a un activista social o político, a un maestro, periodista o  estudiante, también se atenta en contra de su función social como un referente activo, intelectual, crítico hacia las injusticias del gobierno, hacia las contradicciones de la sociedad, hacia las estructuras caducas y corruptas.

Cuando uno de ellos es asesinado debido a su labor social, se intenta impedir la posibilidad de cambio, se intenta mantener el control a través del miedo. Cuando se asesina de esta manera, se evidencia que el enemigo es todo aquel que tiene posturas críticas hacia las dañinas prácticas del gobierno que protege criminales y que se ha vuelto una constante en nuestro país. No obstante el miedo que generan las palizas a estudiantes, el asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos o activistas sociales, etc., la postura crítica es hoy por hoy, y ante una casi evidente desaparición de contrapesos políticos, el medio más efectivo para que los ciudadanos, en apariencia pequeños e insignificantes ante las enormes maquinarias institucionales y delictivas, puedan luchar por reivindicar sus derechos.

La crítica es lo que no soportan aquellos que flagrantemente mandan matar periodistas, porque la crítica a sus acciones es lo que saca a la luz a los protagonistas de los principales problemas del país. Se debe reivindicar la crítica como un camino de resistencia civil. Pensar, criticar, denunciar, organizarse son actividades que resultan impostergables ante nuestra situación en donde se asesina a quien disiente de las versiones oficiales, a quien escarba y encuentra fosas clandestinas, a quien defiende inmigrantes de los abusos de las autoridades, a quien contribuye a develar los mecanismos del horror por el que atraviesa México.

Es comprensible, y llega a ser hasta inevitable la indignación como respuesta a tanta vejación, sin embargo, sirve de poco blandir la queja subjetiva, la denuncia metafísica del LIKE o del Retweet contra los gobernantes. Así que más allá del simple desahogo, los tiempos nos exigen pensar, pensarnos, organizarnos sobre la base de la capacidad crítica y reflexiva. Esto es lo que verdaderamente temen los asesinos, porque esto es precisamente lo que no comprenden, lo que los rebasa y abruma, lo que no pueden hacer.


Christian Eduardo Díaz Sosa

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@ObsNalCiudadano @ChristianDazSos

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