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En México, como en cualquier nación que se rija por una Constitución, todos debemos observar y cumplir la ley, sin excepción. Sin embargo, hay personas con estatus especiales que no sólo deben cumplirla sino que deben velar por este cumplimiento. Me refiero a las autoridades de todo tipo y jerarquía. Dentro de estas autoridades se encuentran nuestros legisladores, funcionarios que adquieren ese estatus por elección popular.
La Constitución estipula, en su artículo 128 que: “Todo funcionario publico, sin excepcion alguna, antes de tomar posesion de su encargo, prestara la protesta de guardar la constitucion y las leyes que de ella emanen”.
Y lejos de cumplir las leyes, son nuestros propios legisladores quienes una y otra vez incumplen las normas dictadas por ellos mismos. Se ha vuelto casi cotidiano que se violenten los plazos y condiciones que ellos mismos se imponen para la expedición de normas reglamentarias o complementarias ya sea de leyes generales o de reformas constitucionales.
Lo atestiguamos recientemente con la expedición tardía de la Ley General de Transparencia, la cual debió ser expedida el ocho de febrero. Después de muchas discusiones y de una lucha ardua desde la sociedad civil, esta ley fue aprobada por el Congreso de la Unión del 16 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo.
Nuestros legisladores federales también incumplieron el plazo que se impusieron en la Ley General sobre Trata de Personas, pues se retrasaron 3 meses con 13 días para reformar el Código Penal Federal, siendo responsable de esta violación la Legislatura pasada (LXI 2009 -2012).
Otro incumplimiento relacionado con esta Ley fue evidenciado en el estudio sobre trata de personas del Observatorio Nacional Ciudadano, en donde el ejecutivo federal, tardó más de un año en expedir el Reglamento respectivo, sin ninguna consecuencia ante esta falta y donde vemos que la mayoría de las entidades federativas no han armonizado su legislación a esta Ley General, también, sin ninguna consecuencia.
Tenemos otros casos relevantes de incumplimiento legislativo. Tal es el caso de las Leyes secundarias de telecomunicaciones, competencia económica y reforma educativa que fueron emitidas transcurrido el plazo impuesto por los por los propios legisladores. Al respecto, el CIDE cuenta con una interesante y útil herramienta que pone en evidencia estos incumplimientos llamada Violómetro Constitucional, disponible en línea en http://periodismocide.org/eventos/violometro/
Vergonzos casos por desacuerdo entre las cúpulas políticas de nuestro país las vivivimos con la designación de consejeros del IFE ahora INE en donde hubo retrasos importantes en nombrar los relevos de los cuatro consejeros que dejaron sus cargos. La vacante que dejó Sergio García Ramírez, violación que tardó mas de 11 meses; y, en el la designación de tres nuevos consejeros, que significó más de 1 año de incumplimiento de la Constitución y de mantener al Instituto Federal Electoral incompleto, por desacuerdos entre los partidos.
Los diputados Incumplen hasta con su declaración patrimonial. Así,
en octubre del 2012, a dos meses de entrar en funciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados, que a unas horas de que venciera el plazo de 60 días para que los legisladores presentaran su declaración patrimonial, éstos no habían cumplido.
Ante este panorama de incumplimientos continuos por parte de nuestros propios gobernantes. ¿Cómo aspirar a ser un país donde impere el respeto a la ley? Por supuesto que no sólo los gobernantes violan las leyes. En cuanto a la posición de los mexicanos con respecto al cumplimiento de las normas, retomamos el documento de Consutla Mitofsky, Mexicanos y su contacto con la ilegalidad cotidiana de marzo 2011, donde destaca lo siguiente:
25% considera que comprar algo sin factura para no pagar el IVA es legal.
20% que se puede dejar de usar cinturón de seguridad sin violar leyes.
17% que no hay violaciones al tirar basura en la calle.
16% que no es delito comprar piratería.
10% piensa que no se viola la ley al dar una mordida a un policía.
32% de los mexicanos dice que nunca viola la ley, pero ese porcentaje baja hasta 18% después de leerle algunas de las posibles violaciones que se pueden cometer, lo que demuestra que existe una tolerancia hacia nuestras acciones olvidándonos que muchas de ellas contribuyen a mermar una cultura ciudadana hacia la legalidad.
Como vemos, no todo el problema esta en las instituciones. No podemos ignorar el papel que juegan los ciudadanos en este proceso de socialización de una cultura de respeto a la ley, el cual debe comenzar con pasar del discurso a la acción y que esa acción constituya el ejemplo de respeto al otro y a las reglas.
Una forma de hacerlo consiste en sensibilizar en todos los niveles sobre los valores intrínsecos de una Cultura de la Legalidad, esfuerzos que son emprendidos a través de organizaciones de la sociedad civil como México Unido Contra la Delincuencia, Causa en Común, Por lo Derecho y el Observatorio Nacional Ciudadano, entre otras organizaciones que participan en la Mesa de Cultura de la Legalidad, dentro de la Red Nacional por la Seguridad: Ciudadanos + Policías, quienes en conjunto nos hemos propuesto Hacer de la cultura de la legalidad una forma de vida.
Debemos tener presente que mañana cosecharemos lo que hoy estamos sembrando y festejo que hoy sea la semilla de la Cultura de la Legalidad, aspirando a que en un futuro seamos cada vez más quienes no solo creamos en el Estado democrático de derecho, sino que lo defendamos y mostremos cero tolerancia a la ilegalidad.
Mariana Cendejas
Directora de Vinculación del ONC
Twitter: @MarianaCendejas @ObsNalCiudadano
