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6 de septiembre de 2015
Que no es científicamente posible que a los 43 normalistas los hayan incinerado en el basurero de Cocula, lo dijo José Torero, acreditado investigador internacional. Que los militares del 27 Batallón de Iguala sabían todo desde el primer momento. Que hay un quinto autobús que, a pesar de aparecer en las primeras declaraciones, después desapareció del expediente de la PGR junto con otras evidencias (como videos). Que los estudiantes fueron atacados después de que terminó el informe de La investigación del GIEI también arrojó que el ataque contra los María de los Ángeles Pineda de Abarca. Que la investigación, en pocas palabras, es un desmadre: hay cosas que no se han investigado, cosas que no se siguieron, que está tan repartida en todos lados que no hay una visión global.
El párrafo anterior podría ser a muy grosso modo el resumen de lo dado a conocer ayer en el Informe por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI de Ayotzinapa, en corto.
Esa es la nota; es devastadora. La “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam (aquí su conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014) se cae con esta investigación realizada a lo largo de seis meses. Le pega, de nuevo a la credibilidad de este gobierno y más allá: a la de instituciones mexicanas.
Ayer escuchaba a los padres, madres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, de los 6 muertos, de los 21 lesionados en conferencia de prensa en el Centro Pro de Derechos Humanos. Están indignados. “Somos humildes, no pendejos”, dijo uno de ellos. Exigen hablar a la brevedad con Enrique Peña Nieto. Ponen como fecha límite el 10 de septiembre, es decir, este jueves. Quieren que el Giei de Ayotzinapa se quede en el país hasta que “aparezcan” sus hijos; están convencidos que están vivos. Desconfían que siga en la PGR, aunque lo atraiga la SEIDO. Ok, pero entonces, ¿dónde?
Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Además de un claro golpe, es, al mismo tiempo una oportunidad de oro.
Creo que el único camino es seguir —con todo y decir que se “analizará” si las integran a la averiguación , como lo dijo ayer la procuradora Arely Gómez— las 20 recomendaciones puntuales que ayer, a la par de la investigación hicieron los integrantes del Giei Ayotzinapa, integrada por los expertos Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia), Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile) y Alejandro Valencia (Colombia).
El Informe completo lo pueden bajar aquí, está genial leerlo todo pero si no tienen mucho tiempo, hay una suerte de resumen ejecutivo a partir de la página 333. Ahí luego vienen las 20 recomendaciones puntuales.
¿Qué incluyen estas recomendaciones? Cito algunas de ellas que me parecen muy pertinentes para esta investigación y que incluso deberían de generalizarse para muchas otras investigaciones. Mucho más tomando en cuenta algo que pasará pronto en el país (en xxx del 2016): entraremos de lleno a un sistema penal oral. Habrá que probar todo y la “confesión” (inducida o no) dejará ser la reina de las pruebas.
Uno.
Unificar lugares donde se llevan a cabo los casos. Por lo visto, hasta ahora, Ayotzinapa se ha visto como muchos casos separados. Aunque ya habían hecho caso a las recomendaciones de los expertos y reunido todo en 3, debería ser en una sola.
Esto aplica también a muchas otras investigaciones. Si no hay una mesa donde todos los que investigan aten cabos, digan qué saben, qué dijo tal o cual persona, es una Torre de Babel. Me parece que hay que aceptar que es un déficit generalizado de nuestro sistema de justicia y más en casos complejos y tomar cartas en el asunto.
Dos.
Hay que investigar otros delitos y el posible encubrimiento. Entre ellos está el de tortura (el Giei llamó a desechar confesiones hechas presuntamente con tortura, como debe ser a también investigar la tortura y malos tratos), encubrimiento y obstrucción de la justicia. Esto es clave. Se repite un poco pero más preciso en la recomendación 12: castigar, dar con los responsables de encubrir. ¿Podría caer Jesús Murillo Karam en una categoría así?
Tres.
Seguir investigando y replantear la investigación. De lo leído en los 155 tomos, aún hay muchas cosas, a casi un año de distancia que no se han investigado. Entre ellas las llamadas “sábanas” de teléfonos de algunos normalistas. También ejecutar nuevas capturas a otros posibles responsables que aún no están en custodia: Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala; Gildardo López Astudillo “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía, exmiembro de la Policía Judicial.
Otro tema es investigar el patrimonio de los presuntos responsables. Me parece increíble que no lo hayan hecho aún.
También piden (recomendación 14) buscar otros lugares donde los normalistas pudieron haber sido cremados (entidades públicas o privadas) o incorporar fotografías satelitales y otras tecnologías de búsqueda
Cuatro.
Investigar de manera prioritaria tráfico de drogas, sobre todo en el quinto camión. Se debe hacer con cooperación internacional también; ya hay casos en Iguala así (por cierto sí aumento la desaparición de personas en la administración de José Luis Abarca y esposa).
Cinco.
Hay que determinar si las fuerzas públicas que participaron —el Giei dice que fueron ministeriales, estatales, federales y que el Ejército al menos— actuaron de acuerdo a protocolo. Ellos documentaron una violencia mayúscula, además a lo largo de 3 horas mínimo.
El mandato del Giei Ayotzinapa también permite que hagan recomendaciones en lo general para que otro Ayotzinapa no vuelva a suceder. En ese sentido hacen otras sugerencias:
Uno.
Actualizar de manera constante el mapa de las fosas donde se encuentran cadáveres y restos óseos. Lo dicen para Ayotzinapa y lugares cercanos pero debe ser para todo el país. También mencionaron crear la base de ADN de desaparecidos; es un tema al que el gobierno ya dijo que sí, pero, como La Negra, no nos ha dicho cuándo. Dicen que hay que revisar la Ley del Registro nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas para crear una sola herramienta. También que incluya el pasado: también las víctimas de la llamada “guerra sucia” de los 70 y las averiguaciones previas de la extinta “Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado”. Estas bases de datos deben cruzarse con las del INE, Segob y SRE sobre personas.
Dos.
Estar en contacto con los familiares, no sólo para apoyarlos de diferente manera y también consdierarlos víctimas (que lo son), sino para que ellos participen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos; para que ellos opinen respecto a la Ley sobre Desaparición Forzada que está por discutirse en el Congreso. Reiteran que debe ser “conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas regionales”. También con respecto al Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR: al parecer es muy largo y burocrático cuando debería ser flexible y ágil. En las primeras horas de acción está, muchas veces, la clave de su posible localización.
Es un reto el del gobierno federal hoy; una prueba de fuego. El del Estado Mexicano que representan por un tiempo, junto con otros poderes. Pero esto seguirá pese a ellos, a pesar de ellos. El hecho de que haya ya una investigación de la CIDH les da un pie delante para que, sino se esclarece en México, sea un tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronto (aunque tarde años, así son los tiempos, ni modo).
Veremos en los próximos días si hay voluntad política, o no, para investigar a fondo; para castigar culpables. Veremos. Por lo pronto tanto Enrique Peña Nieto como Miguel Osorio Chong y Arely Gómez se han manifestado abiertos. Ojalá sí la haya y con todo. Si las investigaciones —serias, con elementos científicos— concluyen que la “verdad” es otra, está bien, pero hay que seguir investigando.
Y tú, ¿qué opinas? Espero tu opinión, estamos en cibercontacto…
Periodista.
