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El 30 de junio de 2014 se registró un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Tlatlaya, Estado de México. En un primer momento, la versión oficial fue que en este intercambio de disparos -- según esto, iniciado por los presuntos delincuentes--, dio por resultado 21 civiles muertos. Un día después, el gobernador Eruviel Ávila reconoció la labor del ejército. En estos días que se cumple un año de la fecha, la historia cambió. Ahora sabemos, gracias al testimonio de una testigo, que en este enfrentamiento, el Ejército habría ejecutado a cerca de 15 personas. Hace unos días, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un documento oficial militar, en el cual demuestran que la orden previa fue ``abatir a los delincuentes en horas de la noche´´.
El 1 de julio de 2014, un día después de lo sucedido, Eruviel Ávila hizo un reconocimiento público al Ejército por su labor, ``en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes´´, dijo en esa ocasión.
Pero esto cambió un par de meses después cuando, en septiembre de 2014, la revista Esquire publicó un reportaje en el cual, una de los testigos y sobreviviente identificada como ``Julia´´ relató la forma en que operaron los militares. Ahí fue asesinada su hija Erika Gómez González, de 15 años. El testimonio de ``Julia´´ abrió la puerta para pensar que los militares ejecutaron a parte de los civiles.
Pues bien, el jueves pasado, en la sede del Centro Pro, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos presentaron el informe ``Tlatlaya a un año: la orden fue abatir´´. En la página 21 de ese documento, que puedenchecar en esta liga, se reproduce la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, enviada el 11 de junio de 2014 por el Teniente Coronel de Infantería 2/o Comandante y J.G.C Sandro Díaz Rodríguez, en ausencia del Comandante del 102 Batallón de Infantería, Coronel Raúl Castro Aparicio, del Campo Militar 22, en San Miguel Ixtapan, Estado de México, donde lo envían a Tlatlaya, como parte de la operación ``Dragón´´.
Son 9 acciones que le enlistan a realizar, pero en una, la 7, es donde se centra la denuncia pública del Centro Pro:
--Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de la oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario.
Sí, la orden escrita era abatir. Aquí les pongo el significado de la palabra de la Real Academia Española Si bien no se considera un sinónimo de matar, sino tumbar en el suelo o humillar, en un diccionario de sinónimos ``abatir´´ sí se le considera sinónimo de ``destruir´´ o ``aniquilar´´. Verán más adelante porqué hago referencia a qué quiere decir ``abatir´´.
Pero hay más sobre este caso. En compañía de representantes del Centro Pro, INSYDE, Articulo 19 capítulo México, Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Amnistía Internacional México, se presentó por primera vez en público, a Clara Gómez González, conocida como la testigo ``Julia, madre de Erika, la joven de 15 años de edad --menor de edad--, asesinada el 30 de junio de 2014, quien no ha sido considerada víctima.
Clara, quien es maestra rural, denunció que autoridades federales han hecho creer que sus declaraciones ministeriales han cambiado, lo cual negó.
Ella ha declarado la forma en que se dio la ejecución de los detenidos, entre ellos su hija. Relató en una entrevista cómo fue la ejecución:
--Se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida les decían los militares `¿no que muy machitos, hijos de su ?´ y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad Yo platiqué con el (un milita) que estaba con nosotros ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (el militar) `porque esos perros no merecen vivir´. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir.
Clara responsabiliza al gobierno de su integridad, debido a que ahora, posibles delincuentes pueden pensar que tiene una fuerte suma de dinero.
¿La razón? Se dijo que recibió una compensación económica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual fue desmentido tanto por ella como por los abogados del Centro Pro, quienes la representan y dijeron que incluso la CEAV ha violado los derechos de Gómez González, al informar sobre la suma de dinero que habría recibido e informar su identidad.
Exigieron a la CNDH que no dé por concluida la recomendación de este caso hasta que no se aclare el número de víctimas que fueron ejecutadas arbitrariamente: la PGR ha dicho que fueron 8, mientras que para la CNDH fueron entre 12 y 15, eso dice su recomendación.
También pidieron que se cumpla con las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por cierto, el Centro Pro ya envió un informe más extenso sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU.
La Secretaría de la Defensa Nacional respondió informando que ante todo, en el documento en cuestión se indica también que los militares deben de actuar con apego al respeto a los derechos humanos. Como leerán no entran en detalle al explicar la palabra ``abatir´´.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, explicó que la palabra ``abatir´´ no significa que sea privar de la libertad, sino que puede tener muchas acepciones.
El 29 de junio, en una entrevista con Carlos Benavides en El Universal, el general secretario, Salvador Cienfuegos, opinó que el caso Tlatlaya ha sido muy costoso para el Ejército mexicano. Para él --una declaración grave-- la reciente reforma al Código Militar que hace que en casos de presuntas violaciones a derechos humanos los militares se lleve en juzgados civiles, fue un error.
Es más, como lo dice el mismo comunicado del Centro PRO hace falta ampliar aún más esa reforma: actualmente los militares cuyos derechos humanos también pueden ser violados por el Estado se ven en la necesidad de que llevar sus juicios dentro de la justicia militar que por definición es autoritaria y privilegia recibir órdenes cuando también ellos, ante una circunstancia así deberían tener la protección de un juez civil.
