El incontrolable gasto en salud: contradicciones entre el gobierno de Veracruz y la Auditoría Superior de la Federación

Daniela Díaz Echeverría

En el Informe de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación presenta una serie de irregularidades de la mayor gravedad en el ejercicio de los recursos públicos destinados para salud. Sin embargo, varias de estas anomalías no son nuevas.

Se espera que la gestión de los presupuestos mejore con las reformas a la Ley General de Salud del año 2014 en materia de los recursos del Seguro Popular, así como con las nuevas leyes y regulaciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción.

La ciudadanía también espera que así sea, porque es la primera en sufrir las consecuencias del uso incorrecto del financiamiento y los bienes materiales destinados a los servicios de salud.

Por ahora, las cifras registradas por la Auditoria son alarmantes, por ejemplo resalta el caso del estado de Veracruz, donde las autoridades niegan haber recibido poco más de 11.5 millones de pesos para el programa de deteccion y atención de cánceres de la mujer (Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino). Sostienen tal afirmación pese a que la Auditoría cuenta con los registros de transferencia y recepción de los recursos tanto desde la Secretaría de Salud federal, como del gobierno estatal respectivamente.

Por otro lado, para la misma entidad federativa llama la atención una serie de malos procedimientos alrededor de los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS o Seguro Popular) y que se sabe, es la principal fuente de financiamiento de los 32 servicios estatales de salud.

Por ejemplo, los estados tienen la obligación de abrir una cuenta bancaria exclusiva para recibir los fondos del SPSS, y Veracruz no lo hizo. Tampoco cumplió con los tiempos de traspaso de los recursos del Seguro Popular desde la secretaría de finanzas a la secretaría de salud estatal.

Ademas, al 30 de septiembre del 2015, la secretaría de finanzas de Veracruz no había entregado al REPPS el 55.2% de los recursos del 2014.  A la fecha el ejecutivo estatal tiene pendiente esta aclaración. Igualmente para el caso del programa PROSPERA, faltando aclarar el 84.9% de su presupuesto.

Veracruz es el caso más escandaloso pero no el único, y es que el Informe de la Auditoría señala comportamientos irregulares en prácticamente todas las entidades federativas: falta la aclaración de dónde están los recursos en insumos y qué ha pasado con los financieros; comprobación de los recursos reportados como gastados; demora o simplemente la falta de traspaso de los recursos desde las secretarias de las finanzas a las secretarías de salud estatales; falta de comprobación de la pertinencia de los perfiles del personal contratado con los recursos en salud; incumplimiento de la normativa de adquisiciones, entre otros.

Este panorama cuestiona si el SPSS es un aporte sustantivo a la mejora de los servicios de salud, y de soporte efectivo de las redes de atención. Las organizaciones reiterativamente han planteado la necesidad de su revisión a fondo. Por lo pronto es central sancionar el mal uso del presupuesto público, identificar a los funcionarios e instancias responsables, diseñar el presupuesto conforme al paradigma de los derechos humanos, hacer pública toda la información que se genera antes, durante y posterior a su aplicación, así como incorporar la participación ciudadana en la definición de asignación y vigilancia de su uso.

Es prioritario que las autoridades de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, del INMUJERES, los órganos de control federal y estatales, y los congresos locales y nacionales se hagan responsables en proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida e integridad de las mujeres, además de activar acciones urgentes para garantizar que en el 2016 el presupuesto se ejerza en tiempo y forma.