Las organizaciones civiles y la protección del ambiente en el Noroeste mexicano

Por Gina Chacón Fregoso

En la región del Noroeste de México, que comprende los estados colindantes con el Golfo de California –Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit­– las organizaciones ambientales de la sociedad civil han trabajado activamente en las últimas décadas para atender problemas relacionados con la protección de las áreas naturales[1] y de ecosistemas únicos en el país y Norteamérica. La gran biodiversidad de esta región, que se caracteriza por tener sistemas de manglares, humedales, bosques, selvas y vegetación de tipo mediterráneo, es el hábitat de especies terrestres y marinas únicas en el mundo[2].

Hoy, la región del Golfo de California enfrenta problemas ambientales debidos, entre otras causas, a la implementación de actividades económicas que tienen severas consecuencias socioambientales, entre ellas: a) el desarrollo y la expansión de infraestructura turística, urbana e inmobiliaria de alto impacto que amenaza la destrucción de manglares, humedales y playas; b) el desarrollo urbano e industrial no sustentable; c) la sobreexplotación de los recursos marinos, debida a la pesca ilegal y a la ausencia de ordenamiento pesquero; d) los impactos socioambientales de la actividad minera, que incluye exploraciones submarinas (las cuales propician daños en la salud de las poblaciones humanas, así como de la flora y la fauna); e) la limitada disponibilidad de agua dulce y la sobreexplotación de mantos hídricos y acuíferos, y f) fenómenos hidro-meteorológicos y efectos adversos del cambio climático en los ecosistemas de la región.

Ante este contexto, las políticas públicas en materia ambiental tienen serios retos para su formulación; en particular, para identificar problemas públicos con base en evidencia que permitan generar estrategias para el cuidado y la protección efectiva del ambiente y el desarrollo pleno de las poblaciones que las habitan a partir del manejo y el aprovechamiento sostenible de los bienes y recursos naturales. De hecho, uno de los obstáculos para avanzar en la construcción de estrategias que den cauce a las necesidades del sector ambiental ha sido que las políticas de desarrollo se contraponen a aquellas que tienen como propósito salvaguardar el medio ambiente.

En el Noroeste mexicano, el trabajo de las organizaciones ambientales ha sido fundamental para conocer el estado que guardan los ecosistemas terrestres y marinos, así como para proteger y resguardar el medio ambiente. La participación e intervención de estas organizaciones no se reducen meramente a la protección de especies o zonas geográficas; también se extiende al ámbito de la investigación. Además, el interés por avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas en el sector ambiental ha ido cobrando mayor fuerza dentro de las agendas de las organizaciones ambientales, en especial para mejorar los marcos normativos y las políticas públicas, para que tomen en cuenta los problemas ambientales y sus desafíos en términos de sostenibilidad.

Las labores de defensa y resguardo que realizan las organizaciones ambientales sin lugar a dudas cobran gran relevancia ante las endebles políticas ambientales, que carecen de dientes para actuar frente a los poderosos intereses económicos, los cuales no dudan en destruir zonas marítimas y/o terrestres para lograr sus objetivos. En días recientes, la injustificada y devastadora destrucción de 57 hectáreas de manglares en la laguna Tajamar en Cancún, Quintana Roo, ilustra los graves peligros que enfrenta el patrimonio natural del país; lo alarmante del caso es que contó con el aval de instituciones locales. De igual manera, los estados colindantes con el Golfo de California tienen más de un ejemplo de esta índole; basta mencionar los proyectos turísticos que se han intentado implementar durante el último sexenio cerca del parque nacional Cabo Pulmo.

En este y otros casos, varias organizaciones ambientales han trabajando activamente en la defensa del ambiente, difundiendo información y aportando evidencia de las amenazas y la destrucción del ambiente. No obstante, esta labor no debe quedar sólo en manos de la sociedad civil. Actualmente es necesario cuestionar las acciones gubernamentales y las políticas que velan por el cuidado y la protección del patrimonio natural. Conocer hasta dónde salvaguardan el medio ambiente y cómo contribuyen a garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano son tareas imperantes.

En relación con lo antes dicho, interesa destacar que las actividades y propuestas que realizan las organizaciones de la sociedad civil abonan de manera positiva a la formulación de políticas públicas acordes con las necesidades económicas, sociales y ambientales. En suma, contribuyen a la construcción de la gobernanza ambiental en el país.

Para conocer más del tema ver:  Diagnóstico en materia de transparencia y rendición de cuentas para la conservación del Noroeste de México. http://fundar.org.mx/categoria/publicaciones/