Lo único que cambia es el dígito

Por: Andrés Marcelo Díaz Fernández

Ya inició el 2016 y con ello la continuación de la impunidad de los casos de violaciones graves a los derechos humanos en el país. Mencionar los rezagos persistentes en materia de justicia en México sería un ejercicio bastante largo e interminable, pero es importante mencionar dos problemas permanentes en el país: la desaparición de personas y la tortura.

Ambos fenómenos no nacieron este año, ni en 2012 cuando comenzó la administración actual, ni siquiera en 2006 con el inicio del período de violación sistemática de derechos humanos –o terrorismo de estado–  en el calderonato. Son problemas que encuentran un antecedente directo, al menos en esta etapa de “modernidad” del estado mexicano, en la época de la llamada o mal llamada guerra sucia. Desde 1967, año en el que se cometió la primera desaparición forzada no sólo en México sino en América Latina, se ha instaurado una política estatal –de esas que no se votan ni se escriben necesariamente– que genera un pequeño número de beneficiarios, un gran número de atemorizados y un número alarmante de víctimas: personas desaparecidas, torturadas y ejecutadas.

En recientes meses numerosas organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, defensores de derechos humanos, pero sobre todo víctimas de los crímenes de estado, han seguido exigiendo justicia frente a estas violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo son los informes de Amnistía Internacional en torno a la epidemia de la tortura en México que publicó en octubre de 2015 y el que este 14 de enero emite sobre la crisis de las desapariciones en México. En ambos se destacan casos relevantes que únicamente ejemplifican una práctica sistemática realizada por el gobierno mexicano en cuanto a su política fallida en materia de seguridad y su incapacidad de realizar investigaciones serias y fehacientes.

Los casos de tortura y desaparición de personas reúnen lastimosas evidencias de estos patrones de crímenes e impunidad. El tan mencionado problema de la delincuencia organizada –formado también por los intereses de funcionarios públicos mediante la corrupción– generó una serie de regulaciones legislativas así como de programas de seguridad desde el Ejecutivo federal. A días de haber comenzado su sexenio, Felipe Calderón dijo que “restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas” y con ello presagiaba uno de los períodos más sangrientos de la historia mexicana. Las cifras de ejecuciones en enfrentamientos se extrapolaron, de desaparición de personas han llegado a índices alarmantes: más de 27 mil hasta la fecha, así como de denuncias de tortura: 4 mil en sólo ocho años. Todo eso, sin contar la cifra negra correspondiente a la no interposición de denuncia por amenaza, miedo o desconfianza en las instituciones.

Comúnmente, las personas que han sido torturadas y logran establecer una denuncia se enfrentan a la nula actuación diligente de las autoridades de investigación; cuando ésta existe, tienen que soportar la revictimización por parte de los peritos gubernamentales que practican el Protocolo de Estambul; cuando éste da positivo, esta prueba es desvalorada por las autoridades judiciales quienes no excluyen la confesión y sus efectos del expediente; y todo esto sucede mientras la víctima de tortura sigue sufriendo los estragos físicos que le dejó.

Las y los familiares de personas desaparecidas se enfrentan a la parsimonia de las autoridades que levantan la denuncia; cuando ésta existe tienen que soportar el estigma social y gubernamental del “algo habrá hecho”; cuando aportan pruebas, éstas son desvaloradas por los ministerios públicos quienes carecen de líneas de investigación sobre la búsqueda de la persona desaparecida, limitándose a pegar sus retratos a la entrada de la Fiscalía; y todo esto, en medio de la angustia por su familiar, el miedo a represalias, pero también la esperanza a la que se tienen que aferrar.

El próximo 4 de febrero inicia el período legislativo que viene rezagando la discusión sobre las iniciativas de Ley General contra la desaparición forzada y desaparición por particulares, y de Ley General contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, o degradantes. La oportunidad de escuchar a las y los familiares y víctimas de estos fenómenos criminales está en la cancha del Senado. Una oportunidad histórica de establecer parámetros claros para la erradicación de estas prácticas y no sólo de cambiar un dígito, como si se tratase de dos leyes más.