Observando el cumplimiento de las leyes

En Fundar, Centro de Análisis e Investigación, realizamos en 2014 un observatorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). En él revisamos si los estados, todos los estados del país, cumplen con lo que la ley establece. Especialmente nos enfocamos en tres artículos: el 60, 61 y 62.  ¿Por qué estos? Porque contienen obligaciones para todos los entes públicos de todos los niveles de gobierno sobre la información de ingresos, gastos y deuda pública que deben contener los principales documentos presupuestarios: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

Esta información es relevante para saber de dónde vienen los ingresos que obtienen los gobiernos de los estados, en qué los gastan, los montos de su deuda estatal y el objetivo para el cuál se endeudan. ¿Cómo realizamos este análisis? Ingresamos al sitio web de las Secretarías de Finanzas estatales y revisamos la disponibilidad y facilidad para encontrar la información presupuestaria. ¿Nuestra metodología? Se realizaron tres revisiones exhaustivas por estado. Exclusivamente buscamos la información en los documentos presupuestarios, los formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y todos los otros documentos publicados en los sitios web de las Secretarias de Finanzas para el ejercicio 2014. Algunos de los principales hallazgos de nuestra revisión, son los siguientes:

En el tema de los ingresos.

Con la información que presentan los estados no termina de quedar claro de dónde vienen sus ingresos con el detalle que quisiéramos encontrar. Por ejemplo, en lo que se refiere a los ingresos que las entidades federativas reciben del gobierno federal hay dos rubros que requieren más información: los convenios de reasignación y los subsidios. Los estados reciben estos recursos de la federación para llevar a cabo acciones específicas y cumplir con objetivos concretos. Sin embargo, a la hora de reportarlos en la Ley de Ingresos no queda claro de qué subsidios o de qué convenios estamos hablando. Muchos estados sólo reportan un monto total por convenios o subsidios y no dicen más.

Es necesario seguir trabajando para que haya más claridad. Debe de ser muy evidente y explícito cuáles son las fuentes de ingresos de los estados y para qué están recibiendo estos recursos. Posteriormente, esto nos permitirá saber si se están logrando los objetivos planteados. Otro rubro de ingresos que no se presenta con la claridad que quisiéramos, es el que se refiere a los ingresos extraordinarios. A pesar de que la ley enfatiza que los estados deben presentar este concepto, en general, hay poca información y detalle al respecto.

En el tema de gastos.

Aquí también falta detalle de la información. Por ejemplo, los estados presentan la lista de programas presupuestarios más importantes y también hacen una lista de sus prioridades. Pero no incluyen los montos asignados a cada uno de estos. La ley no requiere tanto detalle. Este no es un caso de incumplimiento de la ley, más bien es una oportunidad para analizar qué información hay que seguir solicitando y quizás utilizar la ley de contabilidad gubernamental para que los estados den más información sobre sus gastos.

Lo anterior es útil porque contar con mayor detalle sobre los gastos, nos permite entender mejor en qué se están gastando los recursos públicos y de esta manera es más fácil monitorear el ejercicio del gasto público. Más información detallada también facilita la participación ciudadana para darle seguimiento a las acciones del gobierno.

Last but not least, en el tema de deuda pública.

En la revisión encontramos un problema con lo que se refiere al destino del financiamiento que los estados solicitan cada año. Reportan el financiamiento solicitado y sus montos, pero lo que aún queda vago es el destino. Cuando se trata de explicar el destino de la deuda, los estados suelen decir que se trata de una inversión productiva, o es para gastos de operación, o bien que es para reconstruir la infraestructura dañada por un desastre natural, pero no se dice más del asunto. No contamos con una lista específica de qué proyectos se están impulsando. Definitivamente esto es algo en lo que hay que seguir trabajando, para impulsarlo y para lograr que cada vez haya más información sobre el destino de la deuda pública en los gobiernos locales.

En el contexto actual de la caída en los ingresos presupuestarios-lo cual implica recortes al gasto- se vuelve aún más relevante continuar impulsando la transparencia presupuestaria en el gobierno federal, los estados y los municipios.

A mayor transparencia, más información, y por lo tanto, más detalle. Y a mayor detalle, menos espacios para los malos manejos y la corrupción con los recursos públicos, que ya de por sí, andan escasos.