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Gestación subrogada en México

08/08/2017
12:31
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El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicó su primer informe dedicado exclusivamente a la gestación subrogada. El documento comienza con una definición sencilla para que quede de claro de qué va: “la gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo. La práctica es conocida también con otros términos, como ‘renta de úteros’, ‘gestación por contrato’, y ‘maternidad subrogada’”.

El Informe, como todos los que hacen en GIRE, se va a convertir en una lectura necesaria para quien quiera incursionar en el tema, porque incluye información básica e indispensable para un debate basado en la evidencia: ¿cómo está regulada la gestación subrogada en México? ¿cuáles son los problemas de esta regulación? ¿qué casos se están presentando en los hechos? ¿quiénes son las mujeres que están firmando estos contratos para gestar en México? ¿quiénes son las personas que están utilizándolos para convertirse en padres o madres? ¿qué están haciendo las autoridades?

La información que presenta GIRE es clave precisamente porque permite nutrir los debates que existen en torno a la gestación subrogada. Como reconoce GIRE al inicio de su Informe: actualmente, existen distintas discusiones sobre la legitimidad de esta práctica. En el Informe las resumen en tres. Primera discusión: ¿esta práctica debe prohibirse o debe regularse? Segunda discusión: si se regula, ¿debe remunerarse el trabajo de las mujeres gestantes o debe tratarse de una práctica que solo se realiza sin pago alguno? Tercera discusión: si se regula, ¿quién debe tener acceso a esta práctica? GIRE ofrece su respuesta a cada una de estas preguntas con base en el marco de los derechos humanos y con base en la evidencia que existe sobre estas prácticas. Ante la pregunta sobre si debe prohibirse o regularse, optan por lo segundo. Valga entender por qué.

Actualmente, si bien existen distintas razones que se ofrecen para prohibir esta práctica, una de las que cada vez se utiliza más es la que la concibe como una que atenta en contra los derechos de las mujeres gestantes. Primero, porque las cosifica (las mujeres son “úteros” a “contratar”, “partes corporales” a explotar). Segundo, porque se trata de una práctica en la que se aprovecha la pobreza en la que muchas mujeres se ven sumidas, que las orilla a aceptar este “trabajo”, para satisfacer las necesidades de gente rica. En concreto: de, por lo general, hombres, blancos, extranjeros, ricos. Se trata, argumentan, de una práctica inherentemente discriminatoria y violenta para las mujeres gestantes. Y regularla solo “legitimaría” esa discriminación y violencia. Regularla sería tanto como legitimar la “trata reproductiva”.

Para GIRE, dado que la discusión gira en torno a la regulación, a cómo deberían ser las leyes, una de las preguntas fundamentales que deben guiar el debate es la de cómo funcionan las leyes en los hechos. Es posible, con base en los argumentos que ofrece GIRE, hacer una analogía con el caso del aborto: la evidencia demuestra que, por más que la penalización del aborto tenga la intención de “proteger la vida de los que están por nacer”, es poco efectiva en lograr su cometido. La penalización del aborto no disminuye el aborto –esto es, no cumple con sus propósitos–, pero sí termina por afectar el derecho a la salud y a la vida de las mujeres. ¿Cómo? Orillándolas a la clandestinidad, lo que hace que sea más probable que incurran en prácticas inseguras, insalubres y que, si presentan alguna complicación, no puedan pedir ayuda. Tratándose de la gestación subrogada, ocurre (ocurriría) algo similar: “prohibir la práctica”, argumentan en el Informe, “no la hará desaparecer. En cambio, fomentaría que se ofrezca en la clandestinidad, donde el Estado no puede ofrecer protecciones a las partes, vigilar las condiciones de consentimiento de los contratos, ni asegurar que la actuación de clínicas y agencias sea a acorde a la ley y a los derechos humanos”.

Una de las cosas más espeluznantes del Informe es que documenta cómo hay mujeres gestantes que están siendo perseguidas penalmente por tráfico de menores. Lo que revela una vez más que una cosa es la intención que puede tener una legislación –proteger a las mujeres– pero otra son las acciones que los servidores públicos llevan a cabo –perseguir a las mujeres–. (Lo mismo se ha documentado para la trata sexual en México: a las que muchas veces terminan por castigar penalmente son a las trabajadoras sexuales que supuestamente se quieren proteger.) En este país, se tiene que hacer la pregunta: cuando se emite una ley, ¿a quién, en los hechos, se le da el poder de hacer qué? Más allá de nuestras intenciones: ¿qué efectos tiene la regulación en la práctica?

Ahora: ¿regular la gestación subrogada significa que cualquier práctica y cualquier acuerdo sería legítimo? Por supuesto que no. Los abusos existen. Las condiciones de desigualdad existen. ¿Cómo negarlo? La pregunta es: ¿cómo se remedian? ¿Cómo se previenen? No queda claro qué es lo funciona. Hay apuestas mínimas (que GIRE propone al final de su Informe) que se tienen que hacer, como lo son las políticas para erradicar la discriminación. Lo que queda un poco más claro, sin embargo, es que prohibir rara vez (sino es que nunca) funciona para lo que se espera. Y que, al discutir políticas públicas, es una de las bases de las cuales tenemos que partir.  

 
Estefanía Vela estudió derecho en la licenciatura y en la maestría. Ahora se dedica a la docencia y a la investigación sobre la relación entre el derecho y la sexualidad –y todos los puntos en los...

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