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Puentes (O: todo lo que la lucha por la igualdad de género podría compartir con otros movimientos)

Son dos los textos que me han marcado en tiempos recientes: el primero es el de “Duarte, la consecuencia de las causas”, de Sergio López Ayllón, y el segundo es el de “Peña Nieto y Pegasus”, de Francisco Goldman. Leídos en conjunto, los textos me hicieron pensar en los puentes que podrían erigirse entre quienes nos enfocamos en temas de género y quienes luchan por la justicia desde otros movimientos (como el de la anticorrupción).
04/07/2017
12:58
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Son dos los textos que me han marcado en tiempos recientes: el primero es el de “Duarte, la consecuencia de las causas”, de Sergio López Ayllón, y el segundo es el de “Peña Nieto y Pegasus”, de Francisco Goldman. Leídos en conjunto, los textos me hicieron pensar en los puentes que podrían erigirse entre quienes nos enfocamos en temas de género y quienes luchan por la justicia desde otros movimientos (como el de la anticorrupción).

El texto de López Ayllón está dedicado al caso de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz que actualmente está sujeto a un proceso penal acusado de dos delitos: realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. “Javier Duarte”, escribe López Ayllón, “es hoy la personificación de la corrupción”. Por lo mismo, analizar cómo se discute el caso de Duarte es útil para entender cómo se entiende la corrupción. Y López Ayllón detecta un problema en la discusión: existen muchas personas que creen que la corrupción es exclusivamente un problema de individuos que operan con un compás moral roto. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno que va mucho más allá de las personas y tiene que ver con sistemas que la permiten, solapan y hasta incentivan. “No es casualidad”, escribe López Ayllón, “que los grandes escándalos de corrupción se den en los estados. Y no es un problema que se genere sólo por la ambición de los gobernadores. Se explica mejor por un conjunto de razones estructurales que derivan del pésimo diseño institucional y financiero que a lo largo de décadas ha acumulado el ‘federalismo’ mexicano.” El que Duarte haya podido apropiarse de recursos como se apropió de ellos, en las cantidades en las que lo hizo, por el tiempo en el que lo hizo es posible gracias a un entramado institucional que lo permite. Un entramado que, entre la opacidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de rendición de cuentas, abre la puerta para la corrupción (y la arbitrariedad y la violencia y…). Lo único que falta entonces es alguien dispuesto a cruzarla.

¿Por qué importa todo esto? Porque el punto no es solamente tener un contexto en el que se castigue a los Duartes del mundo, sino en el que la posibilidad de que realicen actos de corrupción, como los que Duarte realizó, sea mínima. En otras palabras: que se cierre la puerta a la corrupción y no solo que se castigue a quien ose cruzarla.

¿Qué tiene todo esto que ver con el género? Hay paralelismos que vale la pena señalar.

Para empezar: el análisis que propone López Ayllón para entender la corrupción es similar (por no decir idéntico) al que se despliegan en los estudios de género. La premisa tratándose del género es sencilla: las desigualdades en el goce de derechos que aún vemos en muchos aspectos entre hombres y mujeres rara vez son el producto exclusivo de la biología o de las elecciones de las personas. Si queremos entender la desigualdad, también tenemos que voltear a ver los entramados sociales complejos que, en el agregado, impiden que las personas efectivamente disfruten de sus derechos. O sea: la desigualdad social no se debe a la persona, en sí, sino en la gran mayoría de los casos, es producto del complejo contexto social, económico, político y jurídico en el que las personas están inmersas. Con la violencia ocurre lo mismo: decir que ésta es el resultado de personas “malas” –de “hombres malos”– es simplificar lo que ocurre. El “violador” o el “acosador”, en lo individual, son solo una pieza del problema, como lo es el que recurre a la corrupción para obtener una ventaja indebida. No podemos dejar de ver el contexto en el que se desarrollan: ¿qué les da el poder para violentar? ¿Qué es lo que garantiza su impunidad?   

No puedo explicar el confort que me entró al leer a López Ayllón. Es común que el estudio del género se crea como algo extraño, distinto de todo lo que por lo general se realiza en ámbitos académicos. Y no lo es. Quizá el tema, en sí, es “novedoso” para muchas personas y no se trata de algo que se discuta cotidianamente. ¿Pero la metodología? ¿El enfoque? ¿Las disciplinas que se utilizan para explorar el género? No tienen nada de raro. O, bueno: al menos no para quienes están inmersos en tratar de hacer sentido de la vida social. Llamarle a todo esto “ideología de género”, desde aquí, es tan ofensivo como si se hablara de una “ideología de la corrupción”.

Más allá de compartir un marco de análisis, sin embargo, lo importante de los paralelismos que existen entre género y corrupción es que apuntan al menos a dos luchas que bien podrían librarse en conjunto por quienes trabajamos principalmente en uno y otro campo. Estas son las luchas contra el “individualismo” y el “populismo punitivo”. El primero es lo que lleva a pensar a las personas que “todo depende de uno”, para bien y para mal: la corrupción se resolvería si cada persona simplemente fuera “buena” y la desigualdad de género desaparecería si las mujeres “se empoderaran”. En realidad, esto puede extenderse a casi cualquier causa: la violencia, piensan muchas personas, se acabaría “si la gente dejara de violentar”; la pobreza, “si cada quien se pusiera a trabajar”; el embarazo adolescente, si los jóvenes dejaran de tener sexo; la contaminación, “si todos hiciéramos nuestra parte y no tiráramos basura en la calle”. Fácil.

Al entender así la realidad, no sorprende que este individualismo vaya muchas veces de la mano con el populismo punitivo, que refiere a la utilización del derecho penal para castigar una multiplicidad de conductas con penas cada vez más fuertes (y al que los políticos recurren por lo rentable que resulta… ya que parece que hacen algo que es bastante popular: castigar). Frente a ese individuo que todo lo puede, lo más que podemos hacer es tratar de incentivarlo con el castigo a que haga o deje de hacer ciertas conductas. Cuando no cumplen con su obligación, viene la pena. La “justicia” en el caso de Duarte quedaría satisfecha si se le castigara. En los casos de desigualdad o violencia de género, se espera lo mismo: el “éxito” se materializa con el violador o discriminador en la cárcel. Hasta ahí se llega. La impunidad se entiende exclusivamente desde lo jurisdiccional, como algo que se satisface con un proceso judicial y nada más. Y si el castigo actual no funciona, la solución está en aumentar las penas. Fácil.

Si bien la lucha por la igualdad y la lucha en contra de la corrupción (o aquella que es por el medio ambiente; o la que busca disminuir la pobreza; o…) tienen muchas particularidades y diferencias, comparten también muchos puntos en común. Entre ellos, la  insistencia en análisis más complejos y la apuesta por un rediseño institucional –de sistema– que cambie de fondo las dinámicas entre las personas. Haríamos bien en aliarnos.

O eso es lo que pienso, hasta que la columna de Goldman me viene a la mente.

En su texto, Goldman refiere a las revelaciones de que el gobierno mexicano espía a reporteros y activistas por los derechos humanos (especialmente los que luchan contra la corrupción). Señala cómo esta última violación es una en una larga lista de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, sobre todo el federal. Más que enfocarse en cada uno de los casos, sin embargo, Goldman se centra en una pregunta básica: ¿por qué nos sorprende si se nos dijo desde un inicio, desde antes de las elecciones, que Peña Nieto comandaba un gobierno de abusos? Recuerda el surgimiento del movimiento #YoSoy132. Recuerda cómo Peña Nieto fue confrontado en la Universidad Iberoamericana. El reclamo por parte de los estudiantes en ese entonces fue muy puntual. Escribe Goldman:

“[Los estudiantes de la Ibero] querían hablar de San Salvador Atenco, un pueblo en el Estado de México donde, en 2006, como gobernador, Peña Nieto había enviado a 3500 miembros de la policía estatal para acabar con los disturbios surgidos cuando 200 policías antidisturbios desalojaron de sus puestos a 40 vendedores de flores asociados con una organización campesina de defensa de la tierra.

Dos jóvenes fueron asesinados: un policía le disparó a corta distancia a un niño de catorce años y la policía apaleó a un universitario hasta matarlo. Cientos fueron arrestados y se informó que decenas de mujeres fueron atacadas sexualmente por la policía; violaron a algunas de ellas en repetidas ocasiones. Entre esas mujeres había observadoras de derechos humanos y estudiantes extranjeras que fueron deportadas para evitar que hablaran. El gobierno de Peña Nieto las tachó de mentirosas y las procesaron en vez por diversos delitos.”

Hoy el caso de Atenco está frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta en el sistema interamericano de derechos humanos. La instancia que ya ha condenado a México por los feminicidios en Ciudad Juárez y por un ejército que utiliza a la violación sexual como una arma de tortura, como ocurrió en el caso de Valentina Rosendo Cantú y en el de Inés Fernández. Atenco comparte muchos de los elementos de estos otros casos, tanto que me atrevo a afirmar que se condenará una vez más al Estado mexicano por su actuación. Las violaciones cometidas por el gobierno de Peña Nieto quedan –y quedaban– claras. Desde aquí, Goldman lanza su pregunta:

“¿Por qué las reformas proempresariales —como la privatización del petróleo o la promulgación de lo que resultó ser una modesta reforma a la industria de las telecomunicaciones— son interpretadas por tantas personas como algo que promete valores democráticos modernos y el respeto por el Estado de derecho? ¿Por qué, en contraste, el historial de un candidato que había violado los derechos humanos así como la seguridad y la dignidad individuales, sobre todo en cuanto a las mujeres, no se interpreta como una advertencia de valores antidemocráticos y un incumplimiento del Estado de derecho?”

Goldman no articula una respuesta a la interrogante. Pero no he dejado de pensar en cómo lo que señala es bastante común: lo que le pasa a las mujeres tiende a ser considerado relevante… para las mujeres. Para muchas personas, lo que le pasa a las mujeres quizá revele cómo opera el género, pero hasta ahí llega. Asistir a un evento sobre “la violencia que viven las mujeres” nos enseñará cosas del machismo, a lo más. ¿Pero qué se puede aprender ahí sobre todo lo que no es género? ¿Sobre las instituciones, sobre el poder, sobre el derecho, sobre la economía? Nada, se asume. Esto no es exclusivo, por supuesto, de las mujeres. Lo he visto ocurrir con todo lo que se refiere a los derechos de las personas LGBT. Con los derechos de las personas indígenas o de las que tienen una discapacidad. Lo que les pasa, se cree, es irrelevante para las discusiones más amplias sobre las instituciones del país, cuando la realidad es que lo que revelan estos casos son las fallas de las instituciones del país.

Los feminicidios en Juárez revelan no solo la misoginia de ese lugar, sino cómo las instituciones de justicia le dan entrada. Cómo la manera en la que están conformados los ministerios públicos, la manera en la que operan, permite que sus prejuicios se filtren. En el caso de Juárez fue la misoginia la que permeó toda la investigación, pero en otros casos bien puede ser el racismo, el clasismo o la simple desidia (o una mezcla de todos, como por lo general ocurre). En cualquier caso, el mecanismo que lleva a la impunidad es similar y habríamos de aprender cómo opera en cada instancia para entenderlo mejor y así saber cómo modificarlo.

Ocurre lo mismo con el matrimonio igualitario en el país. A pesar de que la Constitución prohíbe claramente la discriminación por género y preferencias sexuales; a pesar de que la Suprema Corte, en más de 15 ocasiones, ha afirmado que es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio, solo 8 legislaciones locales contemplan el matrimonio entre personas del mismo sexo (Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Campeche, Morelos, Colima y Michoacán). En la mayoría de los estados, se les obliga a las parejas del mismo sexo a buscar un amparo para acceder a esta institución. A veces incluso teniendo un amparo en la mano se les sigue negando este derecho. Sí: este caso es un ejemplo de a qué grado puede llegar la homofobia de muchas autoridades que se rehúsan a cumplir con la Constitución, con tal de no reconocer el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Pero es también un ejemplo de cómo es posible desafiar a la Constitución y a la Suprema Corte. Es un caso de estudio para quien quiera ver los límites del amparo y de la jurisprudencia de la Corte como mecanismos de “protección de derechos”. Hoy, las insuficiencias de estos medios de defensa están afectando a las parejas del mismo sexo. Pero la puerta está abierta para que se afecte, mañana, a alguien más. ¿Cómo puede seguirse creyendo que esto es de interés solo para las personas LGBT?

No sostengo que todos los problemas sociales son iguales. Las diferencias y particularidades existen. La especialización es, muchas veces, inevitable. Hay una razón detrás de la existencia de múltiples movimientos dentro del gran paraguas que es el marco de los derechos humanos. Pero también hay muchas similitudes. Puntos en común. Luchas en común. La pregunta es si estamos dispuestos a verlo. Si algún día entenderemos que así como el caso de la Casa Blanca, la Guardería ABC y el de Ayotzinapa dicen mucho sobre nuestras instituciones, los casos de Juárez, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández, Atenco y del matrimonio igualitario –por solo mencionar algunos– son igual de paradigmáticos. 

 
Estefanía Vela estudió derecho en la licenciatura y en la maestría. Ahora se dedica a la docencia y a la investigación sobre la relación entre el derecho y la sexualidad –y todos los puntos en los...

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