Por Anel Ortega

Cuando escuchamos hablar de Chihuahua, hay quienes pensamos en la herida aún abierta por las desaparecidas y feminicidios de Ciudad Juárez, o en el asesinato de Marisela Escobedo. Si esos ejemplos no son suficiente muestra de impunidad, recientemente se han destapado graves desfalcos contra el erario público. Y aquí va una raya más al tigre.

Quiero que conozcan la historia de Yesenia Pineda Tafoya, una joven que fue privada de la vida a sus 19 años de edad, por omitir brindarle sin explicación racional y durante un año, la atención médica, quirúrgica y medicamentosa que requería. Su fallecimiento representa una muerte materna que resultaba evitable.

El 26 de marzo de 2015, Yesenia llegó al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, pero no fue admitida porque acudió con trabajo de parto en fase latente. Casi veinticuatro horas después ingresó, pero no fue atendida, sino que la dejaron en observación a la espera de un parto vaginal y supuestamente fue ingresada a quirófano para la práctica de una cesárea porque sufrió un “desgarro de 4 grados”, sin que informaran a los familiares que en realidad le practicaron una episiotomía, que es un corte de la vulva vaginal para facilitar la salida del bebé por el canal de parto. Fue dada de alta tres días después por evolución favorable.

Regresó a los 15 días porque tenía fiebre, escalofríos, dolor vaginal, náuseas, vómito y dificultades para orinar. Determinaron que tenía infección de vías urinarias y le recetaron medicamento. Dos días después volvió porque tenía fiebre, dolor y pus en la herida, sin que cambiaran su diagnóstico, indicándole que esperara otros siete días. Aunque su familia intentó llevarla a otros hospitales públicos, no fue recibida porque no cuentan con ginecólogos. Al verse obligadas a regresar al mismo hospital, insistieron en que la revisara un médico distinto.

Así, transcurrieron 24 días para que se le diagnosticara que tenía “puerperio patológico tardío, incontinencia fecal y comunicación recto vaginal”, pues durante el parto se le conectó la vagina con el recto. El tratamiento que decidieron proporcionar fue retirarle los puntos de la sutura y darle laxantes por 12 días.

Su madre decidió llevarla a una institución privada donde le explicaron que su cuerpo estaba infectado porque sus desechos se filtraban al interior. Fue por las gestiones de ese nosocomio que Yesenia fue trasladada al Hospital General en Chihuahua, donde le practicaron una colostomía. Después de 15 días, fue dada de alta con instrucciones para acudir regularmente a consulta hasta Chihuahua y programar otra cirugía para cerrar la fístula.

Sin embargo, esa operación fue realizada hasta el 11 de febrero de 2016 porque el Hospital General tardó once meses en conseguir la engrapadora que cerraría su fístula y que pretendieron cobrar a su familia porque el seguro popular no la cubría. Por alguna razón, los médicos omitieron utilizar la grapa y a la semana de la operación Yesenia fue diagnosticada con sepsis abdominal y neutropenia. El 18 de febrero se le practicó un lavado peritoneal y otra colostomía. La madre de Yesenia presentó un juicio de amparo para que su hija recibiera atención médica y quirúrgica; habiéndose fallado en su favor, sólo se realizó una visita y nunca se corroboró su estado de salud. Se le dijo a la familia que el seguro popular no cubría los medicamentos que necesitaba y, ante su insistencia, se los proporcionaron: días después, en mínima dosis y por un plazo menor. Aunado a esto, Yesenia presentó neumonía y daños en riñones y pulmones. El 8 de marzo se le practicó un nuevo lavado y se cerró parcialmente la herida, pero no ingresó a recuperación en terapia intensiva. El 14 de marzo Yesenia falleció.

Hace 13 meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja, en cuyo expediente consta que, por un lado, su médica adscrita dijo a Yesenia que lo sucedido era de esperarse de un parto, y por el otro, que la Secretaría de Salud del estado se negó a proporcionar medidas cautelares para salvaguardar su vida porque nunca le negaron la atención médica, sin que se requiera a la autoridad mayor información a pesar de que Yesenia indicó la dilación para programar la segunda cirugía.

La madre de Yesenia intentó en varios momentos presentar denuncia en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, donde la regresaron a Ciudad Juárez y ahí le indicaron que no procedía. Con el paso de los meses, eventualmente accedieron a iniciar en ambas ciudades las denuncias correspondientes contra ambos hospitales, pero a la fecha, se niegan a acumularlos y realizar una sola investigación coherente y unificada.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar que después de la tercera cirugía, Yesenia decidió escribir una carta al Director del Hospital General pidiendo que le brindaran la atención y medicamentos que necesitaba. Nunca recibió respuesta. No es la primera vez que los gobiernos de Chihuahua son indolentes ante el sufrimiento y muerte de las mujeres. El gobierno de Duarte, no sólo deja un estado empobrecido, también deja huérfanos porque en sus hospitales las mujeres siguen falleciendo por causas prevenibles.

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